Los ocupantes vip de la finca 916, padrón 14638, denominada como Jardines de Remansito, en el distrito de Villa Hayes, inmueble perteneciente al Estado paraguayo, fueron denunciados penalmente por la senadora Yolanda Paredes ante el Ministerio Público por la presunta comisión de diversos hechos punibles. La acusación fue presentada por la legisladora del Partido Cruzada Nacional, con patrocinio de la abogada Gessy Ruiz Díaz.
Los hechos punibles que fueron denunciados por la legisladora son: lesión de confianza, invasión de inmueble ajeno, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. Estos hechos punibles deberán ser determinados por el Ministerio Público, que, además, deberá individualizar a los calificados como ocupantes vip.
“Luego de haber colectado toda la información necesaria, puse a conocimiento público estos hechos vinculados con las tierras pertenecientes al Ministerio de Defensa. Esta información recorrió varios medios periodísticos, que también han contribuido a conocer todas las aristas que se encontraban detrás del proyecto de expropiación de la finca 916, ubicada en la ciudad de Remansito”, refiere parte de la denuncia.
Entre los elementos de convicción presentados por la parlamentaria se encuentra el orden de la sesión de la Cámara de Senadores con fecha 27 de setiembre, en donde consta la iniciativa con la exposición de motivo y las documentales. A la denuncia penal también se adjuntaron fotografías panorámicas del lugar, publicaciones y recortes de los medios de comunicación, además de requerir a la Cámara Alta las documentaciones relacionadas al proyecto.
El proyecto de ley que desafecta las tierras pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional en favor de la Municipalidad de Villa Hayes logró su sanción ficta (automática) en el Senado, el miércoles 27 de setiembre, al vencer el plazo para el tratamiento de un proyecto que ya obtuvo media sanción en el Parlamento. El mandatario Santiago Peña adelantó que vetará la propuesta legislativa y la Procuraduría inició acciones jurídicos con un juzgado de Asunción en la zona en conflicto.
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