El buque P-01 “Capitán Cabral” de la Armada Paraguaya llegó por la noche de ayer martes al puerto de Carmelo Peralta a fin de abastecerse de alimentos, combustible y provisiones en general para llevar posteriormente la asistencia a los pobladores de Bahía Negra, informó el Ministerio de Defensa Nacional, en el marco del operativo del Gobierno desplegado ante las inundaciones que provocan el aislamiento de varias comunidades del departamento de Alto Paraguay.

Estos trabajos de asistencia del Estado se llevan adelante, en el marco de la ayuda humanitaria al Chaco, ante las constantes inclemencias del tiempo que ha dejado intransitables muchos caminos chaqueños; sumando a la lejanía de los centros urbanos para su correspondiente abastecimiento de los insumos que sean necesarios.

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Desde la institución castrense señalan que el comandante del Buque P-01 “Cap Cabral”, capitán F Dem Rodrigo Galeano, informa que en la tarde del martes, siendo las 19:30 horas la unidad arribó al puerto Carmelo Peralta con el propósito de realizar tareas de abastecimiento de alimentos, combustibles y provisiones en general, que posteriormente será destinados a la asistencia de la población de Bahía Negra.

Mencionan además que, una vez concluida la maniobra de abastecimiento, el buque proseguirá su navegación rumbo a la ciudad de Bahía Negra, estando en condiciones de transportar pasajeros durante todo el proyecto.

Finalmente, señalan que esta navegación se inició el pasado sábado 5 de abril, desde el Apostadero Sur de la Flota de Guerra en Asunción para llevar adelante una travesía de más de 813 kilómetros, por instrucciones del presidente de la República y comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, Santiago Peña, como muestra firme compromiso del Gobierno del Paraguay de brindar apoyo a las comunidades más alejadas del país.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González destacó que esta mañana continúa el buque P-01 “Cap. Cabral” en Puerto Carmelo Peralta cargando combustible de Petropar, para los generadores de la ANDE en Bahía Negra.

Recordó que el buque está transportando un total de 1.025 kits de víveres, que serían unos 25.000 kilogramos en productos enviados por la Secretaría de Emergencia Nacional. Mientras que la Gobernación de Alto Paraguay, igualmente estará enviando otro lote de insumos para las comunidades del norte. “Es importante señalar, que el buque va a alzar igualmente pasajeros para que puedan llegar hasta Bahía Negra, que van a aprovechar el viaje del buque de la Armada nacional.

• Carga prevista o estimativa para el Patrullero P-01 “Cap. Cabral” para el día miércoles 9 de abril en Carmelo Peralta:
• 1.025 kits de víveres, lo que sería unos 25.000 kilogramos aproximadamente enviados por la SEN
• 15.000 litros de Diésel para Ande de Bahía Negra.
• 30 personas aproximadamente como pasajeros y personas que acompañan la carga.

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El Ministerio de Defensa Nacional informó en la fecha que por instrucción del presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, el helicóptero presidencial está siendo empleado para el traslado de medicamentos, en el marco del operativo de asistencia humanitaria impulsado por el Ministerio de Salud en comunidades del Chaco.

Esto ante la emergencia que están pasando varias comunidades ante las constantes lluvias e inundaciones. Al respecto, el ministro de Defensa, Óscar González, señaló en comunicación con La Nación/Nación Media que el comandante en jefe dispuso que la aeronave brinde apoyo para todos los casos que se necesite, ya sea para realizar evacuaciones aeromédicas, apoyando a las comunidades chaqueñas que estén más aisladas.

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“El helicóptero presidencial ha puesto a disposición del comandante de las Fuerzas Aéreas, para que sea empleado en caso de que haya pedidos para asistencia humanitaria. En ese trajín, este domingo se está transportando medicamentos, dentro de la operación de asistencia en salud a las comunidades del Chaco, emprendidas por el Ministerio de Salud Pública”, resaltó el ministro González.

En ese marco, el titular de Defensa resaltó además que días atrás el helicóptero presidencial fue utilizado para trasladar de urgencia a una adolescente embarazada desde Fortín Caballero hasta Villa Hayes. Destacó que la aeronave tiene la capacidad de ser transformada rápidamente en un helicóptero/ambulancia, para evacuar a personas con urgencias médicas.

“Las lluvias persistentes en el Chaco dejaron los caminos intransitables, y la joven se encontraba en trabajo de parto y factores de alto riesgo, no podía ser evacuada por tierra. Gracias al equipo de salud de la USF de Tte. Esteban Martínez, que brindó la primera asistencia, y al apoyo del traslado aéreo, tanto la mujer y su bebé fueron atendidos en un centro de mayor complejidad en Asunción”, destacó.

Respecto al servicio que se está realizando en la fecha, González informó que el lote de medicamentos será distribuido en diversas comunidades del distrito Tte. Esteban Martínez, ubicado a unos 300 km de Asunción en el departamento de Pdte. Hayes y localidades aledañas.

Finalmente, el secretario de Estado destacó que el trabajo que está llevando las Fuerzas Armadas, en esta situación de emergencia en los tres departamentos del Chaco, se realiza con apoyo de otras instituciones del Estado.

“Estamos brindando apoyo a la Secretaría de Emergencia Nacional, al Indi (Instituto Nacional del Indígena), Senasa (Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental), Ande, Ministerio de Salud, Gobernaciones, las intendencias municipales, con todos ellos estamos trabajando de manera coordinada. Porque esa es la directiva del señor presidente”, concluyó.

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El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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• Por Juan Marcelo Pereira

“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.

“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.

El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.

Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

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En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.

Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.

La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.

Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.

Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.

Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.

Monto demandado: G. 3.010.768.440

Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada

Monto demandado: G. 68.965.418.419

Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones

Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)

Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados

Monto demandado: G. 2.482.950.000

Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados

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