La Cámara de Senadores presentará una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en contra de los tres camaristas que levantaron la orden de captura del abogado de una estación de servicios, Walter Acosta, quien había abofeteado a la funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Una vez aprobada la propuesta presentada por la senadora Lilian Samaniego, este pedido se derivó a la asesoría jurídica de la Cámara Alta para que inicie los trámites. Los tres magistrados de la Cámara de Apelación de Alto Paraná que serán denunciados son: Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, quienes dispusieron la revocación de la medida judicial.

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El hecho en cuestión ocurrió la semana pasada en el distrito de Tavapy, departamento de Alto Paraná, y la víctima es Lourdes Sosa Cuevas, cuando llegó hasta la estación de servicios a cumplir un procedimiento de control rutinario.

“Es inamisible e inaceptable lo que hicieron estos miembros de la Cámara de Apelación de Ciudad del Este, Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, que han revocado la orden de detención preventiva contra el agresor Walter Acosta. Por ello, solicito al plenario, que nos convirtamos en denunciantes, contra estos tres jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en base al artículo 18, que da la potestad a la Cámara de Senadores”, expresó la senadora.

Agregó que este hecho no puede quedar como una indignación más solamente. “Tenemos que accionar, no esperemos que haya más muertes o víctimas de violencia contra las mujeres, y que no pase nada. Tiene que haber una sanción en la instancia del JEM”, acotó.

Finalmente, luego de que se puso a consideración del pleno, terminó acompañando la propuesta por unanimidad de los presentes.

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El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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• Fuente: AFP

Rusia confirmó este lunes que Vladimir Putin y Donald Trump se hablarán por teléfono este martes, por segunda vez oficialmente desde el retorno en enero del presidente estadounidense a la Casa Blanca, que busca que su par ruso acepte una tregua temporal en Ucrania.

La primera conversación entre ambos dirigentes, el 12 de febrero, echó por tierra los intentos occidentales de aislar a Putin, que lanzó una ofensiva contra Ucrania hace tres años.

La “conversación se está efectivamente preparando para el martes”, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Trump anunció horas antes que hablaría con Putin el martes. “Tenemos mucho ya discutido con las dos partes, Ucrania y Rusia” tras reuniones separadas entre responsables estadounidenses, rusos y ucranianos en Arabia Saudita y Moscú, dijo a periodistas en el Air Force One.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, viajó a Moscú la semana pasada para presentar los detalles de un plan de tregua de 30 días en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya fue aceptado por Kiev.

Putin dijo que estaba de acuerdo con la idea de un alto el fuego, pero señaló que había “asuntos importantes” que quería abordar con Trump sobre cómo se implementaría.

Hasta ahora, Rusia había puesto como condición para un cese de las hostilidades que Ucrania reconozca el control ruso de los territorios ocupados y renuncie a integrar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Exigía además el desmantelamiento del actual gobierno ucraniano.

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Unas condiciones rechazadas por Kiev, que no quiere ceder ningún territorio y exige garantías de seguridad a sus aliados occidentales y el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz que garantice la eventual tregua.

En una cumbre virtual organizada por Londres el sábado, una treintena de dirigentes de Estados y organizaciones que apoyan a Ucrania decidieron ejercer una “presión colectiva” sobre Rusia, a la que acusan de prolongar las negociaciones para sacar ventaja en el frente.

Sobre el terreno, la situación sigue siendo difícil para las fuerzas ucranianas, en particular en la región rusa de Kursk, donde las tropas de Kiev lanzaron una ofensiva el verano pasado.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó el lunes que continúa su “operación de destrucción” del ejército ucraniano, que pierde terreno en Kursk. En este contexto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destituyó el domingo a su jefe del Estado Mayor, Anatoliy Bargylevych.

Decenas de civiles que huyeron de los combates en Kursk encontraron refugio en un complejo deportivo reconvertido en centro de alojamiento en Fatej, a unos cincuenta kilómetros de la capital regional, constataron periodistas de AFP.

Ekaterina Panova, de 35 años, tuvo que abandonar Sudja, la principal ciudad de la región que había pasado a control ucraniano y fue retomada por las tropas rusas la semana pasada. La mujer espera que Trump pueda mediar entre Kiev y Moscú.

“Queremos que Estados Unidos influya de un modo u otro en las relaciones entre Rusia y Ucrania”, dijo, calificado de “matanza fratricida” el actual conflicto desencadenado en febrero de 2022 por la entrada de tropas rusas en la vecina Ucrania.

En Kostantinovka, en el este de Ucrania, Valentyna, de 62 años, espera que termine el conflicto. “La gente está cansada (...). Necesitamos paz”, afirmó a AFP.

Ambos países volvieron a atacarse con drones durante la noche. En Rusia, un ataque ucraniano provocó un incendio en una refinería de petróleo e hirió a una persona en la región de Astracán (sur), según las autoridades locales.

Ucrania, a su vez, fue blanco de un ataque con 174 drones rusos, 90 de los cuales fueron derribados y 70 que desaparecieron de los radares “sin consecuencias”, según la Fuerza Aérea ucraniana.

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La menor de 14 años de la ciudad de Itauguá, desaparecida desde el 10 de marzo hasta la madrugada de este domingo 16, brindó su declaración ante el Ministerio Público. La adolescente dio detalles de lo ocurrido y confirmó la identidad de la persona con la que se encontraba, que ya cuenta con una orden de captura.

La Fiscalía informaba sobre el hallazgo de María Antonia Medina Vega (14) en la ciudad de Itauguá, la misma habría llegado hasta su vivienda este domingo aproximadamente a las 03:30. Si bien se encontraba en aparente buen estado de salud, debió de ser derivada hasta la clínica forense del Ministerio Público para los exámenes de rigor.

La comisario Lucía Ávalos, de la División de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional, confirmó a La Nación/Nación Media que la adolescente ya brindó su declaración ante la Fiscalía luego de haberse realizado todos los procedimientos de rigor y que con la información recabada por parte del Ministerio Público se dictó la orden de captura contra la persona con la que se encontraba la menor.

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“Nosotros ya tenemos la identidad y varios datos de la persona con la que se encontraba la adolescente, y un equipo está trabajando en hacer efectiva la orden de captura, ya que en casos que involucran a menores, aunque la joven haya ido por su voluntad con un tercero, esto aún se configura como un delito”, remarcó.

En cuanto a las investigaciones y allanamientos, señaló que según los datos con los que se cuenta hasta el momento, la menor se encontraba en la vivienda que fue allanada el día de ayer, y que minutos antes de la intervención habría huido del sitio.

En cuanto a las prendas encontradas, la familia ya confirmó que se trataban de la joven, por lo que se especula que la habrían dejado en esos lugares con la intención de despistar a los investigadores y poder ganar tiempo, ya que nunca salieron de la ciudad.

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