El procurador general de la República, Marco Aurelio González, informó que la Cámara de Apelaciones confirmó la medida cautelar de embargo sobre los ocupantes de la Finca 916, conocida como Jardines de Remansito. En cuanto a la devolución de los inmuebles, manifestó que aún se llevan adelante litigios contra 27 personas.

“Esto en razón de que el juez había decretado ese embargo sobre sus bienes y ahora la Cámara lo confirma. Esto es sobre un monto, para asegurar que la recuperación de las tierras sea realizada en el estadio en el cual se encontraba antes de la ocupación, para garantizar la destrucción de todo lo edificado”, indicó a la 1020 AM.

El alto funcionario agregó que este caso representa un precedente, para demostrar el compromiso de la defensa asumida por el Estado paraguayo sobre el atropello a sus propiedades. “Hay personas que ya entregaron la posesión y no tenemos ninguna demanda contra ellas, ni tampoco algo referente a un embargo. Se entregaron ocho inmuebles, que representan casi el 50 % de las dimensiones, eran los más amplios”, explicó.

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En relación a los bienes edificados, González manifestó ratificó que el Estado se mantiene en su postura de regresar los inmuebles a su estado natural, es decir, sin las viviendas, con la finalidad de permitir al Ministerio de Defensa dar el uso más apropiado a los espacios. Al principio se había comentado la posibilidad de brindar un destino turístico al lugar, no obstante, el procurador reconoció que la decisión final sobre los inmuebles no se ha resuelto del todo.

“Esto porque el Ministerio de Defensa es el propietario y quien puede definir el destino de las tierras”, afirmó. En torno a los ocupantes que aún permanecen en el territorio de la Finca 916, González señaló que apelan a todo tipo de chicanas para retrasar los procesos sobre los mismos. “No tienen ninguna documentación que pueda desvirtuar la titularidad del Estado paraguayo”, puntualizó.

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Se desarrolló una reunión entre el presidente del Congreso, Basilio Núñez; el intendente de Villa Hayes, Luis López; y ocupantes de la finca 916, con el objetivo de analizar la situación actual del mencionado territorio. Se trata de más de 1.000 hectáreas que buscan regularizarse.

“La reunión se trata sobre una ley que hace tres o cuatro años expropió más de 1.000 hectáreas de la fica 916, totalmente ocupada hace más de 15 años. La ley establece una reunión interinstitucional para consensuar ese territorio”, explicó Núñez ante los medios en el Senado.

La mesa de trabajo debe desarrollarse entre la Municipalidad de Villa Hayes, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, para definir las acciones interinstitucionales a llevarse a cabo para brindar una solución definitiva sobre el territorio.

Las tierras que se pretenden regularizar no corresponden al territorio conocido como “Jardines de Remansito”; la finca es la misma, pero la zona es diferente. En torno a los otros territorios, el caso se encuentra en la justicia y es una fracción pequeña, reclamada por la Municipalidad de Villa Hayes.

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El intendente de Villa Hayes manifestó para “Arriba Hoy”, por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que numerosas familias de escasos recursos buscan titularizar las mencionadas tierras en Villa Hayes. López puntualizó que el 95 % de los ocupantes serían de bajos recursos.

“Se trata de operativizar lo que dice la ley del año pasado, que beneficia a los ocupantes de una fracción de la finca 916. Las familias que se encuentran en el territorio, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, están asentadas allí hace más de 15 años”, explicó el intendente.

Los pobladores del territorio exigen el título de propiedad correspondiente, pero al no conformarse la comisión requerida entre los representantes de las instituciones correspondientes, no se podría brindar una solución integral en torno a la finca de Villa Hayes.

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La Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia presentada contra los ocupantes de la Finca 916, ubicada en Villa Hayes, zona conocida como “Jardines de Remansito”. El procurador general de la República, Marco Aurelio González, aclaró que no existe ninguna relación entre la causa penal y la causa civil, en torno al tema.

“Desde la Procuraduría, lo que venimos instando y accionando es la acción civil para recuperar la ocupación de los inmuebles, en relación de que contamos con el título de propiedad, inscripto en el Registro Público, y está plenamente demostrada la propiedad del Estado paraguayo”, explicó.

González indicó así que el juicio civil continuará, hasta que los ocupantes sean desalojados del territorio estimado como propiedad del Estado paraguayo, teniendo en cuenta que los documentos presentados por las personas individualizadas no constituyen como título de propiedad.

“En el juicio penal, lo que se estaba investigando es que, además de lo tramitado en lo civil, esto constituía un hecho de lavado de activos, asociación criminal o invasión. Es decir, si se registraban hechos punibles a partir de esta ocupación ilegal”, detalló el procurador general.

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González manifestó que la Fiscalía determinó que los hechos punibles no existen en el caso. Señaló que desde la Procuraduría no se hizo la denuncia, pero sí se acercó toda la documentación pertinente, aparte de brindar la ayuda de conocimiento técnico recabado durante el caso.

“Además de esa información, también evacuamos los pedidos de consulta de los fiscales del caso. Desde nuestra percepción, hay elementos suficientes para sostener la existencia de hechos punibles, pero el titular es el Ministerio Público y debe definir si se reúne o no elementos al respecto”, declaró a la 780 AM.

Con respecto al seguimiento de la causa civil, el procurador indicó que se está buscando dilatar el proceso, con el objetivo de mantener la ocupación ilegal e irregular. Sin embargo, desde la Procuraduría se sigue trabajando para mantener los intereses del Estado sobre los inmuebles.

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El procurador general de la República, Marco Aurelio González, indicó que hasta el momento se han recuperado 8 parcelas de la fracción A3 de la finca 916, conocida como Jardines de Remansito. Sin embargo, aún quedan por recuperar otros 16 lotes de esta propiedad que adjudican al Estado.

“De la zona ribereña, sobre la cual nosotros estamos atacando judicialmente, es la octava y representa casi el 50 %, pero hay todavía 16 lotes que están ocupados por aproximadamente 30 personas y contra esas personas nosotros continuamos”, mencionó en entrevista a Paraguay TV.

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Agregó que la recuperación de los terrenos restantes dependerá tanto de la entrega voluntaria como del tiempo que lleven los procesos de recuperación a favor del Estado paraguayo.

“Creemos que más temprano y si la duración de los procesos permite, que pueda pronto solucionarse y reconocerse eso a favor del Estado y ordenarse el desalojo y el pago que tienen que realizar a esas personas que todavía no entregan la posesión”, apuntó.

Por otra parte, el procurador se refirió a los costos que representarán para el Estado las demoliciones de las propiedades entregadas hasta el momento, para el cual ya se realizó un estudio técnico.

“Se hizo un estudio previo por parte de los técnicos del Ministerio de Defensa, acerca de cuánto costaría cada demolición de todos los inmuebles, y varían los precios, hay algunos que costarían 50 millones y otros que costarían 270 millones (de guaraníes), dependiendo de la edificación de cada lote”, refirió.

Lo mismo se da en el caso de los procesos judiciales e indicó que los costos solo se podrán definir una vez que culminen todos los procesos.

“Los costos procesales dependen también de la duración del proceso de cuánto sea lo que se alargue, de cuanto incidente, porque cada incidente perdido implica un costo adicional, entonces depende de la duración del trámite y la complejidad del proceso para después terminar la costa”, sentenció.

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