El senador Basilio Núñez explicó los antecedentes de la finca 916, zona conocida como “Jardines de Remansito”, ubicada en Villa Hayes, que actualmente se encuentra en conflicto por un proyecto de busca regularizar 131 hectáreas del Ministerio de Defensa a favor de sus ocupantes. El parlamentario indicó que es importante conocer los antecedentes de cómo se dio el proceso de ocupación y los procesos a lo largo de los años.
“En principio, la historia de la propiedad, de la finca 916, es importante conocer que era de una compañía Copacar (Compañía Paraguaya de Carne) o sea era privada, después se expropia a favor del Ministerio de Defensa. En el año 2002 sale el primer decreto por el cual, ya estaba ocupado, se transfiere al Ministerio de Agricultura a través del Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), que va a empezar a trabajar en el fraccionamiento de esa zona”, indicó Núñez en entrevista al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Agregó que posteriormente en el año 2020 se dio un nuevo decreto por parte del entonces presidente Mario Abdo Benítez, por el cual se entregó directamente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y fue esta institución la que nunca realizó la transferencia. Así también, explicó que estuvo a favor de este proyecto teniendo en cuenta los antecedentes de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo en su momento.
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Casi 10.000 hectáreas
En 1978, el Estado expropió un inmueble que pertenecía a la Corporación Paraguaya de Carnes (Copacar), de 9.195 hectáreas desde la cabecera del puente Remanso, en el distrito de Villa Hayes, a favor del Ministerio de Defensa Nacional. La finca 916 es una de las cuatro donde se ubicaron grupos de familias agrupados en dos asentamientos: Asociación Chaqueña de Comunidades Sin Tierra (Achacosti, hoy ya con títulos de propiedad) y Jardines de Remansito.
En febrero de 1990, el Instituto de Bienestar Rural (IBR), presidido por Basilio Nikiphoroff, otorga la finca a Pedro Duarte Ferreira, quien habría sido prestanombre de un militar, que al recibir el título lo transfiere a Martín Amarilla Insaurralde. En tanto, el 25 de enero de 2002, bajo el mandato de Luis González Macchi, por decreto 16.250 se transfieren 189 hectáreas al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para su distribución entre ocupantes a través del IBR.
Sin embargo, Luis María Unger Villalba, de la firma privada LMJ SA, mostró un título de la zona y consiguió una orden de desalojo de sus ocupantes en 2003, por adquirir la propiedad de Diego Sebastián Martínez Burgos, quien, a su vez, había comprado de Pedro Duarte Ferreira. Ante esta doble titulación, Indert decidió la nulidad del título otorgado por Basilio Nikiphoroff.
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Además, en agosto de 1995, en el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, una escritura pública establecía que 273 hectáreas de la misma finca se transferían de Defensa al Ministerio de Educación, a su vez, al Consejo Nacional de Deportes, con el objetivo de la futura construcción de una “ciudad deportiva y recreativa”.
El 16 de mayo de 2023, el exmandatario Abdo Benítez promulgó la Ley N.º 7083, que dispone la regularización de los asentamientos ubicados en la finca 916 a través de una urbanización en que deben cooperar los ministerios de Defensa; Urbanismo, Vivienda y Hábitat; y Desarrollo Social con la Municipalidad de Villa Hayes. Además, establece un área silvestre protegida, ya dispuesta en decretos de 2011 y 2012; un espacio para la construcción de un aeropuerto y la venta del predio donde la firma El Farol opera un vertedero.
Sanción automática
“Yo estaba de acuerdo por el antecedente de los dos decretos, aparte hay una realidad también, si se ve la ley orgánica municipal, ya que eso se transfiere al Indert por el Ministerio de Defensa, según el decreto, ¿qué pasó con el Indert también? Nunca tuvo la voluntad de ir a la Escribanía Mayor de Gobierno y decir ‘este ya es mío, me transfirieron’; se hicieron los desentendidos, en vez de regularizar. Más que expropiación, es una regularización”, apuntó.
El senador Núñez dijo que el objetivo en el Senado fue modificar el proyecto de desafectación. “Nosotros íbamos a modificar en el Senado, íbamos a plantear la modificación para que sea directo de Defensa, y conste que en la ley está que la municipalidad tiene que pagar otra vez a Defensa, en ningún momento dice que tiene que ser barato, a precio tirado”, señaló.
Con relación a la supuesta jugada en que acusan al senador Núñez para que esta iniciativa tenga sanción ficta el pasado 27 de setiembre, aclaró que no tuvo ninguna injerencia en esa circunstancia. “Esta sesión no terminó porque nosotros queríamos la sanción ficta, en la sesión anterior figuraba en el orden del día, terminó por el altercado con la colega (Celeste Amarilla), que, como siempre, en la sesión anterior empezó a agredirle a todo el mundo y por eso terminó. Un colega liberal me pidió retirarnos y nos retiramos. Si en la sesión anterior no estaba incluido, tal vez hasta podíamos creer”, puntualizó.
El 29 de setiembre, el mandatario Santiago Peña anunció su postura: “Adelanto que mi posición será la de vetar totalmente la iniciativa parlamentaria que ‘desafecta del dominio privado del Estado Paraguayo las tierras del Ministerio de Defensa en Villa Hayes a favor de sus actuales ocupantes’. Es mi obligación defender lo que es de todos los paraguayos”, expresó en red social X. Ayer martes, la Produraduría asumió ese objetivo e inició acciones judiciales, acudiendo al lugar para identificar a los ocupantes, quienes deberán declarar ante el juez José Villalba, el 13 de octubre.