El procurador general de la República, Marco Aurelio González, encabezó la comitiva de autoridades que se constituyó esta mañana en la finca 916, denominada como Jardines de Remansito, en Villa Hayes, con la finalidad de iniciar las diligencias preparatorias para la recuperación del inmueble perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional, que se encuentra ocupado de manera ilegal.
“Yo no descarto en lo absoluto que se hayan cometido otros hechos punibles en el proceso, pero esa información deberá llegar a nosotros y ser concienzudamente examinada, para llegar a la conclusión de qué tipo de parámetros legales fueron violados”, manifestó al respecto el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
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Al momento del desarrollo de las diligencias en Villa Hayes, el procurador adelantó que ninguna de las casas ha presentado los documentos legales que validen la ocupación. Por su parte, el fiscal general refirió que, en el caso, actualmente queda recabar todas las informaciones emitidas para luego elaborar un plan de acción.
“Desde nuestra posición, es importante que mantengamos el equilibrio en torno a las investigaciones. Desde el Ministerio Público, todos los problemas que significan la ocupación de tierras tienen dos mecanismos de atención, la vía inmediata y el poder discrecional”, expresó el fiscal general en contacto con la 800 AM.
El procurador, por su lado, indicó que en principio están identificando de 18 a 22 ocupantes, pero aclaró que algunas informaciones hablan de 30 ocupantes en total y es lo que buscan determinar durante el recorrido llevado a cabo en Villa Hayes. La comitiva encabezada por el procurador estuvo integrada además por el ministro de Defensa, Óscar González, y representantes del Poder Judicial.
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FGE designa a Nathalia Silva como punto de enlace ante Gafilat
El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, emitió la resolución por la cual designa a la fiscal titular de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Nathalia Paola Silva Estechen, como punto de enlace del Ministerio Público ante la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG).
La designación de Silva se da en reemplazo de la fiscal Alma Zayas, quien pasa ser fiscal adjunta.
“Lo mencionado consiste en una red de intercambio de información para identificar y posteriormente ejercer acción en relación con los bienes que se sospechan están vinculados a actividades delictivas. La información intercambiada es de carácter operativa, generalmente útil para la investigación patrimonial”, refiere el informe emitido por la fiscalía general.
La Rrag es una red de intercambio de información entre países que integran Gafilat, que tiene el objetivo de identificar, localizar y recuperar activos vinculados a actividades ilícitas.
Entre estos objetivos de esta red son; intercambiar información sobre personas, bienes y empresas; cooperar para identificar y recuperar el producto del delito; fortalecer la cooperación internacional; promover el intercambio de información; actuar como un grupo asesor a las autoridades nacionales competentes; compartir las buenas prácticas, conocimiento y experiencias.
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Ley de APP es clave para la inversión en infraestructura ante restricciones fiscales
El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.
El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.
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Inversiones en infraestructura
Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.
“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.
Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.
Mecanismos para resolución de conflictos
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.
Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.
González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.
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PGR impulsó por primera vez demandas por reparación del daño bajo gestión de Peña
- Por Juan Marcelo Pereira
“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.
A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.
“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.
El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.
Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.
En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.
Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.
La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.
Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.
Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.
Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.
Caso José Orué Rolandi
Monto demandado: G. 3.010.768.440
Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada
Caso Enzo Cardozo
Monto demandado: G. 68.965.418.419
Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones
Caso Froilán Peralta y María del Carmen Martínez
Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)
Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados
Caso Gladys Cardozo
Monto demandado: G. 2.482.950.000
Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados
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Fiscal general defiende actuación de sus fiscales en la acusación a exministros de Abdo
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, salió en defensa de la actuación de sus fiscales respecto al caso de filtraciones de Seprelad, asegurando que el Ministerio Público trabaja en equipo y que no tiene compromiso político con ningún sector. Dijo que los agentes fiscales Cristian Benítez, y Silvia González, no son personas desconocedoras del tema en cuestión. Enfatizó en que la Fiscalía General no tiene comunicación política con ninguno de los actores involucrados.
En declaraciones a la radio 1020AM, el titular del Ministerio Público se refirió a la serie de críticas y fuertes calificativos que recibió personalmente, así como el equipo de fiscales que presentó finalmente la acusación contra tres exministros y colaboradores del expresidente Abdo Benítez, en el caso de filtraciones de la Seprelad.
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“Me parece muy irresponsables las declaraciones, ya que hemos dado muestras claras a lo largo de nuestra gestión de nuestra intensión de institucionalizar la República. El Ministerio Público es un órgano que debe preparar el caso y sostenerlo en cada una de las etapas. No tenemos compromiso político, no tenemos comunicación política con ninguno de los actores, y simplemente la institución actúa conforme a las evidencias”, enfatizó.
Fiscales independientes
Asimismo, remarcó que cada agente fiscal es independiente para ir concluyendo su caso en la medida que existan las evidencias reales. No obstante, señaló que hoy la Fiscalía se mueve y trabaja en equipo. Al respecto, mencionó que, desde las 17:00 de ayer martes, está con permiso, ya que tiene previsto un viaje al exterior para participar de un congreso.
Explicó que ya desde el 7 de marzo pasado, se le encargó como interina de la Fiscalía General, a la adjunta, la fiscal Patricia Rivarola, sin dimensionar, entonces, los acontecimientos que podría ocurrir posteriormente. Señaló que ya en ejercicio de sus funciones, la fiscal Rivarola nominó a dos personas para encargarse del proceso en cuestión.
“Hoy en día la Fiscalía se mueve en todo lo que es funcionamiento institucional, con equipos de trabajo, el cual muchas veces está compuesto por tres o cuatro fiscales y una serie de técnicos, peritos. Porque la misión es preparar el caso, para sostener la investigación en cada una de las etapas. De hecho, no me es ajeno el trámite porque tengo que saber, y esa es la explicación que tengo respecto a los fiscales”, mencionó.
Afirmó que es muy bueno discutir este asunto, pero en el ámbito jurídico, señalando que no considera relevante, ni determinante que la discusión quede solamente en el ámbito público, que solamente polemiza, antes que aclarar.
“Nosotros tenemos la conciencia clara y tranquila de que se está actuando institucionalmente. Reitero, la preparación de la acusación es objeto de atención por parte de los fiscales, así como por la adjunta que en este momento está operativa. No eludo responsabilidad, simplemente hago una explicación, para que se entienda cómo funciona esto”, acotó.
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