Continúa el operativo interinstitucional impulsado por el Gobierno, para asistir a las poblaciones ribereñas afectadas por la crecida del río Pilcomayo, en el Chaco. Fueron entregados 8.800 kilos de víveres a familias de Cristo Rey, La Laguna, María Auxiliadora y Pozo Hondo, según informó la Secretaría de Emergencia Nacional.

Este operativo se estableció luego de que las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, Óscar González y de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, hayan realizado un sobrevuelo la semana pasada sobre el Río Pilcomayo para verificar la situación de algunas regiones del Chaco, teniendo en cuenta la actual crecida del curso hídrico.

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En ese marco, este jueves se entregaron alimentos que fueron transportados con apoyo de la Fuerza Aérea Paraguaya y este miércoles se sumaron las comunidades de San Agustín Guaraní, San Agustín Mahuí y San Agustín Nivaclé, ampliando el alcance del operativo a zonas de difícil acceso.

El informe señala que las tareas de asistencia son coordinadas entre la Secretaría de Emergencia Nacional, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Defensa Nacional, Instituto Paraguayo del Indígena, ESSAP e instituciones locales.

“Esta labor se desarrolla con la coordinación técnica territorial y la XVI Región Sanitaria de Mariscal Estigarribia, que permite una planificación efectiva en la distribución de recursos. El compromiso del gobierno de Paraguay es garantizar el acceso a víveres y apoyo logístico a todas las familias chaqueñas en situación de aislamiento, señala la SEN”, resalta el informe.

Debido a la intransitabilidad de los caminos de tierra, la SEN apeló a un puente aéreo con helicópteros de la Fuerza Aérea desde Mayor Infante Rivarola hasta la zona de Pozo Hondo y localidades ale­dañas, para asistir a las fami­lias aisladas por la crecida del río Pilcomayo.

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• por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del Gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.

“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.

El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.

Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo, y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles”, quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.

Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.

La Ley n.º 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal.

Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.

Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.

Señalaron también que los jueces de garantías solicitan la postura de la Procuraduría General de la República en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.

Detallaron, además, que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre; con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.

Los ministros de Defensa Nacional, Óscar González, y de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, realizaron un sobrevuelo este jueves sobre el Río Pilcomayo para verificar la situación de algunas regiones del Chaco, teniendo en cuenta la actual crecida del curso hídrico.

El sobrevuelo se realizó desde la zona de General Díaz hasta Pozo Hondo para observar el comportamiento del curso hídrico y tomar medidas en las poblaciones afectadas por la riada importante que baja desde Bolivia.

Luego de un largo periodo de extrema sequía, el río Pilcomayo registró a principios de marzo una mejoría importante con altura de 3 metros, sin embargo, hoy la estación hidrométrica de Pozo Hondo indica 6,35 metros.

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Durante el reconocimiento aéreo se pudo observar que en la zona de Pozo Hondo los caminos se encuentran afectados por las inundaciones, por lo que se prevé el apoyo inmediato de las instituciones del Estado. En la cuenca baja el cauce hídrico se encuentra en su canal normal, informó el Ministerio de Defensa.

De esta forma, el Gobierno del Paraguay, a través de las Fuerzas Armadas de la Nación, reafirma su compromiso de trabajar para apoyar y proteger a los compatriotas.

Por otra parte, el ministro Zárate mencionó que la Secretaría de Emergencia Nacional ya envió un equipo de avanzada, inclusive con una deslizadora que se utilizará en caso de necesidad de evacuar a las personas.

Resaltó igualmente que cuentan con apoyo del Ministerio de Defensa Nacional y de la Armada Paraguaya para cuidar a la población, tal como les instruyó el presidente Santiago Peña, agregó.

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Tras la ratificación de la continuidad del acuerdo de cooperación entre Paraguay y la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), el ministro de Defensa, Óscar González, manifestó su satisfacción por este convenio entre nuestro país y la agencia estadounidense que tiene por objetivo combatir el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional.

“Sigue la cooperación, inclusive el señor presidente me dijo que no solo sigue sino que se fortalece el trabajo conjunto con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El mandatario personalmente fue quien encabezó el proceso para que la DEA continúe con nosotros porque tenemos un objetivo común que es el crimen organizado”, expresó.

En contacto con la 650 AM, el secretario de Estado resaltó la importancia de esta cooperación por la alta capacidad que tiene la DEA para combatir estos ilícitos, no obstante, las instituciones paraguayas serán quienes encabecen los operativos, dejó en claro González, quien señaló que la cooperación no es sinónimo de una pérdida de la soberanía.

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“Acá no existen condiciones, más allá de que se debe respetar la soberanía del Paraguay, las actividades deben ser desarrolladas de acuerdo a lo que la Fiscalía del Paraguay determine, porque finalmente es el Ministerio Público el que autoriza y controla nuestros operativos, eso no va a variar y nosotros estamos contentos con esto”, manifestó.

Por su parte, el presidente de la República, Santiago Peña, también se refirió a la importancia de la continuidad de la cooperación y ratificó el compromiso de su Gobierno y de sus instituciones públicas correspondientes, en seguir en la lucha contra el contrabando y el crimen organizado. “Nos encontramos en una transición de gobierno, hoy hay una nueva administración y reafirmamos nuestra determinación, nuestra lucha contra el contrabando y contra el crimen organizado”, indicó.

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