El Ministerio de Defensa Nacional se pronunció a través de un comunicado sobre las personas que se encuentran ocupando 131 hectáreas de tierras en Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, pertenecientes a esta institución. Anunció que desplegará una serie de medidas para desalojar a los ocupantes, con anuencia del Ejecutivo.
“El ministro Óscar González, por instrucciones del presidente de la República Santiago Peña, se encuentra en contacto permanente con el procurador general Marco Aurelio González, a fin de diseñar la estrategia procesal para la reivindicación de parte de la Finca 916 y el desalojo de las personas que la ocupan ilegalmente”, expresa parte del comunicado.
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El Ministerio de Defensa Nacional se refirió sobre los hechos que se suscitaron tras el planteamiento del proyecto de ley que tuvo sanción automática la semana pasada y que pretendía desafectar las 131 hectáreas de tierras pertenecientes a la cartera de Estado en favor de la Municipalidad de Villa Hayes, con el objetivo de regularizar a sus ocupantes.
“Tenemos la obligación y el firme compromiso de hacer cumplir la ley y defender los intereses de todos los paraguayos”, finalizó el comunicado del ministerio, anunciando actuaciones inmediatas en el territorio del departamento de Presidente Hayes.
El presidente Santiago Peña ya había adelantado su posición de vetar la iniciativa parlamentaria que apuntaba a la desafectación de las tierras de la cartera de Defensa. “Es mi obligación defender lo que es de todos los paraguayos”, había expresado el jefe de Estado a través de la red social X.
Reunión entre el equipo técnico
“El lunes tendremos una reunión entre el equipo técnico de la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa y, una vez que el procurador cuente con todas las documentaciones requeridas para el eventual desalojo de estas personas”, señaló el ministro de Defensa, Óscar González, a La Nación/Nación Media.
Puntualizó además que desde la cartera del Estado están plenamente decididos a precautelar los intereses del Estado, las Fuerzas Armadas y la población nacional, recurriendo a las instancias correspondientes para efectivizar el proceso.
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