El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, dijo que no se puede descartar que la operación de espionaje impulsada por el Brasil contra Paraguay, en el marco de la negociación de la tarifa de Itaipú, haya tenido la complacencia del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Núñez manifestó que la administración abdista actuó siempre en detrimento a los interés del Paraguay. Para sustentar sus afirmaciones, recordó el fallido acuerdo secreto sobre Itaipú, que guardaba relación con la adquisición de energía eléctrica.

“En el 2019 hubo un conato de traición a la patria, donde supuestos emisarios por poco no vendieron nuestra soberanía energética. Con este antecedente siempre hay que pensar lo peor, pudo haber hasta cierta connivencia con el gobierno anterior y no un espionaje a ciencia cierta”, sostuvo a los medios de comunicación.

El nefasto acontecimiento generó una profunda crisis política y social, surgiendo incluso la primera amenaza de juicio político contra Abdo y su entonces vicepresidente de la República, Hugo Velazquez, cuando apenas llegaban a su primer año de gobierno.

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De acuerdo a las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación de hackeo fue eje­cutado por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin). El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Hay mucha tela que cortar y se debe investigar. Se debe pedir mediante el ministerio de Relaciones Exteriores, informes, explicaciones al Brasil para saber que sucedió, pero yo no descarto que haya existido una connivencia del gobierno anterior”, remarcó Núñez.

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El ministro de Industria y Comercio (MIC) y miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional, Javier Giménez, adelantó que las negociaciones sobre el Anexo C entre Paraguay y Brasil se paralizan hasta tanto se aclare sobre el presunto espionaje informático de la Agencia de Inteligencia Brasileña (Abin) al Gobierno paraguayo, que trascendió ayer en medios brasileños.

“Vamos a tomarnos un tiempo necesario para primero resolver y aclarar en detalle esta situación antes de volver a la mesa de negociación. En este momento, mañana eso puede cambiar, hoy no hay condiciones para hablar del Anexo C para que se aclaren estos puntos”, indicó el ministro, este martes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) desmintió la publicación periodística realizada por el medio de comunicación Abc Color, donde se argumenta que la entidad binacional Itaipú terminó pagando la suma de USD 97 por cada mobiliario escolar a la empresa paraguaya Kamamya S. A., mientras que la documentación verificada confirma el costo de USD 53,14 por unidad.

Mediante una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM, el titular de DNIT, Óscar Orué, detalló este martes que la hidroeléctrica pagó la suma total de USD 53,14 por cada pupitre, el cual se encuentra distribuido de la siguiente forma: el valor de cada set de pupitres (mesa y silla) es de USD 30 (equivalentes a G. 237.072), para el servicio de flete se destinó USD 10,32 (G. 81.552); el seguro, USD 0,30 (G. 2.370), y el tributo, USD 12,52 (G. 98.939).

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) envió los primeros 36.000 kilos de alimentos que serán distribuidos a unas 1.500 familias afectadas por inundaciones en el Chaco. Se trata de un primera etapa que se irá extendiendo a otras comunidades golpeadas.

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, informó que más de 6.000 familias son afectadas por las inundaciones en la zona de Alto Paraguay, Chaco, pero en esta primera etapa asisten a unas 1.500, las más golpeadas por las precipitaciones.

La incautación de dos camiones cisterna evitó que más de 30.000 litros de gasoil que carecían de documentaciones legales ingresen al mercado. Dos operativos realizó ayer la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). El primero, en Coronel Bogado, Itapúa, donde los agentes retuvieron un camión de la empresa Tega Oil.

El conductor del móvil Mercedes Benz, matrícula ARO 762 presentó una nota de remisión que pertenecía a otro vehículo. Además, no entregó la factura. En el segundo procedimiento realizado en Limpio, Piquete Cue, fue incautado un camión Scania del mismo emblema. El chofer tampoco tenía los documentos requeridos para el transporte del producto.

En su visita histórica a Paraguay, el titular del Banco Mundial, Ajay Banga, se reunió con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus ministros en Mburuvicha Róga. Destacó la fortaleza macroeconómica del país, anunciando que destinarán USD 2.000 millones para potenciar el sector de infraestructura del país (caminos, puentes y energía), así como apoyar al sector privado.

Aseguró que la prioridad de la entidad, así como la del Gobierno, es la de crear empleos dignos para los jóvenes, agricultores, pequeñas, medianas y microempresas. Se está promoviendo la posibilidad de que la corporación financiera internacional pueda recaudar fondos de tal manera de apoyar todos los proyectos de inversión de las empresas.

El expresidente Mario Abdo Benítez, quien solicitó la aprobación de su desafuero, tendrá la oportunidad de dar su descargo hoy, antes de que se fije fecha para estudiar el retiro de su inmunidad. Sin embargo, pese a “ofrecer su cabeza”, anunció que no irá.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta tendrá su reunión ordinaria este martes a las 13:00. En el primer punto del orden del día figura la audiencia con el senador vitalicio Mario Abdo Benítez, acompañado con sus representantes legales, en relación a la imputación que pesa en su contra.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, se reunió con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión; el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y el equipo técnico del viceministerio, donde fue punto de debate el proyecto de ley de reforma del transporte público.

El titular legislativo informó tras la reunión que la ministra de Obras le adelantó cuándo se estaría presentando este proyecto. “Después de la Semana Santa van a estar presentando al Congreso. Fines de abril, primeros días de mayo va ser presentado”, expresó el senador en conversación con los medios de comunicación.

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Núñez mencionó que una vez presentado el proyecto será analizado y debatido por los integrantes de la Cámara Alta y se dará la mayor celeridad posible para su tratamiento, a fin de que pueda salir del Congreso y posteriormente ya quede en manos del Poder Ejecutivo.

“Queremos darle la mayor celeridad en el Senado, pero también debatiendo lo que va ser una ley de transporte, que esperemos que mejore la situación, principalmente de los que vivimos en el Área Metropolitana, el calvario que pasan los pasajeros”, sostuvo el legislador.

Esta reforma consta de tres ejes, la primera sobre la nueva reforma en la prestación del servicio y normativas que se establecerán para las empresas de transporte y que brindan el servicio a la ciudadanía.

En segundo punto, se establecerá la renovación de la flota de los buses, lo que incluye también a los buses eléctricos donados por Taiwán. El tercer eje de esta iniciativa se enmarca en las reformas de infraestructura para la circulación de los ómnibus de transporte público.

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“Esto tiene un gran mensaje político, se da en un momento muy importante”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la visita realizada por el expresidente de la República y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, a Israel. Agregó que el acontecimiento terminó demostrando la instalación de un esquema de terrorismo de Estado y persecución política contra su cliente durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Cartes fue invitado por el estado de Israel para hablar de la lucha contra el antisemitismo, justamente cuando la sanción más grave de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos se centró sobre este punto”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las sanciones aplicadas por el país norteamericano al empresario derivaron de las acusaciones sobre los presuntos vínculos que mantiene con Hezbolá. La campaña de vincular a Cartes con el grupo terrorista, considerado como uno de los principales enemigos de Israel fue impulsado por el abdismo en confabulación con poderosos medios de comunicación y una oposición sumisa.

“Se demostró que fue una campaña de denuncias falsas, montada por el exgobierno. En marzo del año 2022 ellos enviaron un informe manipulado y falso a FINCEN en EE. UU., lo que derivó en su sanción en julio del 2022″, comentó Ovelar.

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El intento de vincular a Cartes con el grupos terroristas fue desplegado con fuerza en junio del año 2022, meses antes de los comicios internos del Partido Colorado, que se desarrollaron el 18 de diciembre del mismo año. En ese entonces, el líder de Honor Colorado y el exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, disputaban la titularidad de la Junta de Gobierno de la nucleación.

Llamativamente, la campaña también fue desatada en el marco de los comicios presidenciales realizados el 30 de abril del mismo año. El esquema contó con una activa participación del entonces embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, de acuerdo a las denuncias realizadas por cercanos a Cartes.

Uno de los puntos centrales del intento de vinculación a Cartes con terroristas fue la falsa denuncia impulsada por el entonces ministro de la Seprelad, René Fernández, quien sin fundamentos ni argumentos denunció a la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) por posibles conexiones con el terrorismo, en el famoso caso conocido como el “avión iraní”.

La industria tabacalera tenía en ese entonces entre sus principales accionistas a Cartes. La acusación formulada en el gobierno de Abdo Benítez apuntaba a generar no solo un daño político, sino también moral y económico para sacarlo de la arena electoral.

Mediante discursos coordinados, el abdismo instaló con fuerte respaldo de medios aliados que la aeronave con matrícula venezolana YV3531 transportaba en su interior a tripulantes relacionados con supuestos grupos terroristas. Las 18 personas incluso fueron involucradas de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbolá de Líbano.

El avión hizo una operación de traslado de mercadería de exportación, más específicamente, 7.086 cajas de cigarrillo vendidas por la firma Tabasa a Tabacal Free Zone Nv, empresa ubicada en el país de Aruba. Recientemente el Ministerio Público requirió la desestimación de la causa al no encontrarse elementos que sustenten la acusación.

“La desestimación de la causa ratifica la falsedad así como la persecución a un inocente orquestado desde el anterior gobierno. Acá hubo un presidente que en convivencia con el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, montaron todo este show mediático, político que está hoy en día absolutamente desbaratado”, sentenció.

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