El conflicto por el peaje ilegal y arbitrario impuesto por la Argentina desde el pasado 1 de enero a la navegación en el río Paraná será abordado este miércoles en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, instancia en que nuevamente Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay buscarán refutar las argumentaciones esgrimidas por el gobierno de Alberto Fernández para justificar la medida unilateral. El pasado 30 de agosto, en Santa Cruz (Bolivia), los cuatro países ratificaron su rechazo al peaje.

La comitiva paraguaya presentará su argumento técnico a un documento de más de 300 páginas que presentó la delegación de Argentina, el pasado 24 de agosto, con que intenta justificar el cobro de USD 1,47 (unos 10.000 guaraníes) por Tonelada de Registro Neto (TRN) para el tráfico internacional, pero de solo 1,47 pesos argentinos (30 guaraníes) para embarcaciones locales.

El titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), el ingeniero civil y abogado Julio César Vera Cáceres, quien integró la delegación paraguaya en la reunión de ayer, detalló que de no conseguirse un resultado favorable este miércoles, la última instancia será una reunión de las altas partes, es decir, entre cancilleres antes de llegar a la instancia del arbitraje.

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Argentina sostuvo su peaje ilegal en la reunión de la Comisión Técnica, este martes pasado en la embajada de Brasil en Buenos Aires. Foto: @annpparaguay

Si en esta instancia no llegamos a un acuerdo, que yo creo que no vamos a llegar, entonces, el siguiente paso es la reunión de los cancilleres de los países de la Cuenta del Plata, que son los signatarios y, a partir de ahí, solicitar el arbitraje”, comentó en una entrevista con el programa “Cuenta final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

El encuentro del órgano político se desarrollará nuevamente en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) tras no sellarse un acuerdo favorable este último martes en la Comisión Técnica de la Hidrovía, instancia ya está precluida. En el caso de que la problemática llegue hasta la última instancia, cada país designará a sus respectivos árbitros quienes deberán ser juristas de reconocida competencia.

El presidente de la República, Santiago Peña, había oficializado el 8 de setiembre pasado el anuncio de que su gobierno no solo apelará al arbitraje, sino que también presentará una demanda ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercado Común del Sur (Mercosur), de persistir la crisis.

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