La Cámara Baja, en su última sesión ordinaria, aprobó de forma unánime el proyecto de declaración que insta a la Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, a indagar sobre la prórroga que concedió el gobierno del exjefe de Estado Mario Abdo Benítez a la firma Azar Iinternacional SA para la explotación del Casino Acaray hasta el año 2035.
Al respecto, Carlos Liseras, actual titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), manifestó que el beneficio otorgado al casino que alquila el predio del Instituto de Previsión Social (IPS) constituye una ilegalidad, teniendo en cuenta que las prórrogas no se encuentran “contempladas en las leyes vigentes”. Asimismo, manifestó que debió realizarse necesariamente una nueva licitación pública para que se presenten las empresas, hagan su oferta y se elija la mejor para el Estado.
El requerimiento de una auditoría al órgano extrapoder fue urgido por el diputado Yamil Esgaib ante la posibilidad que durante la administración de Abdo Benítez se hayan cometido, de acuerdo a la exposición del congresista, “hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y cohecho pasivo”.
Antecedentes
De acuerdo a una investigación publicada por Nación Media en el mes de marzo de este año, la Conajzar firmó un acuerdo transaccional con la empresa en cuestión, con el objeto de poner fin al juicio contencioso administrativo entablado ante el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en contra de una resolución de la comisión reguladora de los juegos de azar.
El 1 de junio de 2018, Conajzar dispuso renegociar el contrato de explotación del casino en Alto Paraná, pero el 6 de ese mismo mes dictó otra resolución revocando la anterior, lo cual motivó a la empresa a recurrir ante la Justicia, que a su vez, en febrero de 2022, hizo lugar a la acción planteada por la firma.
Te puede interesar: Hotel Acaray: millonario patrimonio genera irrisorio rédito para el IPS
Si bien la Procuraduría General de la República apeló en mayo de ese año, meses después, en agosto, la empresa consiguió llegar a un acuerdo extrajudicial para poner fin al juicio. El documento de lo acordado no especifica que el gobierno de Mario Abdo Benítez, en el tramo final de su administración, otorgó hasta el año 2035 el permiso del casino. Este aval figura en un pedido a la información pública, donde consta que el periodo de explotación del casino situado en el Hotel Acaray va hasta el mes de junio de 2035.
Es así que, además de beneficiarse con disposiciones contractuales que afectan directamente los intereses del IPS y los asegurados, la empresa que explota el complejo en Alto Paraná se vio beneficiada por el gobierno de Marito para seguir con la concesión del casino situado en el predio alquilado a la previsional.