El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI) contra el lavado de activos, posteo un tuit en la red social X, donde manifiesta que la presentación ayer de los abogados del Banco Atlas no despejó dudas. El legislador sostiene que los representantes de la entidad bancaria no aclararon algunos puntos importantes sobre las operaciones financieras que se le cuestionan.

Según Amarilla, los representantes legales del banco no lograron demostrar de manera contundente las diligencias realizadas para verificar la solvencia de Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez figura como firmante de un importante crédito en representación de BionBras Brasil, situación que, para la CBI, requiere una justificación detallada sobre las acciones emprendidas por el banco para evaluar la legitimidad de la operación.

Otro punto crítico planteado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a 5 millones de dólares por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, durante un período de tres meses en 2013. Estos fondos, de acuerdo con el Dr. Claudio Lovera, habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en Banco Atlas.

Te puede interesar: Gobierno fortalecerá y ampliará sistema de becas

Sin embargo, los abogados de la institución bancaria no respondieron de forma concluyente a las preguntas sobre el origen y destino de estos depósitos, alegando en varios casos “amnesia” sobre los detalles. La falta de explicaciones ha incrementado las sospechas y mantiene viva la controversia.

La CBI también llamó la atención sobre una aparente irregularidad en la autorización para realizar pagos contra el fideicomiso, involucrando a funcionarios no habilitados. Según la denuncia, el director de Mantenimiento del Instituto de Previsión Social (IPS) habría ordenado pagos sin ser una de las personas autorizadas para manejar dichos fondos.

Los abogados del banco intentaron justificar esta situación aludiendo a un supuesto cambio en el organigrama del IPS, aunque no contaban con documentación que respaldara dicha modificación. Esta falta de respaldo alimenta las dudas en torno a los procedimientos de supervisión interna del banco.

Las respuestas evasivas de los representantes de Banco Atlas según Amarilla, sumadas a la falta de documentación en ciertos temas, han suscitado duras críticas de parte de la CBI. El titular de la CBI enfatizó que la falta de transparencia en estos puntos clave es preocupante, especialmente en un contexto donde el país enfrenta una creciente vigilancia financiera. Las grabaciones del encuentro, que presuntamente registraron estos momentos de evasión, son vistas como evidencia de una postura ambigua del banco ante preguntas concretas y puntuales.

Podés leer: Críticas provienen de “actores acostumbrados a apretar a las instituciones”, dice titular del MAG

A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica de la Presidencia, se logró evitar el pago de USD 16 millones al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús. El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este importante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.

“Finalmente si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mi la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó, que son el ministro y el presidente anterior”, expresó en referencia a Mario Abdo y Arnoldo Wiens.

En conversación con “Buena Tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo determinado por el Tribunal es que se podía rescindir el contrato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.

Lea también: El acueducto fue un proyecto a las apuradas y mal ejecutado, cuestiona gobernador

“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a significar el legado de un gobierno que ellos querían deslegitimar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del Metrobús que iba a incorporarle a Asunción un mecanismo de transporte de vanguardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.

Según explicó el procurador, lo que permitió este importante ahorro a las arcas del Estado es que se determinó que este conflicto debía ser resuelto de acuerdo a la legislación paraguaya, esto pese a que los árbitros eran de nacionalidad argentina, brasileña y mexicana. Por esta razón se descartaron tasas usurarias, además de que se evaluaron los daños y consecuencias, lo que decantó en una reducción importante del monto fijado inicialmente que era de USD 19 millones.

“Nosotros estamos defendiendo jurídicamente la posición del Estado paraguayo y hemos podido ahorrar casi USD 16 millones de lo que se pretendía ejecutar, ahora lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de si hay lesión de confianza o no, eso corresponde al Ministerio Público y ahí nosotros tenemos nuestra opinión, pero respetamos la labor que a ellos les corresponde”, aseveró.

Le puede interesar: Sancionan proyecto de ley para Parque Industrial en distrito de Hohenau

El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Con­junta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimo­nio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, manifestó que el estamento no solo reveló el festín de las organizaciones no gubernamentales con el dinero público, sino también la financiación de candidaturas a aliados políticos de peso.

“Uno de los ejes que hemos dirimido, investigado y trabajado en la comisión guarda relación con el financiamiento que pudo haberse dado desde las oenegés a ciertas candidaturas políticas que finalmente terminaron compitiendo en el ámbito político. Las noticias son contundentes en este sentido”, indicó en una entrevista con el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

El parlamentario del sector opositor acotó que “hay elementos suficientes para afirmar de que de las oenegés han permeado recursos hacía figuras que posteriormente no solamente incursionaron en la política sino que asumieron una postura bastante llamativa, belicosa hacia ciertas figuras, políticos de raza”.

Leé también: Refutan el discurso de Abdo sobre persecución política: “Es un caradura, sinvergüenza y ladrón”

En otro momento, el senador lamentó que se haya “desnaturalizado totalmente” el rol que deben desempeñar las oenegés dentro de la sociedad civil.

“Cuando recibimos a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral con su director de financiamiento político nos manifestaron que en el radar de ellos no aparecían las oenegés como instancia de impulso y financiamiento a ciertas candidaturas, pero cuando la comisión empezó a realizar las diligencias para confirmar la versión del Tribunal Superior de Justicia Electoral encontramos una situación totalmente inversa”, indicó.

Te puede interesar: Duarte Frutos insta a debatir grandes reformas: “Estamos atrapados en el corto plazismo”

Los senadores Dionisio Amarilla de la oposición y Lilian Samaniego de Asociación Nacional Republicana (ANR), se instalaron en la ciudad de Montevideo con el objetivo de observar el desarrollo de los comicios generales del Uruguay. Para elegir al sucesor del presidente Luis Lacalle Pou, fueron habilitados un total de 2,7 millones de votantes.

También se desempeñó como observador de las elecciones el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Enrique Bogarín González. Las misiones de observación tienen como finalidad intercambiar experiencias con observadores de diversos países en relación a los procesos electorales y las buenas prácticas democráticas.

En estas elecciones generales los ciudadanos uruguayos no solo eligen al presidente y vicepresidente de la República, sino también a 30 integrantes de la Cámara de Senadores y 99 representantes de la Cámara de Diputados para el periodo 2025-2030.

Lea también: Informe pericial confirma perjuicio sobre obra inconclusa en San Juan Bautista

Entre los 11 aspirantes al cargo de mandatario, la disputa en las urnas se centra entre Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, Álvaro Delgado, del gobernante Partido Nacional y Andrés Ojeda, del Partido Colorado. Los locales de votación estarán abiertos hasta las 19:30.

Asimismo los uruguayos deberán sentar posicionamiento sobre dos propuestas de referéndum. El primero propone bajar la edad de jubilación de 65 a 60 años y prohibir los regímenes privados de pensiones y el segundo plantea permitir allanamientos nocturnos.

Te puede interesar: Segunda fase de la defensa costera genera gran expectativa en pilarenses