Mediante la resolución Nº 5090, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón dispuso la apertura de causa penal para investigar posibles hechos punibles en el Instituto de Previsión Social. Además dispuso la conformación de un equipo de investigadores integrado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción Jorge Arce, Luís Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Néstor Coronel.

Los mismos tendrán la responsabilidad de llevar la intervención de los casos denunciados por la senadora Kattya González, el diputado Raúl Benítez; así como el informe final presentado por la Contraloría General de la República que da cuentas de una serie de irregularidades ante la presunción de daño patrimonial de la entidad previsional.

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Conforme a la resolución firmada por Rolón, se señala que los agentes fiscales citados tendrán la responsabilidad de llevar adelante la intervención de los casos así como ejercer la acción penal con las atribuciones propias del cargo.

Luego de dar a conocer el informe sobre la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, dicha institución presentó denuncia formal al Ministerio Público el pasado 5 de septiembre, por las irregularidades detectadas bajo la administración pasada encabezada por el doctor Vicente Bataglia.

De acuerdo a la auditoría realizada por la CGR, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022 y el primer cuatrimestre del año 2023, en el IPS se detectó un supuesto desfalco equivalente a G. 1 billón.

Entre los indicios más relevantes, el órgano de fiscalización detectó 9.355 bienes de la previsional; equipos de salud, laboratorio e informática catalogados como “faltantes” y que totalizan la suma de G. 42.915 millones.

Otras de las irregularidades detectadas fue una falta de gestión para la reparación o baja de bienes por valor de G. 2.000 millones. Estas fueron algunas de las irregularidades que ahora el Ministerio Público deberá investigar.

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