El equipo de investigación de Nación Media detalló el crecimiento exponencial de las ganancias de la firma Aldia SA, en la cual el expresidente de la República Mario Abdo Benítez cuenta con el 87,50 % de las acciones. La suma de ganancias de la empresa, cuando Abdo estuvo al frente del Ejecutivo, asciende a G. 175.268 millones y el exmandatario no había detallado esto al momento de elaborar su declaración jurada al dejar el sillón presidencial.
“Si el expresidente omitió la declaración de alguna ganancia, cuando menos incurrió en una falta y una investigación posterior podría concluir que esto constituye un hecho punible. Los funcionarios tienen una obligación ineludible de declarar sus bienes e ingresos y dentro de esto hablaríamos también de las ganancias y los egresos”, explicó el abogado constitucionalista Marcelo Duarte para La Nación/Nación Media.
Nota relacionada: Ganancia anual de Abdo con el asfalto aumentó hasta 6.110 % en su gobierno
Remarcó que se debe iniciar una investigación pertinente para determinar si fue un caso de omisión, lo cual implica el pago de una multa, o un caso de evasión, que constituye un hecho punible. Si esto finalmente se comprueba, el caso debe ser remitido inmediatamente a la Fiscalía; el caso inicial, donde saltan los signos de alarma, correría en cuenta de la Contraloría General de la República, para luego dar continuidad con una investigación más exhaustiva.
“Un funcionario tiene mayor responsabilidad y por ello el incumplimiento de la ley impositiva no resulta un atenuante y se considera más bien un agravante. El hecho de no haber declarado estas ganancias es muy grave y una investigación correspondiente también debe dilucidar por qué no se realizó la declaración correspondiente y de dónde salió ese dinero porque no hay modo en el cual pueda pasarse por alto una cifra de esa magnitud”, puntualizó el abogado.
Además, Duarte remarcó para La Nación que, al tener en cuenta las acciones de Aldia SA pertenecientes a Abdo Benítez y que su hijo mayor figura como representante legal de la empresa, se debe realizar una auditoría que dictamine si las adjudicaciones a la firma como empresa contratista del Estado se llevaron a cabo sin ningún tipo de influencias porque en este caso se hablaría de otra falta como la violación a la libre competencia.
Lea también: Ganancia de Abdo: instan a investigar al expresidente por enriquecimiento ilícito