Por Macarena Duarte - macarena.duarte@nacionmedia.com
El proyecto que prevé la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones se encuentra constantemente sobre la mesa de debate debido a dos vertientes: la necesidad de contar con un control más efectivo sobre cómo se invierten los recursos de los diferentes fondos de jubilación y el recelo en torno a la manera en la cual se aplicaría esa medida de control.
“Con esto se presenta un órgano rector que se encargue de supervisar el sistema de jubilaciones y pensiones en Paraguay y esto incluye las ocho cajas de jubilaciones, sumadas las que vayan a crearse a futuro, así como las mutuales”, explicó a La Nación/Nación Media Dionisio Amarilla, uno de los proyectistas de la propuesta de la Superintendencia.
Las cajas corresponden al Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja Fiscal, la Caja Municipal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la Caja de Itaipú, la Caja Ferroviaria, la Caja Parlamentaria y la Caja Bancaria.
El senador explicó que el proyecto se origina en base a las proyecciones existentes en torno a las cajas de jubilaciones que determinaban complicaciones sobre el retorno de las mismas en concepto de pensiones; es decir, dificultades para que una persona pueda jubilarse de manera efectiva a futuro. De este modo, al proyecto se atribuyen cuatro misiones principales para la superintendencia: la operativa, la normativa, la de supervisión y la de ejecución propiamente.
“Esto se insertaría en la estructura del Banco Central del Paraguay (BCP) y se busca garantizar el retorno efectivo del aporte de los asegurados. El superintendente será elegido por el directorio del BCP y no contará con extralimitaciones, solo generará normativas para que el funcionamiento de las cajas de jubilaciones sea transparente”, expresó el parlamentario.
Cuestionamientos específicos
Más allá de las explicaciones del proyecto, también existen argumentos en contra del mismo, principalmente de los sectores de asegurados y jubilados, quienes serían el objeto de la mencionada propuesta. Julio López, miembro de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), expresó para La Nación/Nación Media que los cuestionamientos sobre el proyecto de Superintendencia van desde argumentos técnico-jurídicos.
“El proyecto cuenta con una grave inconstitucionalidad porque se catalogará como órgano rector al BCP, siendo sus funciones regular netamente la política monetaria, financiera y crediticia del país, no así la seguridad social. Además, observamos extralimitaciones más allá del control y la fiscalización en la figura del superintendente, como la administración y la gobernanza de las distintas cajas de jubilaciones y pensiones”, aseguró López.
Así, el representante del sector de asegurados habla de una posible desnaturalización de la seguridad social porque refirió que el quinto artículo del proyecto brinda a la Superintendencia la potestad de modificar los estatutos y las cartas orgánicas de cada una de las cajas, mientras que otro artículo habla incluso de la derogación de algunas normas establecidas en cada entidad de pensiones y jubilaciones.
“Para nosotros se abre un escenario peligroso porque se brinda mucho poder al superintendente, pues el proyecto de ley no contempla la participación real de los sujetos de esta propuesta: los asegurados y jubilados. Estamos a favor de que finalmente se instale un sistema de control y fiscalización sobre las cajas de pensiones, pero el proyecto debe hacerse con nuestra participación, sino parece un cheque en blanco que favorece a unos cuantos y pone en peligro los fondos de jubilaciones”, remató.