La Contraloría General de la República presentó a fines de agosto el dictamen financiero sobre el informe del ejercicio 2022 elaborado por el Ministerio de Hacienda, que documenta escandalosos indicios de corrupción en diversas entidades públicas durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. El senador Derlis Maidana confía en que la justicia “haga su trabajo”, mientras que Eduardo González opina que la investigación también debe profundizar el “terrorismo de Estado” en la gestión anterior por la presunta utilización de organismos gubernamentales para la persecución política.
“Bajo ningún sentido tiene que implicar impunidad, tocándole a quién le toque, hay instituciones que tienen que ser revisadas, gestiones en el MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), lo que pasó en los organismos de seguridad, Senad (Secretaría Nacional Antidrogas), Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), la forma que trabajaron y la forma que utilizaron el Estado para perseguir a los enemigos políticos de turno”, dijo González en comunicación con La Nación/Nación Media.
“Además de analizar la parte patrimonial se debe analizar la forma como se utilizó el Estado, para mí personalmente como un terrorismo de Estado”, agregó el secretario general de la Junta de Gobierno y director de Gabinete de la Presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR), recordando que el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, había manifestado que la entidad política no tiene por qué asumir responsabilidad de la mala gestión del anterior gobierno.
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“Creo que esa es la línea que se debe seguir. En lo que respecta a la administración de Abdo Benítez, esperamos que se haga una buena auditoría por parte de los responsables y que luego se envíe todo al Ministerio Público para que haga las investigaciones que correspondan”, enfatizó González para La Nación, e insistió que la irresponsabilidad tiene nombre y apellido, y que cada uno debe hacerse cargo de su gestión.
Por su parte, el senador Derlis Maidana sostuvo a esta redacción que, respetando el trabajo del organismo extrapoder como es la Contraloría General de la República, que ha informado la existencia de indicios de hechos punibles; habilita al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a abrir de oficio una investigación penal que determine si hubo daño patrimonial y que los responsables deben rendir cuentas ante la Justicia y el pueblo paraguayo.
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“Lo que corresponde, a mi criterio, es dejarle trabajar a los organismos de control establecidos y que, naturalmente, la Justicia actúe en consecuencia. Cuando hay una mínima presunción de un mal manejo de los recursos del Estado tienen que rendir cuentas ante la Justicia. Recordando que el mismo espíritu del presidente Santiago Peña es dejar que las instituciones hagan su trabajo”, dijo Maidana para Nación Media.
El legislador señaló que, de llevarse adelante la creación de una comisión especial bicameral del Congreso, sería una medida subsidiaria en el sentido de recabar informes, pero, como toda cuestión del Congreso, a la larga lo que podría posibilitar, aparte de denuncias políticas, es la formalización de una acusación ante el Ministerio Público.