La Cámara de Diputados aprobó esta semana la conformación de la “comisión bicameral encargada del estudio del informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), sobre el informe financiero del Ministerio de Hacienda, correspondiente al ejercicio fiscal 2022″, que reveló lapidarias irregularidades en casi todas las instituciones públicas durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez.
“Eso fue tratado la semana pasada en la Cámara de Diputados, la decisión del pleno fue otorgar al presidente de la Cámara con los líderes de bancadas la responsabilidad de conformación de dicha comisión, entendiendo que es un evento muy importante para nuestra República el análisis de ese informe que tiene que ver con el funcionamiento de diferentes instituciones, con graves denuncias de hechos de corrupción”, expresó para La Nación el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.
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Para la conformación de esta comisión especial, los líderes de bancadas deberán presentar a la mesa directiva el próximo lunes los nombres de sus representantes que integrarán el grupo de trabajo, tanto de la Cámara de Diputado como de Senadores, con 5 miembros de ambas Cámaras.
Latorre señaló que el trabajo que realizará la comisión especial será fundamental para el estudio minucioso del informe presentado por el ente contralor. “Nosotros entendemos que la lucha contra la corrupción y la impunidad son pilares fundamentales de nuestro desarrollo, pilares fundamentales del fortalecimiento de nuestro proyecto de justicia, finalmente lo que va a permitir es que los recursos serán mejor aprovechados en base a los servicios esenciales, la salud, la educación, la seguridad”, apuntó.
Explicó además que el estudio del informe tendrá por un lado, la necesidad de mejorar el sistema de control administrativo, y por otro lado, y lo más trascendental, que de constatarse estos hechos irregulares en la administración pública, elevarán el dictamen final al Ministerio Público en una denuncia penal.
“Hay que separar los tantos, por un lado, la necesidad del mejoramiento y la eficiencia en los procesos administrativos y por otro lado los hechos de corrupción denunciados, que naturalmente deben investigarse y de constatarse de que efectivamente esos hechos se produjeron naturalmente los responsables tienen que pagar las consecuencias”, sentenció.
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