El abogado y experto en derecho marítimo, Nicolás Prono, habló respecto a la legalidad del reclamo de Paraguay, quien se opone a que Argentina continúe cobrando un peaje en la hidrovía a buques con bandera de nuestro país. Afirmó que el gobierno argentino viola el acuerdo de Naciones Unidas, Convemar, el cual iguala a una constitución en cuanto a los derechos de acceso al mar.
“No se está hablando del tratado internacional que es considerado como la constitución de los mares, que es la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos al mar, conocida como la Convemar, firmado en 1982 en Jamaica y entró en vigencia en 1994″, explicó.
Paraguay ratificó este tratado, al igual que Argentina y la mayoría de las naciones, señaló Prono. De acuerdo a lo expuesto por el experto, este acuerdo habla del derecho de acceso al mar, a la libertad de tránsito y hace una particular atención para los estados sin litoral como Paraguay, para quienes se ratifica su derecho de acceder al mar.
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“Este derecho se vehiculiza a través de acuerdos bilaterales o regionales con los estados de tránsito, en este caso, el estado de tránsito de Paraguay es Argentina porque accedemos al mar a través de la hidrovía. Ese es un derecho que tenemos y está contemplado en el artículo 125 de la Convemar y es un derecho del cual no se está hablando”, manifestó en conversación con la 1020 AM.
Ante esta circunstancia, con la imposición de la tasa de USD 1,47 por tonelada a buques con bandera nacional, Argentina no solo viola el acuerdo de hidrovía, el acuerdo de navegación y del Mercado Común del Sur (Mercosur), sino que también pasa por alto a un tratado superior que es el de las Naciones Unidas.
“De que hay legislación vigente firmada y ratificada por la cuenca del Plata, es decir, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay lo hay, de eso no hay discusión”, afirmó Prono y aseguró que nuestro país tiene a su favor una serie de argumentos legales de modo a ganar en arbitrios internacionales.
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“Si esto se somete a un tribunal arbitral, es muy difícil que no le den la razón y el derecho a Paraguay”, sostuvo e indicó que mediante esta vía se dejaría sin efecto la imposición del peaje y hasta se podría recuperar el dinero que fue abonado en concepto del peaje ilegal. Se estima que el arbitrio en el Mercosur tendría una resolución entre tres a seis meses, dado que el protocolo de conflictos, contempla plazos que deben cumplirse.