El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, y el director jurídico, José González, acudieron este viernes ante el Ministerio Público para urgir al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, la conformación de un equipo fiscal para investigar las variadas denuncias por corrupción durante la pasada gestión de Vicente Bataglia.
Al respecto, González manifestó que se presentaron dos denuncias, una ante la Fiscalía de Delitos Económicos y la otra en mesa de entrada del Ministerio Público, que actualmente se encuentran en proceso de admisibilidad.
“Las denuncias ya se presentaron, lo que vamos a pedir es que se conforme un equipo de trabajo para que se investigue. Hasta el día de la fecha aún no se designó a un equipo de investigación. Nosotros pedimos en nuestra denuncia la intervención del Ministerio Público y hasta ahora no tenemos una unidad penal asignada”, puntualizó en entrevista con los medios de prensa.
El funcionario del IPS detalló que una de las denuncias se centra sobre el hallazgo de equipamientos abandonados a la intemperie del predio del hospital central. Según habían informado, no se tienen documentaciones oficiales de los productos.
Entre los productos hallados por la nueva administración figuran, por ejemplo: planta generadora de oxígeno, equipos electromecánicos, generadores, equipamientos para quirófanos modulares, entre otros. Exigen la apertura de una causa penal con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
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Mientras que la otra denuncia se centra con base en el informe realizado por la Contraloría General de la República, que de acuerdo a una auditoría realizada correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022 y el primer cuatrimestre del año 2023, en el ente se detectó un supuesto desfalco equivalente a G. 1 billón.
Entre los indicios más relevantes, Paiva detalló que el órgano de fiscalización detectó 9.355 bienes de la previsional; equipos de salud, laboratorio e informática catalogados como “faltantes” y que totalizan la suma de G. 42.915 millones.
Otra de las irregularidades se centra en la aprobación de un préstamo por el consejo administrativo de la previsional en una entidad bancaria por la suma de G. 50.000 millones. Además, en el IPS hallaron una falta de gestión para la reparación o baja de bienes por valor de G. 2.000 millones.
También de acuerdo al informe del órgano fiscalizador, no se detectaron documentos de rendición de cuentas del consumo de combustible para los generadores, por la suma de G. 705 millones. En cuanto al parque automotor, expresó que se detectó que el consumo de combustible superó el promedio por cada 100 km, por un valor de G. 947 millones.
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