El ministro de Defensa Nacional, Óscar Gon­zález, adelantó que en el marco de las inversiones para el fortalecimiento del control del espacio aéreo también ya está en proceso la adquisi­ción de radares. Esto se com­plementará a la compra de los seis Super Tucano, que esta­rían llegando al país a media­dos de 2025.

“Ya es un proceso iniciado la adquisición de los radares y con eso paramos a la Fuerza Aérea, y el señor presidente tomó ya la decisión de equi­par y entrenar más adecua­damente aún los componen­tes del ejército paraguayo y de la Armada paraguaya”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy”, de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

El secretario de Estado afirmó que la prioridad del Gobierno en este momento es el fortale­cimiento de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Militares en el objetivo de la lucha contra el crimen organizado. En este marco se adelanta otras inver­siones para las fuerzas, como la adquisición de los radares.

“A nosotros nos requirieron, nos reclamaron mucho para comprar los aviones C-130 que pueden oficiar de aeronaves hidrantes y esa no es una prio­ridad del Gobierno, sino que fortalecer la Fuerza Aérea con aeronaves y radares y después ya fortalecer el Ejército porque el trabajo tiene que ser coordi­nado. Las tres fuerzas tienen que estar en un mismo nivel de profesionalismo, en un mismo nivel de fortalecimiento para que el trabajo realmente sea conjunto”, indicó.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, adelantó que en el marco de las inversiones para el fortalecimiento del control del espacio aéreo también ya está en proceso la adquisición de radares. Esto se complementará a la compra de los seis Super Tucano, que estarían llegando al país a mediados del 2025.

“Ya es un proceso iniciado la adquisición de los radares y con eso, paramos a la Fuerza Aérea, y el señor presidente tomó ya la decisión de equipar y entrenar más adecuadamente aún los componentes del ejército paraguayo y de la armada paraguaya”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Podés leer: Elevar el cálculo jubilatorio en IPS no es un plan improvisado: “Es un trabajo técnico-político”

El secretario de Estado afirmó que la prioridad del Gobierno en este momento es el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Militares en el objetivo de la lucha contra el crimen organizado. En este marco se adelanta otras inversiones para las fuerzas, como la adquisición de los radares.

“A nosotros nos requirieron, nos reclamaron mucho para comprar los aviones C-130 que pueden oficiar de aeronaves hidrantes y esa no es una prioridad del Gobierno, sino que fortalecer la Fuerza Aérea con aeronaves y radares y después ya fortalecer el Ejército porque el trabajo tiene que ser coordinado. Las tres fuerzas tienen que estar en un mismo nivel de profesionalismo, en un mismo nivel de fortalecimiento para que el trabajo realmente sea conjunto”, indicó.

González sostuvo que no se requiere de la ley de derribo de aviones para la Fuerza Aérea y se utilizarán otros protocolos para la interceptación de las aeronaves que ingresan en el espacio aéreo paraguayo.

“En la práctica es absolutamente posible, viable, cumplir con la misión sin que la ley permita el derribo de los aviones. Una aeronave irregular, es una aeronave con poca autonomía de vuelo, no va poder estar recorriendo todo el país burlándose de los aviones de la Fuerza Aérea, si viene entrando de otro país ya viene con el combustible casi al límite”, apuntó.

Aseguró que con la adquisición de las aeronaves Super Tucano y los radares la Fuerza Aérea cumplirá con esta misión. “A mí me explicaron, pero sobradamente los miembros de las Fuerzas Armadas, que absolutamente ellos, con esta ley como está, están en condiciones de cumplir la misión una vez que se les provea de las aeronaves y posteriormente también de los radares”, sentenció.

Te puede interesar: Falleció el exfiscal y abogado penalista José Casañas Levi

La adquisición de los seis aviones Super Tucano por parte de las Fuerzas Aéreas Paraguayas, ya está en proceso, y se estima que para junio o julio del próximo año ya estén sobrevolando el espacio aéreo del territorio nacional, en el marco de la lucha frontal contra el narcotráfico. El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, explicó a La Nación/Nación Media, cómo se dio este proceso.

Primeramente, detalló que los trabajos previos ya se iniciaron hace tres meses con el decreto del Poder Ejecutivo, que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición de las aeronaves, a partir de ahí, con ese decreto el Ministerio de Economía inició junto con el Ministerio de Defensa/Fuerza Aérea Paraguaya, las gestiones ante el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social del Brasil (BNDES) la firma del contrato de empréstito.

Podes leer: IPS: reasignación presupuestaria permitirá universalización de carga horaria

El banco remitió un borrador de este contrato a Paraguay y el Ministerio de Economía y Finanzas realizó la revisión de este borrador, y nuevamente fue remitido al banco brasileño. Una vez cumplidos todos los protocolos, el contrato definitivo y el dictamen favorable del Ministerio de Economía, el presidente de la República Santiago Peña, firmó el decreto que autoriza el contrato del préstamo de USD 101.606.009.

El ministro de Defensa también adelantó que el próximo lunes 18 de noviembre, los ministros de Economía de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, y de Brasil, Fernando Haddad, firmarán el contrato de empréstito, que se realizará en Río de Janeiro, inmediatamente, se iniciará con el proceso de compra con la empresa brasileña Embraer.

A partir de ese momento, la empresa Embraer ya tiene la luz verde para finiquitar los detalles para la entrega. Son seis aeronaves que van a ser entregadas al Paraguay, y la meta es que esas aeronaves lleguen a Paraguay en el mes de junio o a más tardar en julio del 2025.

El ministro de Defensa sostuvo que la misión principal de estas aeronaves es permitir dar la capacidad a la Fuerza Aérea Paraguaya para cumplir su misión constitucional que es la protección del espacio aéreo paraguayo.

“Con ese cumplimiento de visión, viene lo siguiente, que con estas aeronaves el Estado paraguayo va tener el espacio aéreo controlado y vamos a terminar con aquello que las aeronaves realizan vuelos ilícitos, que son tareas que realiza el crimen organizado en todas sus facetas, especialmente el narcotráfico”, apuntó.

Por otra parte, González especificó que el objetivo principal es el combate frontal a los vuelos ilícitos, pero aclarando que no se aplicará la ley de derribos, ya que la ley de protección del espacio aéreo no contempla esta acción.

“Eso no significa que no vayamos a combatir a los vuelos irregulares. Esas aeronaves van a ser acompañadas hasta que finalmente aterricen, una aeronave no puede estar volando indefinidamente en el espacio. El hecho de que no tengamos ley de derribo no significa que no vamos a cumplir con esta misión”, sentenció.

Te puede interesar: La ANR proyecta la digitalización para afiliación

Este sábado 16 de noviembre se cumplen 23 años del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue tomada en el interior del parque Ñu Guasu y su liberación se registró 64 días después. En aquel año la palabra secuestro marcaba la agenda del país y las autoridades del Gobierno de entonces no pensaron que este hecho marcaría el comienzo del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

María Edith, quien para sus amigas era Nika, iba normalmente a realizar caminata en horas de la mañana en el parque Ñu Guasu y ese día no fue la excepción. En su recorrido diario pasó a buscar a su amiga Elizabeth Gunther de Niedhammer. Ambas no se imaginaban que la camioneta en la que estaban circulando era seguida por un grupo de delincuentes que perpetrarían el secuestro.

Luego de realizar la caminata correspondiente por el parque, María Edith y su amiga iban con normalidad hasta el estacionamiento, eran las 9:15 aproximadamente cuando de forma repentina y abrupta fueron sorprendidas por tres personas fuertemente armadas que de forma muy violenta hicieron subir a María Edith a su propia camioneta, mientras que la amiga fue separada de ella y los secuestradores se dieron a la fuga.

Te puede interesar: Anuncian operativo “Un verano menos violento” para frenar tragedias en rutas

Ante lo sucedido Elizabeth Gunther, amiga de María Edith, llamó de inmediato al esposo de la secuestrada, el ingeniero Antonio Debernardi, a comunicarle lo sucedido. El esposo de María Edith denunció el hecho y las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.

Pasaron horas del secuestro y la fiscal de Luque Rosa Noguera realizó 20 allanamientos y la Policía Nacional realizaba sobrevuelos en helicóptero en las inmediaciones de Ñu Guasu. A las 11:00 del mismo día la Policía Nacional halló la camioneta de la víctima en cercanías del Club Internacional de Tenis, pero nada se sabía de la misma y sus secuestradores.

Pasaron 64 días y los secuestradores habían entregado las pruebas de vida a la familia que fueron dos fotos. Tras ese hecho se llevó a cabo el primer pago de USD 400.000 que se realizó el 14 de enero de 2002, mientras que el segundo para completar el dinero solicitado fue el 18 de enero del mismo año. El 19 de enero de 2002 Antonio Debernardi recibió la llamada esperada donde se le comunicaba que su esposa sería liberada.

Los secuestradores de María Edith hicieron que la mujer se vista con ropas de hombre. Le taparon los oídos con algodón y los ojos con curitas, le pusieron un kepis, lentes oscuros y la alzaron a un vehículo en marcha.

Posteriormente los secuestradores dejaron a la víctima sobre las calles Coronel Cabrera y Santa Teresa de Asunción, donde se encontró con su familia. María Edith pudo reconocer a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes del EPP, como los responsables del secuestro. Igualmente saltaron otros nombres que fueron procesados por el mismo hecho.

José Tomás Rosa, su esposa Nidia Espínola y De los Santos Saldívar fueron los primeros condenados por el caso. Rosa fue asesinado en enero del 2011. Por su parte, Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez fueron condenados a 18 años de prisión. Sin embargo, siguen prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes actualmente están refugiados en Finlandia.

Podés leer: Detienen a cuidacoches que pedían G. 50 mil por estacionar en adyacencias del estadio