La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados dictaminó por la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que plantea elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses).

Los integrantes del bloque asesor encabezado por Yamil Esgaib durante su tratamiento afirmaron que la propuesta tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándose a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

La iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal de la previsional se enfoca en adecuar las normativas que regulan las jubilaciones y pensiones con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger los intereses de los afiliados y jubilados.

La propuesta trabajada conjuntamente entre las autoridades del Ejecutivo y el IPS, también prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Al respecto, para la jubilación ordinaria, se deberá tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salario registrados.

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Mientras que para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.

El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.

A la vez se contempla el fortalecimiento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de 5 años. Con relación a las jubilaciones por invalidez, en el documento se propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por la previsional.

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“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, adelantó que se implementarán cambios “radicales” en la institución el próximo año. El legislador mencionó que estos cambios tienen que ver con la disminución de las direcciones generales y la reestructuración de recursos humanos.

“Va haber cambios radicales para el año que viene en el Senado de la Nación, estamos trabajando para reestructurar los recursos humanos para que desaparezcan las casi 250 direcciones y nos quedemos con 30 direcciones generales, apartar los que tienen oficio, los que tienen profesiones”, dijo en conversación en la 1020 AM.

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Sostuvo que están trabajando con otros legisladores de diferentes bancadas para presentar un proyecto en el cual se pueda establecer una carrera legislativa, esto teniendo en cuenta la superpoblación en la institución legislativa.

“Estamos trabajando con varios senadores de diferentes bancadas y queremos eso ofrecer después en el marco de una ley de carrera legislativa o un reglamento de una carrera legislativa, nosotros no nos vamos a quedar atrás”, adelantó el senador.

Por otra parte, ya en conversación con diferentes medios de comunicación, informó que propondrá a sus colegas eliminar cupos de combustible y seguro médico VIP del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025. Adelantó además que la bancada de Honor Colorado estudiará eliminación de estos beneficios.

“El sentir de la mayoría de los colegas de diferentes bancadas es dejar sin efecto lo que había aprobado la bicameral con respecto al seguro para los parlamentarios y el aumento que se tenía previsto, y también los combustibles”, sentenció.

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La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, aseguró que la propuesta del Poder Eje­cutivo consistente en ele­var de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) no se trata de un planteamiento improvi­sado e impulsado a las apu­radas.

“El proyecto reúne un paquete de medidas que fueron recomendadas por los efectivos estudios actuariales que se vienen realizando desde hace 20 años al IPS. Desde octu­bre de 2023 venimos reu­niéndonos con el presidente Santiago Peña y todo su equipo técnico para infor­marles sobre la situación real en la que encontra­mos al IPS y cuáles eran las recomendaciones técnicas que hacemos desde nues­tras distintas dependencias y perspectivas”, manifestó.

“Este es un trabajo con­junto realizado desde el sector técnico acompañado, comprendido por el sector político”, afirmó Cubas. Agregó que la iniciativa fue abordada desde la gerencia financiera, la gerencia de prestaciones económicas, la gerencia de salud, la direc­ción jurídica y la dirección de planificación.