La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, refirió que el Gobierno paraguayo solicitó a la comitiva de autoridades argentinas, encabezada por la secretaria de Energía, Flavia Royon, la suspensión del cobro unilateral del peaje fluvial en la hidrovía mientras duren las negociaciones encaradas bajo reserva, que iniciaron este lunes pasado.
Se estableció un plazo de 30 a 45 días para poder lograr este acuerdo, a fin de definir un cronograma de trabajo y un calendario bilateral. “Nosotros vamos a sentarnos a esa mesa de trabajo, siempre y cuando esté garantizada la libre navegación, sin peaje de por medio durante el periodo que dure esta negociación, fue un pedido concreto”, dijo Centurión, este martes, a través de una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La ministra manifestó que Paraguay mantiene las decisiones de impulsar una demanda ante el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercosur, así como una solicitud de arbitraje dentro de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía, como acciones internacionales por la implementación del cobro ilegal de peaje. “No existe ningún cambio, las medidas están plenamente vigentes. Ellos vinieron con una actitud positiva, de encontrar acuerdos. En ningún momento existió una presión para que Paraguay cambie su postura”, puntualizó.
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“Humo blanco”
Centurión recordó que otro punto de debate con las autoridades argentinas se centró en la falta de pago de un total de USD 150 millones por la energía cedida por Paraguay en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). “Para evitar las idas y vueltas o malas interpretaciones, se decidió que mantendremos en reserva estas negociaciones hasta tanto haya humo blanco, estoy segura que habrá porque el espíritu es ese, pero por supuesto dejando muy clara la posición de Paraguay”, afirmó.
El país vecino decidió aplicar desde el pasado 1 de enero el cobro de un peaje de USD 1,47 por tonelada de embarcación a los países que comparten la vía fluvial. En un comunicado emitido el 10 de setiembre, los gobiernos de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay expresaron “especial preocupación por tratarse de una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario que tiene comprometido el abastecimiento de combustible y que puede afectar el precio de dicho insumo, lo que representa una afectación grave que exacerba la vulnerabilidad de dicho Estado por su condición de país sin litoral”