El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, acudió este martes a la convocatoria de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, donde se ratificó en el informe presentado el pasado 30 de agosto sobre millonarias irregularidades en las instituciones públicas, principalmente en el Instituto de Previsión Social (IPS). Este informe tuvo muchas repercusiones en el ámbito político llevando incluso a una denuncia penal ante el Ministerio Público.

Recibido por el titular del Congreso, Silvio Ovelar, junto a los vicepresidentes Arnaldo Samaniego y Hermelinda Alvarenga, así como líderes de bancadas; Benítez ofreció detalles del dictamen que resultó de 4.023 evaluaciones realizadas a las instituciones en su ejercicio fiscal del 2022. Con relación a la previsional, indicó que la auditoría se inició a partir del requerimiento de la Contraloría de documentaciones que se habían remitido una “camionada”, en febrero pasado, y que estos documentos no necesariamente correspondían con el pago de proveedores, como se había solicitado.

“Por ese motivo, el equipo auditor tuvo la iniciativa de solicitarle directamente a la gente, a los proveedores, para que sean los empresarios quienes nos digan cuánto es el monto que se les debía a cada uno, cuál era lo que cobraban y cuál no. De ese cruzamiento de datos, vuelvo a aclarar, esta auditoría no se iba a poder culminar si los empresarios farmacéuticos no nos proveían la información que nosotros recibimos”, dijo el contralor ante los senadores.

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Agregó que de ese cruzamiento de datos, entre lo que informó el IPS y lo que proveían los empresarios farmacéuticos, se evidenció una falta de registro de facturas pendiente de pagos con proveedores de dinero y servicios por aproximadamente G. 450.000 millones.

“¿Qué significa esto? O la empresa decía ‘me debe’ y el IPS decía ‘yo ya pagué', o a la inversa, la empresa decía ‘ya me pagó' y el IPS decía ‘todavía no le pagué'. Es decir, cuando se hizo el cruzamiento de estos datos quedó en este valor una falta de registro de facturas pendiente de pagos. No fueron registrados intereses a pagar por 119.000 millones de guaraníes generados de los préstamos obtenidos por el IPS conforme a la Ley n.º 7037″, indicó Benítez.

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Con relación a la auditoría de bienes patrimoniales, mencionó que se detectaron 9.357 bienes que figuraron en el inventario de bienes de uso como faltantes por G. 42.000 millones con paradero administrativamente desconocido. “Esta es una falencia que viene arrastrando el IPS desde hace muchísimos años, que, cada vez que hay cambios de autoridades, ponen en un inventario, ahí vienen que no sabemos dónde están. Que figuran en el balance, pero no sabemos cuál es su paradero”.

Estos solo fueron algunas de las irregularidades encontradas por la Contraloría, que ahora trabaja en la evaluación por la dirección de Auditoría Forense del ente contralor para determinar si las observaciones son administrativas o se constituyen en hechos punibles a los efectos de ser remitidos al Ministerio Público.