Las irregularidades administrativas en varias instituciones del Estado siguen saliendo a la luz tras el informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR). Con la convocatoria del contralor Camilo Benítez a la mesa directiva del Senado, se conocieron más detalles sobre los “clavos” hallados en algunos entes públicos. Benítez indicó que las falencias se dan por la falta de un control interno de las instituciones del Estado, lo que lleva a probables hechos de corrupción.

“Hoy en día hemos mejorado mucho, pero todavía queda mucho por mejorar en cuanto al control interno. Obviamente la falta de control interno es lo que hace que la administración pública sea deficiente”, expresó en su exposición ante los senadores. Dimabel, Aduanas, MOPC e IPS son las instituciones donde se detectaron millonarias irregularidades administrativas, que pasan a formar parte de los clavos del gobierno de Mario Abdo Benítez.

El contralor presentó un breve informe sobre el Ministerio de Defensa, específicamente sobre la Dirección del Material Bélico (Dimabel), donde se detectó que no se realizaron registros contables por la venta de armas y municiones por un valor de G. 1.300 millones y la venta de créditos por G. 17.000 millones.

“Aquí, básicamente, se vendieron municiones, armas y no se registró en contabilidad, lo cual no necesariamente implica que ese dinero se robó, sino que no se registró en contabilidad, no se transfirió en la cuenta definitiva más de G. 1.300 millones que contaba con acta de entrega y ejecución final de obra. Volvemos a lo mismo con la falta de sinceramiento de los balances. Muchas veces lo que está en los balances no se condice con la realidad”, indicó.

Te puede interesar: IPS no registró facturas pendientes de pago con proveedores por G. 450.000 millones

Otra de las irregularidades detalladas fue en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), puntualmente en el subsidio de los transportistas y en el aporte condicionado relacionado a la renovación de la flota de transportes. “Al momento de la realización de esta auditoría no se pudo demostrar que se haya cumplido con la renovación de la flota, no hay evidencia de que las empresas hayan cumplido”, dijo Benítez.

Detalló además que “a partir del año 2018 el subsidio tuvo un incremento importante, cerrando el ejercicio fiscal del 2022 en concepto de subsidio al pasaje en G. 273 mil millones, con una variación del año 2014 al 2022 del 453 % del pasaje. En los años 2021 y 2022 fue transferida a las empresas de transporte la suma de G. 380 mil millones financiada específicamente con bonos del tesoro emitidos en el mercado internacional”.

Con relación a la Dirección Nacional de Aduanas, Benítez mencionó que existió una clara falta de trasparencia en los balances presentados, especialmente partidas cuya utilización restringida fue registrada como disponible. “Hay un monto de G. 26 mil millones que en contabilidad se pone como si fuera que está disponible pero en realidad por ley está restringido. No es dinero de Aduanas sino de los despachantes. Cuenta de leyes especiales del activo por G. 47 mil millones de depósito realizado por los despachantes e importadores que no fueron utilizados sobrevaluando el activo”, detalló.

Tampoco fueron incorporados como bienes de Aduanas 8 terrenos de los cuales 6 fueron evaluados en G. 11.000 millones y no se registró en el activo fijo bienes donados del Centro de Despachantes del Paraguay.

Leé también: Canciller defendió eliminación de arancel comercial consular ante senadores

Benítez precisó que entre lo que informó el IPS y lo que proveían los empresarios farmacéuticos, se evidenció una falta de registro de facturas pendiente de pagos con proveedores por aproximadamente G. 450.0000 millones.

“¿Qué significa esto? O la empresa decía ‘me debe’ y el IPS decía ‘yo ya pagué’, o a la inversa, la empresa decía ‘ya me pagó’ y el IPS decía ‘todavía no le pagué’. Es decir, cuando se hizo el cruzamiento de estos datos quedó en este valor una falta de registro de facturas pendientes de pagos. No fueron registrados intereses a pagar por G. 119.000 millones generados de los préstamos obtenidos por el IPS conforme a la Ley n.º 7037″, indicó Benítez.

Con relación a la auditoría de bienes patrimoniales, mencionó que se detectaron 9.357 bienes que figuraron en el inventario de bienes de uso como faltantes por G. 42.000 millones con paradero administrativamente desconocido. “Esta es una falencia que viene arrastrando el IPS desde hace muchísimos años, cada vez que hay cambios de autoridades, ponen en un inventario y existen bienes que no sabemos dónde están. Que figuran en el balance, pero no sabemos cuál es su paradero”, concluyó.