El analista político y experto internacional Mario Paz Castaing dijo que las medidas diplomáticas por parte de los países afectados por el cobro ilegal del peaje fluvial impuesto por la Argentina deben ser tomadas con mayor fuerza, razón por la cual sostiene que el gobierno paraguayo debe impulsar una denuncia concreta ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercado Común del Sur (Mercosur).
“Se está llegando a un extremo intolerable. Lo que quedan son medidas de retaliación y yo creo que se debe proceder a eso, se debe hacer una denuncia concreta ante los tribunales internacionales del propio Mercosur, las medidas diplomáticas, jurídicas y económicas se deben empezar a tomar con más fuerza”, comentó Castaing a la 1020 AM.
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Las declaraciones de Castaing surgieron tras la decisión de la Prefectura Naval Argentina de aplicar un embargo e interdicción de navegar sobre la barcaza MGT-05, en el distrito de Zárate (Provincia de Buenos Aires), entre los kilómetros 171 y 186 del río Paraná, reteniendo un convoy de diez barcazas de la empresa Mercurio Group SA, remolcado por el buque LaTere, de bandera paraguaya, que transporta más de 50 millones de litros de combustible de un emblema privado, con destino a Paraguay, pese a que existen disposiciones legales en el vecino país que establecen de que no se pueden retener embarcaciones que estén listas para zarpar.
“Hay que pedir una reunión urgente del Consejo del Mercado Común, una reunión entre cancilleres y hacer una denuncia más grave. A nosotros, por mucho menos, en su momento, nos sacaron del Mercosur. La argentina está impidiendo el libre tránsito de servicios, las personas y bienes que es la esencia del Mercosur, tenemos que hacernos sentir en esta instancia”, indicó el analista, aludiendo a que el bloque suspendió temporalmente a Paraguay, tras la destitución de Fernando Lugo como presidente, en junio de 2012.
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Argentina decidió aplicar el cobro arbitrario de un peaje de USD 1,47 por tonelada de embarcación a los países que comparten la vía fluvial desde el pasado 1 de enero. Desde su anuncio, la medida es criticada y considerada ilegal por la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía que integran Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay.
“Argentina está en un momento de absoluta descomposición institucional, económica y quizás esto en tres meses más tenga una solución, pero nosotros no podemos estar sujetos a las coyunturas internas políticas de la Argentina, tenemos que hacer valer nuestros derechos, existen los mecanismos y deben ser utilizados”, refirió acerca de las elecciones presidenciales del próximo 17 de octubre, con eventual balotaje en noviembre, que definirán al nuevo presidente argentino que deberá asumir el 10 de diciembre de este año.