Este jueves por la tarde, se realizó una reunión encabezada por el canciller nacional, Rubén Ramírez, junto con el procurador general de la República, Marco Aurelio González y el asesor Jurídico de la Presidencia de la República, Roberto Moreno. El tema central era analizar la posibilidad de que el Estado paraguayo recurra al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (TPRM), ante la situación suscitada con Argentina en la Hidrovía Paraguay – Paraná.
Más aún luego de que este miércoles la prefectura naval de la Argentina, volviera a retener un convoy de embarcaciones con bandera paraguaya que transporta más de 50 millones de litros de combustible de un emblema privado, a cargo de la empresa Mercurio Group SA, pese a que existen disposiciones legales en el vecino país que establecen de que no se puede retener embarcaciones que estén listas para zarpar.
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En ese marco, desde la Cancillería Nacional emitieron un comunicado, informando que las altas autoridades paraguayas iniciaron el análisis para presentar un pedido de intermediación ante el Tribunal del Mercosur, durante un encuentro que se desarrolló en la tarde de este jueves en sede de la Cancillería Nacional. Igualmente mencionaron que se estuvieron analizando diversas alternativas que serán definidas en el transcurso de los próximos días.
Cabe señalar que antes de esta reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, convocó al medio día de forma urgente, al embajador de la República Argentina acreditado en Paraguay, Oscar Domingo Peppo, para hacer saber la protesta del Paraguay por la retención irregular de un convoy de diez barcazas en la Hidrovía Paraguay- Paraná.
El canciller manifestó el malestar del Paraguay ante la situación y ratificó que el cobro de peaje viola claramente acuerdos internacionales e insistió en que se tomarán todas las acciones necesarias para revertir esa situación.
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Ley de APP es clave para la inversión en infraestructura ante restricciones fiscales
El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.
El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.
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Inversiones en infraestructura
Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.
“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.
Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.
Mecanismos para resolución de conflictos
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.
Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.
González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.
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PGR impulsó por primera vez demandas por reparación del daño bajo gestión de Peña
- Por Juan Marcelo Pereira
“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.
A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.
“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.
El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.
Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.
En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.
Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.
La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.
Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.
Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.
Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.
Caso José Orué Rolandi
Monto demandado: G. 3.010.768.440
Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada
Caso Enzo Cardozo
Monto demandado: G. 68.965.418.419
Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones
Caso Froilán Peralta y María del Carmen Martínez
Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)
Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados
Caso Gladys Cardozo
Monto demandado: G. 2.482.950.000
Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados
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Cancillería rechaza informe de Comité de Derechos del Niño de la ONU
El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió una nota a la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Paraguay, expresando su absoluto desacuerdo a la decisión tomada por el Comité de los Derechos del Niño de dicha organización, que resolvió responsabilizar al Paraguay por la muerte de dos niñas durante una operación militar contra el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el año 2020.
En el descargo de la Cancillería se señala que las conclusiones de este comité se apoyan en facultades asignadas unilateralmente a través de “metodologías internas de trabajo”, que contravienen abiertamente a disposiciones de superior jerarquía emanadas del Protocolo Facultativo, relativo a un procedimiento de comunicaciones.
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Asimismo, manifiesta que el informe conclusivo fue resultante de la investigación confidencial desarrollada por el Comité de los Derechos del Niño, y la representación diplomática recuerda que, de acuerdo al Reglamento del propio comité, establece que tanto la investigación como los documentos, y actuaciones relacionadas a ella deben tener carácter confidencial. Además, el Comité no tuvo en cuenta la información contextual y sustantiva proveída en su momento por el Estado paraguayo, “lo cual afecta seriamente la coherencia y rigurosidad” de la investigación.
“El Estado paraguayo considera especialmente grave que el Comité haya ignorado su requerimiento, oportunamente remitido mediante MPG/OI/n.° 107/2024, de que todos los documentos y actuaciones de la investigación se mantengan, como corresponde, con carácter confidencial y no sean publicados, por guardar relación con procesos y diligencias investigativas que aún se encuentran en curso en el ámbito de la jurisdicción interna”, expresa el documento.
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La Cancillería solicita a la Misión Permanente en Paraguay que se requiera al citado comité que la nota sobre la posición nacional sea publicada junto con los demás documentos relativos al proceso de investigación. Por tanto, el descargo del gobierno paraguayo rechaza categóricamente la posición que considera “poco objetiva y carente de imparcialidad”.
“Esta situación afecta seriamente la coherencia y rigurosidad de la investigación, por lo que lamentamos que el enfoque del comunicado de prensa del Comité empleó un lenguaje poco responsable, excesivamente generalizador, desbalanceado y terminológicamente impreciso, lo cual pone en duda la predisposición del Comité para entablar una colaboración realmente constructiva y de buena fe”, expresa finalmente el documento.
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Embajadora de Emiratos Árabes Unidos presentó copias de cartas credenciales ante la Cancillería
Desde la Cancillería nacional informaron que el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, recibió en la tarde de este miércoles 22 de enero las copias de las cartas credenciales de la embajadora de los Emiratos Árabes Unidos, Al-Saghira Wabran Hamad Mubarak Al-Ahbabi.
En la oportunidad, repasaron los temas de la agenda y destacaron el excelente nivel de las relaciones entre ambos países y las oportunidades existentes para seguir profundizando los vínculos bilaterales.
Con su llegada se confirma la apertura de la sede diplomática en Asunción, ratificando el compromiso de trabajar por el fortalecimiento de los lazos bilaterales entre EAU y Paraguay.
Cabe recordar que el año pasado, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, ya había adelantado que la apertura de la embajada emiratí antes de fin de año. Esto para instaurar una colaboración más cercana entre ambas naciones.
Cooperación con Japón
Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la reunión que mantuvo el viceministro, Víctor Verdún, con el embajador de Japón en Paraguay, Katsumi Itagaki, oportunidad en que resaltaron la importancia de seguir fortaleciendo el relacionamiento bilateral entre ambos países.
Se repasaron los principales temas de la agenda, entre los que se destacan los proyectos de cooperación internacional y las oportunidades para el comercio y la inversión.
Finalmente, subrayaron el compromiso de impulsar el trabajo conjunto para explorar nuevas áreas de colaboración y oportunidades de cooperación bilateral.