El presidente Santiago Peña designó el pasado martes a parte de su gabinete como miembros del Consejo de la Itaipú Binacional y al equipo técnico encargado de las renegociaciones del Anexo C. Esta determinación generó un debate sobre las responsabilidades que asumirían los ministros por fuera de sus respectivas carteras, sin tener en cuenta lo establecido en el artículo 240 de la Carta Magna, en el que se especifica que la dirección y gestión de negocios públicos están confiadas a los ministros del Poder Ejecutivo, cuyo número y funciones serán determinados por la ley.

A esto se suma el hecho de que los ministros designados como consejeros de la binacional también son miembros y representantes de otros estamentos a nivel nacional e internacional sin impedimento alguno. Tal es el caso de Carlos Fernández Valdovinos, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, y de Javier Giménez, titular del Ministerio de Industria y Comercio.

Valdovinos se desempeña como presidente del Consejo de Empresas Públicas y como jefe del equipo Económico Nacional. En cuanto a sus representaciones, las mismas son ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Desarrollo de la Región Fonplata.

Mientras que Giménez también es miembro del equipo Económico Nacional, del Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), del Consejo Estratégico de Movilidad Eléctrica, del Consejo Nacional de Logística, del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y está en calidad de invitado ocasional en el Consejo Asesor Agrario.

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Estos secretarios de Estado cuentan con responsabilidades más allá de sus funciones ministeriales, dejando entrever que su perfil estatal no se contrapone al aporte técnico que podrían ejercer en otros estamentos. Esto también se puede observar en el plano del Consejo de Itaipú, pues un rol no estaría invalidando al otro.

La jefa del Gabinete del Ejecutivo, Lea Giménez, que también fue nominada como consejera de Itaipú, ya había referido que las designaciones realizadas por el presidente Santiago Peña se enmarcan en disposiciones constitucionales.

Giménez reiteró lo estipulado en el artículo 240 de la Carta Magna, de las funciones, y puntualizó que dicho artículo se encuentra en consonancia con el 237 de la Constitución Nacional, referente a las incompatibilidades, exponiendo que existe nula contraposición de funciones por parte de los secretarios de Estado.

Recordó que el propio presidente del Brasil, Lula da Silva, también ha designado a cinco ministros de su gobierno para formar parte del equipo técnico a cargo de la renegociación del Anexo C de la Itaipú. Por ello, para Giménez, la decisión de Peña no solo es acertada en base a sus atribuciones como titular del Poder Ejecutivo, sino también válida al constituir una réplica de lo optado por el país vecino.

Peña designó a Lea Giménez (jefa de Gabinete Civil), Carlos Fernández Valdovinos (ministro de Economía y Finanzas), Javier Giménez (ministro de Industria y Comercio), Rubén Ramírez Lezcano (ministro de Relaciones Exteriores), y al asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno Ruffinelli, al titular de la Ande, Félix Sosa, y al expresidente de la Ande y exconsejero de Itaipú, Héctor Richer, como miembros del Consejo de Administración de Itaipú Binacional y parte de la renegociación del Anexo C de la hidroeléctrica.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva designó en el Consejo de Itaipú a sus ministros Alexandre Silveira de Oliveira (Minas y Energía), Fernando Haddad (Hacienda), Esther Dweck (Gestión e Innovación Servicios Públicos), Rui Costa dos Santos (Casa Civil) y Michele Caputo Neto, quienes cumplirán funciones hasta el 16 de mayo del 2024 según informaron desde Brasil.

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