La directora de Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), Gladys Fernández, manifestó que la institución ya remitió al Ministerio Público parte del informe de las irregularidades constatadas en el programa almuerzo escolar, que surgen del resultante de un total de 4.000 auditorías realizadas durante el periodo 2022/2023.
“Parte de lo que está contenido en ese informe ya fue comunicado al Ministerio Público, especialmente lo que refiere al almuerzo escolar. Son reportes que enviamos como una denuncia. Se verificó todo el proceso de licitación y adjudicación, los últimos dos años de los municipios y gobernaciones y los últimos 10 años en cuanto a lo que se refiere al Ministerio de Educación”, indicó en el programa “Así son las cosas”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
Detalló que la principal irregularidad detectada en los municipios tiene relación con el nulo control tanto en el proceso para la contratación, la recepción y distribución de los alimentos. El programa de la merienda y almuerzo escolar se convirtió en uno de los negocios más rentables de los últimos años, siendo así un verdadero atractivo para cualquier empresario del rubro de la provisión de alimentos.
“Vamos a suponer que en un departamento existan 40 escuelas, pero solo 15 fueron elegibles para el beneficio, es decir, no todos recibieron este beneficio y además recibieron el almuerzo menos días. Hay una brecha muy importante, acá se ve la gestión de las autoridades zonales y de la administración central”, indicó.
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Según el informe de la Contraloría, en los últimos 10 años (periodo 2012-2022) el total de las contrataciones de alimentación escolar adjudicadas a nivel nacional fue de G. 6.016.246.324.027, que en dólares americanos asciende a la suma de US$ 1.044.292.695. En 2022, la suma total entre gobernaciones, municipalidades y MEC fue de G. 885.298.763.498 (US$ 120.514.397).
Añadió también que las irregularidades detectadas en otras instituciones públicas se encuentran siendo “profundizadas por la dirección de auditoría forense” a sugerencia del equipo legal de la institución para determinar si ameritará el reporte de indicios de hechos punibles y la posterior comunicación al Ministerio Público.
“Las denuncias que ingresan a la Contraloría están siendo procesadas sin demoras, en este momento puedo decir con certeza que el 100 % de la instituciones del sector público están recibiendo requerimientos de manera permanente”, sostuvo.
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