Un grupo de senadores de diferentes bancadas urgió la aprobación inmediata del proyecto “que declara emergencia social ante la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y establece mecanismos urgentes de prevención promoviendo cambios culturales a través de talleres y campañas de concientización de igualdad de género entre hombres y mujeres”.

La iniciativa es impulsada por los legisladores Éver Villalba, Eduardo Nakayama, Líder Amarilla (PLRA), Basilio “Bachi” Núñez, Lizarella Valiente, Arnaldo Samaniego, Colyn Soroka (ANR) y Esperanza Martínez (FG). De sancionarse en el Congreso y promulgarse en el Ejecutivo, la emergencia tendrá un periodo de 12 meses.

“Es urgente que podamos tomar acciones para contribuir que las mujeres no sigan muriendo en las manos de hombres violentos, este proyecto complementa a las legislaciones vigentes que no logran el resultado deseado”, indicó Villalba.

Asimismo el congresista detalló que el espacio de concientización deberá ser articulado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y su implementación será de una hora de manera semanal tanto en las instituciones educativas públicas y privadas.

“Se pretende que sea implementado en las escuelas, colegios y universidades, y se concientice sobre los casos de feminicidios ocurridos en el Paraguay, se analicen los hechos de violencia. Venimos de una sociedad donde el machismo está muy arraigado, tenemos que desterrar esto, la cultura de que la niña se tiene que quedar en la casa para lavar los platos, la ropa, mientras el hermano se va a estudiar”, refirió.

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Por otra parte, la iniciativa propone que todos los medios de comunicación deberán dedicar al menos 30 segundos al día durante el horario central a la promoción de la igualdad de género entre las mujeres y varones. El control del cumplimiento estará a cargo del Ministerio de la Mujer.

También se estipula que durante los meses de emergencia los funcionarios públicos deberán participar de al menos 10 horas de talleres de igualdad de género entre las mujeres y varones. El documento indica a la vez que la constancia de participación será necesaria para su promoción. “Se fomentará la equidad y la salud mental, que es una tarea pendiente que se tiene desde el Estado. Se tratará de disminuir la violencia, erradicarla”, indicó Valiente.

Por otra parte, el documento sostiene que el funcionario superior será responsable de que se cumpla el requisito, caso contrario su inobservancia implicará el mal desempeño en sus funciones. La propuesta legislativa también refiere que toda persona denunciada por violencia de género o familiar que ingrese al sistema penitenciario deberá ser evaluada por el organismo técnico criminológico de la penitenciaría para detectar su nivel de riesgo y así contar con un tratamiento.

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