El presidente del Con­greso Nacional, Basi­lio “Bachi” Núñez, anunció el lanzamiento de una iniciativa que tiene como finalidad edificar una relación más cercana entre los ciudadanos y sus legisla­dores de los diferentes parti­dos y movimientos políticos. También mediante la pro­puesta se apuntará a forta­lecer los vínculos locales con líderes y lideresas de diver­sos sectores sociales.

“Iniciaremos desde el Con­greso Nacional una agenda legislativa departamental bajo el lema ‘El Senado con la ciudadanía’. Este proyecto incluye reuniones con auto­ridades departamentales, organizaciones interme­dias, empresarios, visitas a medios de comunicación, entre otras actividades”, comentó a través de sus redes sociales oficiales.

Asimismo, el congresista de la Asociación Nacional Republicana (ANR) acotó: “El objetivo es acercar el Senado a la ciudadanía y fortalecer el diálogo directo sobre las necesidades y prio­ridades de cada región del país. Estaremos informando sobre los primeros departa­mentos que visitaremos con los colegas parlamentarios”.

El también dirigente político del departamento de Presi­dente Hayes forma parte del primer anillo del jefe de Estado, Santiago Peña, y es uno de los principales miembros del denominado equipo comando del movi­miento Honor Colorado, que se reúne de manera mensual con el fin de anali­zar las medidas que tomó el Gobierno durante los últi­mos meses, así como tam­bién para proyectar inicia­tivas que serán de beneficio nacional.

Los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos con­tra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos y agentes del Ministerio Público se constituyeron hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) con la finalidad de verificar el avance de las obras financiadas con el fideicomiso firmado entre la previsional y una entidad bancaria local.

“En el contrato que se ha estipulado se estableció no solo el desarrollo, sino la culminación de las obras emblemáticas. Habíamos recibido los informes de la auditoría interna del instituto donde se denunciaba que algunas obras fueron sustituidas por otras, pagos que aparentemente fueron efectuados sin que las mediciones posteriormente coincidan con las planillas acordadas, entre otras cuestiones”, expresó el senador Dionisio Amarilla, titular de la comisión.

La verificación in situ se centró específicamente en las obras varadas del Centro Hemato-Oncológico, localizado sobre la calle Manuel Peña, zona del Parque de la Salud. Por parte del Ministerio Público estuvieron presentes los agentes María Soledad Machuca y Néstor Coronel.

“Venimos a verificar los avances, conocer la versión de quienes han hecho las auditorías y por sobre todas las cosas dar a conocer a la sociedad paraguaya cómo se aplican los recursos económicos que aportan los empleados y empleadores”, indicó el parlamentario a los medios de prensa.

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Mediante una auditoría interna del IPS se reveló una rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del IPS durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

“El fideicomiso se firmó a fines del año 2017 para que este Hospital Hema­to-Oncológico se encuentre construido en el año 2020. Se depositó la plata, el dinero estaba. La obra fue recibida (por el gobierno de Abdo Benítez) con un 4 % de avance y hoy está con un 14 % de avance. Ahora queda en manos del Ministerio Público determinar por qué estas obras no fueron terminadas, si hubo o no hubo dolo no nos corresponde determinar a nosotros, pero como comisión bicameral nos enteramos de esto y no podemos cerrar los ojos”, indicó Leite.

Asimismo acotó: “Tenemos que venir a entender por qué un hospital cuya plata estaba depositada en un banco está en este estado. Nosotros no somos culpadores ni exculpadores, pero la pregunta que yo siempre me hago es a quién le vamos a reclamar por la gente que se murió al no tener tratamiento de seguro contra el cáncer. La plata que había para esta obra se usó en otra cosa, esto antes era un pozo, ahora ya está más alto, tiene un tercer piso”, lamentó.

La auditoría bajo la gestión del actual titular del IPS, Jorge Brítez, detectó desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

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La Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), dio a conocer un comunicado en el que apoya el proyecto de “Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”, que será tratado mañana en sesión ordinaria en la Cámara de Senadores. Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados.

Esta comisión señala que este proyecto será beneficioso para los funcionarios públicos, sin distinción de banderas políticas, credos o religiones. El documento lleva la firma de Julio Ariel Cáceres, presidente de esta comisión, además de de Nelson González, secretario; Antonio Dubrez y de varios miembros y asesores.

“Atendiendo la complejidad y lo que representa para los miles de funcionarios públicos, la Comisión Permanente ha anticipado y escuchado las necesidades de todas las organizaciones, sectores gremiales y sindicales de los diversos organismos del Estado y se ha pronunciado en las audiencias públicas y reuniones técnicas con autoridades gubernamentales”, señala el comunicado.

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Agrega el documento que “lamentamos la campaña mediática de desinformación masiva a la opinión pública en su afán de descalificar la gestión del Gobierno del Paraguay y pretender imponer confusiones con respecto al verdadero espíritu de esta ley, cual en verdad es, lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en las Instituciones Públicas”, agrega el comunicado.

El pronunciamiento igualmente refiere que en este contexto, expresa el apoyo al presidente Santiago Peña y al proyecto de Ley, cuya implementación será importante herramienta para la modernización del Estado. La coordinación de esta comisión permanente está a cargo de Fernando Ayala, miembro de la Junta de Gobierno.

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El líder de bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Senadores, Natalicio Chase manifestó que existen los votos necesarios para otorgar la media sanción del proyecto de reforma del servicio civil que tiene como finalidad iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público, principalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo.

“Yo estoy seguro de que existen los números para la aprobación. Hay muy poca oposición y si existen serán sobre algunos artículos particulares, pero en general casi todos los senadores estamos de acuerdo con la aprobación del proyecto de ley”, manifestó en una entrevista en el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Chase defendió a la vez exceptuación del Congreso Nacional y el Poder Judicial de la iniciativa que según sus afirmaciones no introduce cambios drásticos respecto a la Ley 1626 de la Función Pública, sino que se enfoca en mejorar la organización y hacer aplicable el sistema burocrático actual.

“Al final y a cabo menos del 3 % de todo el funcionariado público es del Poder Judicial y el Poder Legislativo. El 97 % de los funcionarios son del Ejecutivo. Sería inaplicable si fuera unificado, por ejemplo si hablamos de los tiempos de trabajo del sector docente, no se le puede aplicar 8 horas de trabajo cuando tienen un sistema de trabajo menor o mayor. Son todas situaciones particulares, el Estado es más complejo que un solo tipo de funcionario”, comentó.

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Además, el congresista aclaró que instituciones con normativas propias, como el Banco Central del Paraguay (BCP), el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el sector docente, también se encuentran excluidos de la propuesta.

“El proyecto de servicio civil excluye parcialmente al Poder Judicial y al Poder Legislativo en el manejo particular de la aplicación de la ley porque el rector de la política salarial sigue siendo el Ministerio de Economía y Finanzas y con un criterio de independencia y equilibrio de los poderes es que el proyecto de ley tiene este análisis particular, dijo Chase.

Sus afirmaciones fueron respaldadas por su colega Mario Varela citando el artículo 3 de la Carta Magna que garantiza un equilibrio de poder y control recíproco. “Si existe una concentración total y absoluta de parte del Ejecutivo esto podría poner en peligro la autonomía total”, comentó.

En lo referente a las políticas salariales, refirió al programa “Arriba hoy” que el Ministerio de Economía y Finanzas continuará estableciendo los lineamientos, pero cada poder conservará la potestad de definir perfiles y tipos de asesoría en sus propios ámbitos. “Algunos reclamos son atendibles, especialmente en el tipo de cargos, que deben cumplir con requisitos de experiencia y competencias adecuadas”, refirió.

Asimismo, Varela abogó por la inmediata aprobación del proyecto sosteniendo que la actual ley es prácticamente inservible. “La ley actual 1626 es prácticamente inaplicable, tiene cientos de pedidos de inconstitucionalidad y varios de sus artículos ya no están vigentes, entonces la necesidad de la modernización de la gestión pública se impone y es una necesidad absoluta”, manifestó.

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