La senadora Celeste Amarilla (PLRA) participó en reiteradas oportunidades en votaciones para aumentar el presupuesto de la Gobernación de Central, institución que contrata de forma constante a una empresa amiga de la legisladora para la provisión de alimentación escolar. La legisladora reconoció en sus declaraciones juradas que seguía cobrando deudas a esa firma en particular.

Juan Carlos Lezcano

Cada uno juzga por su condición, plantea un viejo axioma popular. Refrán ligeramente modificado porque la senadora Celeste Amarilla amenaza con querellas a diestra y siniestra cuando se trata de hablar de sus vínculos e intereses con el alimento escolar.

El refrán hace referencia a lo que en psicología se conoce como proyección: un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otras personas o cosas sentimientos, deseos, cualidades o defectos que no se reconocen o se rechazan en sí mismo.

En la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora liberal acusó a su colega Gustavo Leite de impulsar un proyecto de ley para beneficiar a su amigo. Amarilla no hizo siquiera referencia a la cuestión de si la legislación que beneficia la venta de etanol sería positiva o no.

Y si hay algo de lo que sabe muy bien la senadora Amarilla es de formar parte de debates legislativos que podrían beneficiar a sus amigos o hasta a ella misma.

El caso más reciente de estos debates tuvo lugar el año pasado, cuando Amarilla formó parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) a la que acudió el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia.

Estigarribia solicitó una ampliación presupuestaria, alegando que necesitaba de los fondos para poder cumplir con el almuerzo y la merienda escolar a lo largo del 2024.

Y es ahí donde entran los intereses de la hoy senadora liberal. Y es que Celeste Amarilla tiene un vínculo muy cercano con la firma Latin Food SA, otrora llamada Arcángel SA, empresa dedicada a la provisión de alimentos.

De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.

En total, esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.

LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavi­án y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.

Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Ama­rilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.

La drástica reducción en las deudas con Amarilla coincidió también con la presencia ininterrumpida de la misma en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es que, de acuerdo con la página web del Congreso, la misma ha formado parte de la CBP todos los años desde 2018.

Es decir, desde que ingresó al Congreso formó parte del estudio del presupuesto de las instituciones que contrataban a la que alguna vez fue su empresa y que le seguía debiendo dinero.

Volviendo a los vínculos de Amarilla y LF con la Gobernación del departamento Central, los datos revelan que ésta es la que más dinero adjudicó a la firma.

De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accio­naria.

De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.

El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.

Amarilla también tenía vínculos a la firma Pinoty SA. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).

Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la sena­dora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma represen­tante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.

Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amari­lla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como dipu­tada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.

De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.

La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Cen­tral, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.

Nuevamente, Amarilla es una de las que debe analizar primero en la CBP y luego en el pleno del Senado, los pedidos de aumentos de las instituciones que le deben a la empresa que le debe dinero.

Así que, como ya señalamos líneas más arriba, si hay algo de lo que sabe muy bien la legisladora liberal es de votar para favorecer a sus amigos.

El senador Derlis Maidana, titular de la comisión de Legislación, destacó como un día histórico para el Paraguay, la jornada de la Cámara de Senadores, que luego de un largo análisis dio media sanción al proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), que fusiona la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catas­tro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia para trabajar juntos en un solo registro.

En comunicación con el programa Cuenta Final, de la radio Universo 970Am/Nación Media, destacó que fue una jornada legislativa exitosa, porque concluyó con el estudio de los 217 artículos con lo que quedó constituido el proyecto de ley, luego de que fuera aprobado con modificaciones con 31 votos a favor.

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El legislador explicó que luego de que se aprobara en general, se le dio tratamiento de código, y esto permitió que se le otorgara un tiempo a los senadores para que presentaran sus objeciones, lo que permitió que 95 artículos no fueran objetados, por tanto fue aprobado inmediatamente y solo los restantes fueron discutidos, artículo por artículo, durante la sesión. Mencionó que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su consideración.

Como puntos resaltantes de la propuesta de ley es la unificación de las tres instituciones que están involucradas en el tema de titulación de tierras. En lo que respecta a la mensura, se introduce esta figura de Mensura Administrativa a pedido del Colegio de Escribanos, ya que anteriormente solo se tenía la mensura judicial.

Asimismo, destacó que el RUN será una dependencia que estará a cargo del Poder Judicial, va contar con un gerente, que será nombrado previo concurso público de oposición y durará en su mandato 5 años.

En cuanto a los plazos, explicó que antes se establecían 20 días corridos, pero ahora pasan a 30 días hábiles. “Porque antes era letra muerta, porque a un trámite se daba mesa de entrada y se iba a meses y años su proceso. Ahora se establecieron los plazos para cada uno de los trámites”, acotó.

Agregó que incluso en el artículo 78 se especifica que hay un urgimiento y responsabilidad de los funcionarios públicos y sanciones por casos de incumplimiento.

Maidana destacó además que se introdujo todo un capítulo para el régimen de tierra para los indígenas, a petición de la senadora Yolanda Paredes. Señaló que los artículos 134 al 137 se dedica todo lo relacionado a la propiedad de los pueblos indígenas, conforme al artículo 64 de la Constitución Nacional.

“En cuanto a las tasas, también se establece un sistema de tasas proporcionales en el sentido de que el volumen de las operaciones, y a la dimensión de la tierra uno va a pagar más o pagar menos. En líneas generales, se mantiene el régimen de las tasas”, precisó.

Señaló que se trata de una nueva institución, en el caso de que reciba la sanción por parte de la Cámara de Diputados, y están seguros de que eso pasará ya que cuentan con la mayoría a favor; y el presidente de la República está dispuesto a promulgarla. Indicó que la intención de todo esto es ayudar a que todo lo relativo a la escritura y tenencia de tierra mejore y se brinde transparencia a esto.

“Con esta nueva institución vamos a transparentar todo lo relativo a la tenencia de la tierras, principalmente a lo que hace a las escrituras, a los títulos, y por supuesto habrá mayor control. Además, permitirá que el ciudadano tenga una sola ventanilla a la que recurra y no que tenga que andar mendigando en Catastro, en Geodesia, luego tenga que ir a Registros Públicos”, expresó.

El senador Maidana, indicó que al igual como ocurrió con la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas, para la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), será de aplicación inmediata una vez sancionada, y todos los funcionarios de las instituciones afectadas al pasar al RUN mantendrán su antigüedad, beneficios laborales, pasarán a trabajar igual en esta nueva institución.

Asimismo, indicó que en un 85 % de los requerimientos de Colegios de Escribanos se han contemplado en el proyecto de ley que fue sancionado. “No decimos que tiene el 100 % de las manifestaciones del Colegio de Escribanos, pero básicamente en un 85 % se ha cumplido. Por ejemplo, se estableció una modificación que hicimos en el artículo 144, en el que se habla de la habilitación y competencia para realizar los servicios de mensura que el proyecto original no incluía”, precisó.

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La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) lanzó este martes una campaña de exoneración de intereses para usuarios con cuentas morosas, destinada a ayudar en la regularización de sus deudas y aliviar su situación financiera. Esta iniciativa, impulsada por instrucciones del Presidente de la República, estará vigente hasta el 31 de enero de 2025.

Como principal beneficio, la campaña ofrece exoneración total de intereses moratorios para usuarios con cuentas activas y cortadas que puedan realizar el pago al contado. Además, para aquellos que no pueden cancelar la totalidad de su deuda en una sola cuota, Essap facilita planes de fraccionamiento, con un pago inicial mínimo del 10 % y financiación hasta en 36 meses.

La campaña también incluye un descuento del 50 % en recargos administrativos para regularizar conexiones clandestinas o irregulares. Essap habilitó sus Centros de Atención al Público en Asunción, San Lorenzo y oficinas regionales en el interior del país para recibir a los usuarios interesados. Asimismo, se encuentra disponible el número telefónico 021-162 para consultas.

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El senador Derlis Maidana afirmó que la propuesta del Ejecutivo consistente en modificar la distribución tributaria de lo recaudado por las intendencias sí requiere de una enmienda constitucional. Calificó como tendenciosas las publicaciones de algunos medios de comunicación que alegan que mediante la iniciativa se pretenda la reelección presidencial.

“Yo sostengo que las modificaciones deben ser por enmienda. Esto tiene su procedimiento, debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional y luego se le faculta al Tribunal Superior de Justicia Electoral a convocar a un referéndum constitucional dentro de 80 días hábiles, para que se vote por el sí o por el no”, sostuvo al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De esta manera el legislador rechazó que el planteamiento para que las intendencias retengan el 100 % de lo que recaudan pueda darse mediante un proyecto de ley o con un decreto presidencial. “Esto será como aquella vez donde se permitió el voto de los paraguayos en el exterior, el pueblo tendrá la última palabra”, remarcó.

El artículo 169 de la Constitución Nacional referente al impuesto inmobiliario menciona que corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades.

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Indica que el setenta por ciento de lo recaudado por cada municipalidad quedará en propiedad de la misma, el quince por ciento en el departamento respectivo y el quince por ciento restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos.

“La enmienda presidencial no está en la agenda del presidente de la República. Ya lo dijo durante su campaña política. Las publicaciones realizadas son tendenciosas. Peña fue claro, solo habla de la enmienda con relación al impuesto inmobiliario”, afirmó Maidana.

El parlamentario señaló que se encuentra a favor de que en Paraguay se establezca la posibilidad de que un mandatario vuelva a ser reelecto. “Las mayores democracias del mundo como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile tienen reelección, algunos de formas seguidas y otras alternadas. Plantear una reelección presidencial es algo expresamente establecido en la Constitución Nacional”, mencionó.

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