Tras las múltiples deudas que salieron a flote en distintas instituciones, el senador Derlis Maidana afirmó que esto penosamente no resulta extraño puesto que la administración del expresidente Mario Abdo Benítez fue discrecional y carente de políticas públicas. Ante esta situación de millonarias deudas estatales, se analizan varias alternativas, explicó el legislador.
“Estamos en una situación de emergencia, debemos calzar el Presupuesto General de la Nación (PGN), hay que hacer modificaciones legales pertinentes”, detalló el parlamentario en diálogo con Nación Media. Manifestó que la Contraloría General de la República debería colaborar en la revisión de las deudas, a modo de determinar el estado de las mismas e identificar aquellas con las que se debe cumplir inmediatamente.
El viceministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, comunicó sobre los USD 550 millones en deudas heredados de la era Abdo, indicó el senador Maidana, quien recalcó que no se descarta que vayan saliendo a flote muchas más. No obstante, señaló que todo está siendo objeto de análisis por la administración actual.
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“Se sabe que el gobierno anterior se manejó con mucha discrecionalidad, donde lo que menos hubo fueron políticas de Estado, cada institución se feudalizó. Se hacían manejos de acuerdo a su antojo, no respetaban la ley, el endeudamiento fue totalmente irresponsable, la ejecución presupuestaria no pasó del 50%”, refirió Maidana.
El legislador cuestionó que este cúmulo de irregularidades no hayan motivado la actuación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la que estuvo liderada por René Fernández, uno de los férreos aliados al abdismo. “No hizo absolutamente nada respecto a los robos en pandemia, entonces lo que ahora pedimos son informes, espero que haya buenas auditorías”, aseveró.
El senador indicó que las deudas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a las vialeras ronda los USD 160 millones, mientras que el Ministerio de Salud adeuda cerca USD 190 millones. “Se va a elevar el tope del déficit fiscal del 2,3 al 4,1 %, se necesita una nueva autorización del Congreso para que el Ejecutivo no viole la ley de responsabilidad fiscal. Es una situación que tiene el nuevo gobierno y que debe enfrentar”, afirmó.
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