La defensa del exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien debe estar sentado en el banquillo de los acusados como cualquier procesado, recurre al mismo modus ope­randi presentando chicanas al igual que el caso filtración de información de Seprelad para evitar ser juzgado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado por mante­ner vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

Esta vez el acusado Arnaldo Giuzzio designó como nuevo abogado defensor a Emi­lio Fúster y pidió al tribu­nal de sentencia la suspen­sión del inicio del juicio oral atendiendo a que nece­sita tiempo para poder pre­parar la defensa del proce­sado. Este tipo de chicanas, que es similar a la del caso filtración de información, es una muestra más que el exministro de Mario Abdo Benítez no quiere someterse a la Justicia y recurrirá a los actos dilatorios para evitar ser juzgado.

Giuzzio anteriormente estuvo siendo representado por el defensor público Fran­cisco Acevedo, quien ahora deja de ser defensor del acu­sado y asume Fúster, quien es abogado del exsecretario de Estado en el proceso penal que enfrenta por siete delitos por el caso conocido como fil­tración y producción de infor­mación falsa de Seprelad.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el pre­sente caso está integrado por los jueces Adriana Pla­nas, Yolanda Morel y Karina Cáceres, quienes ya fijaron para el 3 de marzo de 2025 el inicio del juicio oral y público de Giuzzio. Esta es la cuarta suspensión del jui­cio oral de Giuzzio.

También la fiscala Veró­nica Valdez pidió la sus­pensión de la audiencia oral fijada para este lunes 18 de noviembre. La represen­tante del Ministerio Público argumentó que está interi­nando otras unidades fisca­les y será difícil poder asis­tir al juicio oral.

El 16 de agosto de 2023, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.

El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presi­dente Mario Abdo Benítez, luego de trascender prue­bas del trato que mante­nía con el presunto narco brasileño Marcus Vini­cius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.

Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo narco brasileño para ir al Brasil en plan de vacacio­nes. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.

El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Ferreira, calificó como “un gran paso” la propuesta planteada por el gobierno de Santiago Peña que apunta a elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) con la finalidad de resguardar las finanzas de la institución. Agregó a la vez que de lograrse la vigencia de la iniciativa se terminará con una “gran cantidad de injusticia”.

“Esto es un gran beneficio para el que es honesto y es una advertencia para el que quiere hacer trampa. Para mí esto es un gran paso que tenía que haberse dado hace tiempo”, sostuvo en una entrevista con la 1020 AM. Ferreira manifestó que hoy en día la previsional debe ser una de las últimas cajas jubilatorias del mundo donde el cálculo para percibir la jubilación se realiza promediando los 3 últimos años de aportes (36 meses).

“Muchos sistemas jubilatorios comenzaron con 3 años de promedio, pero muy pronto se dieron cuenta de que daba lugar para que la gente haga trampa. Nuestro actual cálculo genera una gran cantidad e increíbles injusticias”, indicó. Las afirmaciones de Ferreira surgieron teniendo en cuenta la llamada “avivada” que realizan algunos empleados con la anuencia de los empleadores en no sincerar sus aportes.

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Ferreira resaltó que otro de los puntos importantes del proyecto de ley que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social se centra en que el 9 % de las recaudaciones proveniente de los trabajadores y el 16 % proveniente de los empleadores se quede en la institución.

“Actualmente esta plata ingresa en el IPS, pero un 9 % de lo recaudado luego vuelve a salir y es remitido al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud. Se usa el aporte del IPS también como una recaudación de impuestos y este gobierno propone que no. Ahora con esta iniciativa se establece que esos recursos queden ya en el instituto de manera a poder fortalecer el fondo de salud, esto es muy importante porque el fondo de salud está reventado, está difícil de sostener y desde hace unos 15 años gobierno tras gobierno se han tirado la pelota”, dijo.

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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú indicó que el equipo de fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez cuenta desde este miércoles con 10 días hábiles para volver a examinar los reportes de indicios punibles emitidos por la Contraloría que hacen mención a un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente de la entidad, Vicente Bataglia.

“Ayer martes se sugirió la providencia de oposición. Este juzgado entiende que es necesario que el Ministerio Público vuelva a examinar con mayor detenimiento los puntos u observaciones que hizo la Contraloría”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El magistrado acotó que “en esta primera etapa de este trámite los fiscales intervinientes pueden ratificarse de lo que ya han suscrito o pueden rectificar”. Sostuvo que “a partir de hoy disponen de 10 días hábiles para poder hacer ese análisis, lógicamente eso queda al arbitrio de los agentes si se utilizará o no todo esos plazos”.

De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública, por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que puedan proseguir la investigación.

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El médico es investigado por lesión de confianza y estafa. También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina, quienes fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.

El 31 de octubre pasado los agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría y un grupo de parlamentarios de la oposición bajo el argumento que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.

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• LA CAJA NEGRA

Los abogados presen­taron hasta la fecha una docena de inci­dentes ante la Justicia, dise­ñadas meramente para dila­tar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas manio­bras impiden que avance el caso que investiga las filtraciones de datos confidenciales.

El expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus cola­boradores están procesados por la filtración de informes confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) entre 2021 y 2022. Durante ese período, según la Fisca­lía, estos informes se habrían utilizado para afectar políti­camente a rivales internos del Partido Colorado, específica­mente a figuras como Horacio Cartes y Santiago Peña. Entre los cargos se encuentran reve­lación de secretos de servicio, denuncia falsa y asociación cri­minal, entre otros delitos.

Tras la imputación inicial en marzo de 2024, los abogados defensores presentaron múltiples acciones judiciales para detener el avance de la causa, señalando que se trataba de una persecución política y cuestionando la validez de las pruebas, pero sin sustentar estas declaraciones.

Entre las medidas adoptadas están las solicitudes de nuli­dad de imputación, recursos ante tribunales superiores, exclusión de varias pruebas, y recusaciones contra los inter­vinientes, que lograron pospo­ner las diligencias judiciales en varias ocasiones.

Ni bien se presentó la impu­tación del Ministerio Público, comenzó el concurso de los abogados chicaneros con estrategias legales para ralen­tizar y obstaculizar el proceso judicial. El 28 de octubre de 2024, el abogado Emilio Fus­ter, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, recusó a la jueza Cynthia Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron aparta­dos de la investigación.

Le siguieron las defensas de los otros procesados con más chicanas. Los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kro­naweter, defensor de Daniel Alberto Farías, plantearon una reposición y apelación en sub­sidio contra la determinación adoptada por la jueza Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emi­lio Fúster.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Sepre­lad. Al respecto, los involucra­dos solicitaron que esta prueba no sea aceptada en la causa.

Así también el abogado Kro­naweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autoriza­ción judicial para la extracción de datos como acto investiga­tivo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.

El 1 de abril, el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad Car­los Arregui, presentó una recusación contra los cama­ristas que debían confirmar a la jueza recusada inicialmente por Fuster, elevando la causa a la Sala Penal de la Corte. El 21 de agosto, la Cámara de Apela­ción, integrada por los cama­ristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gus­tavo Aguade, confirmó la com­petencia de la magistrada Cyn­thia Lovera tras estar casi cinco meses trabado el proceso penal. Sin embargo, el 2 de setiem­bre, el abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio, volvió a paralizar el proceso, al presentar una apelación gene­ral contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que con­firmó a la jueza Lovera.

El 6 de noviembre, la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la apelación y confirmó la com­petencia de la jueza en el pro­ceso penal. No obstante, para evitar que el proceso pueda seguir su curso, la defensa del imputado Daniel Alberto Farías solicitó la nulidad de la resolu­ción del Tribunal de Apelación que hizo lugar al pedido de pró­rroga de la Fiscalía para que pueda investigar hasta el 11 de marzo de 2025. Ahora los inte­grantes de la máxima instancia judicial tendrán que resolver la nueva chicana para que luego pueda bajar el expediente judi­cial al Juzgado Penal de Garan­tías, que deberá fijar la fecha de audiencia de imposición de medidas y a su vez estudiar la decena de chicanas que siguen pendientes de resolución.