La jefa de Gabinete de la Presidencia de la República, Lea Giménez, sostuvo que es necesario que la ciudadanía conozca el estado de endeudamiento en que dejó a su paso el gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez. El manejo desprolijo que se tuvo de los recursos públicos representa una preocupación para la administración presidencial de Santiago Peña, debido a que se requiere de una economía estable para impulsar sus promesas de campaña.
“Estamos empezando a conocer cuál es realmente la situación de cada una de las instituciones, estamos reconstruyendo para entender cómo es posible que se hayan generado deudas y que no se haya tenido la capacidad de cubrir. ¿Dónde se fue el dinero?”, manifestó en una entrevista con la radio 1080 AM.
“Todavía estamos procurando entender dónde terminó el dinero. Estamos haciendo un análisis forense de cada una de las instituciones para luego comunicar a la ciudadanía porque consideramos que es demasiado importante que se conozca exactamente como encontramos cada uno de los ministerios y secretarías”, sostuvo.
Al respecto la economista y exministra Hacienda, detalló que en el Ministerio del Interior, el gobierno anterior dejó una deuda flotante de 40 millones de dólares, mientras que en la Policía Nacional existe un pasivo de 200 millones de dólares. Otra de las instituciones estatales afectadas es Petropar. Giménez había recordado que en el inicio del gobierno de Abdo Benítez, el ente poseía en caja un total de 206 millones de dólares que terminaron esfumándose.
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La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) es otra de las instituciones donde existe un alto nivel de endeudamiento con las proveedoras, que abarca un monto de G. 30.000 millones. También existe un débito con las vialeras de 370 millones de dólares y 190 millones de dólares con los proveedores del Ministerio de Salud Pública.
“Se harán los cortes administrativos, auditorías incluso análisis más profundo, llamar a la Contraloría para que nos apoye dependiendo de cada caso. No hay una intención de encontrar problemas, pero la realidad es que cuando uno encuentra una situación que no se explica, tenemos la obligación y la responsabilidad de tomar conocimiento de qué pasó con el dinero público”, puntualizó Giménez.
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