El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo un conversatorio virtual que reunió a expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta Paraguay en la construcción de un Estado moderno, eficiente y centrado en la ciudadanía.

Esto se dio en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay (PNDP) 20250. Uno de los temas principales que abordaron fue sobre cómo potenciar la digitalización para transformar la gestión pública, destacando cómo la adopción de tecnologías puede reducir la burocracia, agilizar los procesos administrativos y mejorar la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población.

Se subrayó la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de Planificación, así como de mejorar la coordinación entre el gobierno central y los locales para avanzar hacia una descentralización efectiva. Además, se discutieron las nuevas formas de trabajo colaborativo dentro del sector público, alineadas a los cambios tecnológicos y sociales que redefinen las competencias del funcionariado público.

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La reunión se dividió en dos días. En la segunda jornada se centraron en hablar sobre la importancia de construir una gestión pública basada en evidencia, con énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana. Resaltaron el papel estratégico de los datos y las estadísticas en la formulación de políticas públicas, destacando el uso de registros administrativos como insumos clave para la planificación y la toma de decisiones informadas.

La viceministra de Capital Humano, Andrea Picasso, compartió los avances en las reformas que se vienen impulsando desde el Estado, incluyendo los procesos de fusión institucional, los desafíos normativos y las transformaciones orientadas a optimizar la gestión del talento humano y los servicios públicos.

El MEF informó que este encuentro promovió una reflexión conjunta sobre los cambios estructurales necesarios para consolidar una gobernanza más abierta, adaptativa y eficiente con miras al 2050. Las sesiones contaron con la participación activa de representantes de diversas instituciones públicas y especialistas nacionales e internacionales, quienes coincidieron en la importancia de construir una visión compartida sobre el futuro del Estado.

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Este conversatorio se suma a otros espacios de participación y construcción colectiva del PND, que incluyen diálogos temáticos desarrollados previamente sobre capital humano, energía y salud; talleres en territorio y espacios virtuales con la ciudadanía; y mesas de trabajo con Organismos y Entidades del Estado (OEE), reafirmando el compromiso de construir un plan participativo.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.

A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.

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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.

Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.

Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.

Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.

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El presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Gustavo Bernal, indicó que la instancia electoral aún no fue notificada acerca de la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre la suspensión de las elecciones internas partidarias del 17 de agosto de este año.

El tribunal de primera instancia de la Justicia Electoral hizo lugar a varias medidas cautelares, a raíz de la suspensión de la adquisición de las máquinas electorales, por lo cual también se suspenden estas elecciones internas.

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“Nosotros estamos llevando con toda normalidad hasta la fecha, sin ningún problema. Nosotros todavía no fuimos notificados de estas medidas, una vez que tengamos eso, evidentemente nos vamos a estar reuniendo para poder deliberar de alguna u otra manera cuál sería las circunstancias a partir de ahí. No tenemos aún el contenido de esa resolución, en qué se basa”, dijo el titular del TEI en conversación con La Nación/Nación Media.

Bernal mencionó que una vez que se cuente con la resolución de la máxima autoridad electoral se analizará cuál será la decisión a tomar. “Una vez que tengamos evidentemente lo vamos a analizar el contenido de la resolución y después vamos a hacer un pronunciamiento, si seguimos o paralizamos ahí. Se paraliza, no es que se suspende”, señaló.

Aclaró que las elecciones no fueron canceladas ni prorrogadas, sino suspendidas temporalmente. Citó como ejemplo la ley que amplió el mandato de los intendentes por la pandemia en el 2019, por la cual el Tribunal Superior ya sacó el calendario y las elecciones se debieron realizar en el 2020, pero se prorrogó al 2021.

“De la misma forma, si existe una resolución o una medida cautelar, lo que se hace es suspender, no anula todo el proceso que se venía haciendo, como las inscripciones de los movimientos, la presentación de las afiliaciones, la habilitación de varios locales en diferentes puntos del país y el exterior, esos trámites ya se cerraron conforme al calendario”, sentenció.

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Técnicos de gremios de la producción de soja realizarán la próxima semana una misión a Europa, para conversar con representantes del Comité Europeo en Bruselas. La intención es mostrar una plataforma que se creó para garantizar la trazabilidad de la producción y así poder seguir exportando al viejo continente, una vez que entre a regir las nuevas exigencias.

Este fin de semana viajará a Bruselas un equipo de técnicos de primer nivel para definir el futuro de la relación comercial con Europa. Desde el lunes comenzarán las reuniones. “A nuestro regreso, evaluaremos la recepción que tuvo la herramienta y si cumple con las expectativas del mercado. Esto nos permitirá avanzar en las siguientes etapas del proceso”, dijo a La Nación/Nación Media el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo.

Los encuentros estarán enfocados en presentar una nueva plataforma que busca asegurar la trazabilidad de la soja paraguaya y cumplir con las exigencias ambientales de la Unión Europea (UE). “La idea es demostrar la confiabilidad del sistema que hemos desarrollado, que permite certificar el origen de la soja y garantizar que no proviene de zonas deforestadas”, explicó.

Actualmente, la exportación de soja a Europa representa apenas el 4 % de las exportaciones totales de Paraguay, pero los productores consideran estratégico mantener y fortalecer ese mercado. “Aunque el volumen no sea grande, es importante para quienes operan en ese nicho. Queremos asegurarnos de que siga abierto y en condiciones de operar”, manifestó a LN/NM Cristaldo.

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Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), confirmó a La Nación/Nación Media que, según la Informa, el 99,9 % de la soja producida en Paraguay cumple con los requisitos ambientales establecidos por la Unión Europea (UE), específicamente en lo que respecta a la prohibición de deforestación posterior al 31 de diciembre de 2020.

El análisis se basó en imágenes satelitales y datos georreferenciados de las parcelas productivas registradas en el país. De acuerdo con la evaluación del Infona, la gran mayoría de los productores paraguayos mantuvieron sus cultivos en áreas que no han sufrido deforestación reciente.

Esto se plantea en el marco de la implementación de la Resolución 1115 de la UE, que está fijada para el 1 de enero del 2026, que exige a los países exportadores garantizar la trazabilidad de sus productos agrícolas para evitar la comercialización de cultivos provenientes de zonas deforestadas ilegalmente.

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Cuatro gremios del sector de la producción, la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) y la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), desarrollaron en conjunto con una empresa tercerizada el Sistema de Identificación de Soja para Exportación a la Unión Europea.

Pastores explicó a LN/NM que el sistema permitirá registrar las coordenadas geográficas de las parcelas productivas de los agricultores que deseen adherirse voluntariamente, verificando mediante imágenes satelitales el cumplimiento de las normativas ambientales. Además, la plataforma documenta el proceso de comercialización, desde la producción hasta la exportación.