El dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y exprecandidato a la gobernación de Alto Paraná, Iván Airaldi, rechazó que Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, sea víctima de una persecución política. Agregó que existen pruebas contundentes que sustentan las masivas denuncias por corrupción en contra de la administración del dirigente de la oposición.
“Prieto alega persecución política, pero, sin embargo, él se tiene que concentrar en su defensa técnica de los hechos por los cuales se le imputó. Tiene varias denuncias con pruebas contundentes, incluso yo formulé tres denuncias en su contra con audios que respaldan las acusaciones de cómo se reparten el dinero público”, sostuvo.
Las declaraciones de Airaldi surgieron ante la convocatoria a una manifestación realizada por el jefe comunal para el próximo 15 de agosto. Al respecto, Prieto argumenta que es un perseguido político tras su imputación por lesión de confianza, a raíz del escandaloso caso de la aparente compra falsa de un total de 25.000 cestas de alimentos para las familias de escasos recursos, en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19.
“Se debe tener muy en cuenta que las denuncias contra Prieto no las hacen los colorados, sino la misma oposición, gente que estuvo con él trabajando. No debemos caer en este cuento sobre persecución política, es un bandido como cualquier otro bandido que malversa el dinero de una institución pública”, sentenció el liberal a través de un vídeo compartido en sus redes sociales.
Lea también: Juventud Liberal afirma que Convención actuó conforme a la legalidad
La administración del dirigente opositor convocó bajo vía de excepción una licitación en marzo de 2020, la empresa seleccionada fue Tía Chela SRL, un modesto autocervice de la zona que presentó una oferta por G. 2.949 millones, de los cuales se llegó a pagar G. 1.769.790.000.
Según la Fiscalía, dicha empresa no contaba con la totalidad de productos ofertados durante la evaluación de ofertas y tampoco se encontró ninguna documentación que avale la disponibilidad inmediata de los productos por parte de la firma, así como su experiencia, capacidad financiera o técnica para cumplir el contrato.
El caso se dio a conocer en 2020 a través de la denuncia presentada por el entonces concejal municipal, Celso Miranda. Desde entonces pasaron 3 años hasta la imputación presentada por los fiscales, Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Te puede interesar: Anexo C del tratado de Itaipú cumple 50 años