El director jurídico de la Contraloría Gene­ral de la República, Darío Ortega, manifestó ayer que la Fiscalia obvió varias irregularidades regis­tradas en el Instituto de Pre­visión Social (IPS) durante la gestión de Vicente Bata­glia. Indicó que la desesti­mación de la denuncia es algo preocupante.

“Nos causó mucha preocu­pación este caso en particu­lar, por las aristas que tiene, tomaron hechos que no for­maban parte del informe para llegar a concluir en una desestimación”, señaló Ortega.

Luego agregó que “la Fisca­lía solamente pudo verificar pago por 350 mil millones de guaraníes. Sin embargo, la deuda del IPS a proveedores era de 1 billón de dólares que hablando en dólares sería de 130 millones de dólares, o sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”.

Las preocupaciones del director jurídico de la Con­traloría fueron vertidas en el programa “Así son las cosas”, emitido por GEN TV y Uni­verso 970 AM.

El equipo del Ministerio Público conformado por Néstor Coronel, Luis Piñá­nez y Jorge Luis Arce pidió días atrás al juez penal de Garantías la desestimación de la denuncia contra Vicente Bataglia y los exconsejeros del IPS, Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Lucía Claudina Ailvera, Miguel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo.

Los citados funcionarios del ente fueron denuncia­dos a través de una audito­ría que realizó la Contralo­ría General de la República y que detectó un supuesto desfalco de 1 billón de gua­raníes, durante el ejercicio fiscal 2022 y primer cuatri­mestre de 2023.

En la denuncia se detalló que se identificó que 9.353 bie­nes de la previsional, como equipos de salud, laboratorio e informática, están catalo­gados como faltantes y tota­lizan la suma de 42.915 millo­nes, entre otras presuntas irregularidades.

Desde la Contraloría y la Dirección Jurídica del IPS aguardan que el juez penal de Garantías rechace el pedido de desestimación fiscal y cas­tigue a los responsables de las graves irregularidades admi­nistrativas que se realizaron en el ente y que perjudica a los asegurados.

Tras la probable desestimación por parte del Ministerio Público a la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente del Ins­tituto de Previsión Social (IPS), desde la propia previsional manifestaron que sorprendió la decisión de la Fiscalía General del Estado; no obstante, anun­ciaron que buscarán la forma de reabrir la causa, puesto que esto genera un mal precedente en la administración pública.

“La desestimación no implica que no se pueda reabrir la causa el día de mañana cuando existan hechos nuevos, como podría ser el caso de la audito­ría interna dependiendo de los hallazgos que se encuentren, pero sí nos sorprendió, ya que denunció el IPS, también la Contraloría, además de algunos parlamentarios”, expuso José González, ase­sor jurídico del instituto.

Como consecuencia de la denuncia de los legisladores, el Consejo de Administración del IPS había resuelto realizar una auditoría externa donde se encontraron hechos relevantes, recordó el ase­sor ante la 650 AM e indicó que llama la atención que el Ministe­rio Público no haya recurrido a su laboratorio forense para rea­lizar pericias contables para determinar si hubo o no perjuicio patrimonial.

La desestimación de la denuncia por desfalco de G. 1 billón al Instituto de Previsión Social (IPS) por parte de su expresidente, Vicente Bataglia, generó la reacción de la Contraloría y de la propia previsional, las cuales manifestaron su sospecha ante los fuertes indicios de hechos punibles. A pesar de esto, los fiscales intervinientes se defendieron y aseguraron que se agotó la investigación.

“Yo desconozco a qué auditoría se están refiriendo, la auditoría que hace a la investigación que hicimos fue con base a las auditorías de Contraloría, esos reportes hemos argumentado fundamento por fundamento a partir de informes técnicos porque si nosotros vamos a someternos a un proceso, debemos tener elementos”, expresó el fiscal Luis Piñánez.

En contacto con “12/8″, emitido por GEN/Nación Media, el agente afirmó que desconocía que existía una nueva auditoría en curso por parte de la Contraloría a la previsional, la que también incluye a la administración de Bataglia e indicó que todos los elementos remitidos por el órgano contralor, fueron analizados durante la investigación.

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“Agotamos una investigación, tomamos una conclusión y eso va a estar bajo el análisis del órgano jurisdiccional”, añadió el fiscal y aseveró que la labor del Ministerio Público no es “refrendar” lo que dicta un órgano administrativo, esto respondiendo a los cuestionamientos tanto de la Contraloría como del IPS por desestimar la denuncia.

“Esto es el resultado de los elementos en los que el Ministerio Público determinó que no existen elementos suficientes para establecer que existe una conducta punible de lesión de confianza. El juez de Garantía va a tomar la decisión, si a él le parece o no o si le da algún tipo de trámite”, sostuvo. De acuerdo a la Contraloría, durante la gestión de Bataglia se habría ocasionado un perjuicio al IPS por G. 1.630.414.082.023.

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Tras la desestimación por parte del Ministerio Público a la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), desde la propia previsional manifestaron que sorprendió la decisión de la Fiscalía General del Estado, no obstante, anunciaron que buscarán la forma de reabrir la causa, puesto que esto genera un mal precedente en la administración pública.

“La desestimación no implica que no se pueda reabrir la causa el día de mañana cuando existan hechos nuevos, como podría ser el caso de la auditoría interna dependiendo de los hallazgos que se encuentren, pero sí nos sorprendió, ya que denunció el IPS, también la Contraloría además de algunos parlamentarios”, expuso José González, asesor jurídico del instituto.

Como consecuencia de la denuncia de los legisladores, el Consejo de Administración del IPS, había resuelto realizar una auditoría externa donde se encontraron hechos relevantes, recordó el asesor ante la 650 AM e indicó que llama la atención que el Ministerio Público no haya recurrido a su laboratorio forense para realizar pericias contables para determinar si hubo o no perjuicio patrimonial.

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“Yo creo que con ese elemento debería contar la Fiscalía para eventualmente confirmar su desestimación o presentar la imputación que corresponda. Tiene que haber sanciones, sino no hay nadie que asuma ninguna responsabilidad y se deja un mal precedente para la administración pública”, aseveró.

Igualmente, manifestó que están confiados en que el juez que dará trámite a la desestimación, se opondrá a la misma y esperan que en caso de que ocurra eso, el Ministerio Público rectifique su dictamen. González advirtió que, caso contrario, impugnarán lo que resuelva el juzgado, pero mientras tanto, queda aguardar la decisión del Poder Judicial

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Desde la Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Dario Ortega, sostienen que el Ministerio Público evadió profundizar sobre los reportes de indicios de hechos punibles que fueron detectados en la gestión del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia. El caso judicial guarda relación con el supuesto daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.

“El panorama no está completo. Hay hechos de relevancia penal que no fueron investigados por la Fiscalía, entonces como consecuencia no se puede concluir en la desestimación de la causa. Existe un montón de circunstancias que pueden derivar a otros hechos punibles que no solamente sea un daño patrimonial”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Ortega surgen tras cuestionar el pedido de desestimación de la denuncia contra Bataglia y sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina investigados por lesión de confianza y estafa.

El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez.

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Ortega indicó que la conclusión final del Ministerio Público se limita solo en las investigaciones sobre el préstamo relacionado a los fondos obtenidos por la Ley 7037 que establece el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del IPS.

“Varias de las observaciones de la Contraloría versaban sobre lo que se obtuvo como préstamo en virtud de la ley 7037, pero nuestra auditoría financiera y cumplimiento no se basó solo en estos fondos, sino que era más general. Hago esta aclaración porque cuando concluyen los fiscales pareciera ser que ellos pensaron que esta auditoría solo se refería a los fondos obtenidos en virtud a esta ley consistente para cubrir los gastos del programa de maternidad y enfermedad, es decir, para pagar a los proveedores”, mencionó.

El director jurídico de la Contraloría detalló además que si se toma por concluida la investigación, los fiscales solo se limitaron a indagar sobre un préstamo de G. 350.000 millones.

“Si asumimos como completo el trabajo de la Fiscalía en esta conclusión de desestimación, entonces quiere decir que solamente los fiscales pudieron verificar los pagos realizados por 350.000 millones, sin embargo, la deuda según el propio IPS era de 1 billón. La Fiscalía dejó de averiguar más o menos alrededor de USD 80 a 90 millones sin tener documentación a quién, por qué, cuánto se le debe. Esto representa no solo un riesgo, sino un peligro eminente de un daño que se le puede causar al ente”, lamentó.

Ortega acotó: “Ya hemos escuchado las declaraciones de los representantes de la Fiscalía que no le dan la relevancia e importancia al trabajo de la Contraloría. Los fiscales dejaron de averiguar exactamente por qué el Instituto de Previsión Social no tenía a la fecha que la Contraloría le requirió los documentos respaldatorios de esta deuda”.

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