El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, expresó su repudio a la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El legislador calificó la orden de arbitraria e injusta.

“La arbitraria e injusta decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de captura contra el primer ministro de Israel Netanyahu igualando a un estadista que defiende a su pueblo con los terroristas que lo atacan es un recordatorio más de la grave crisis por la que están atravesando los organismos multilaterales”, refirió a través de su cuenta oficial de X.

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Mientras tanto, el diputado también expresó su solidaridad con Israel y Netanyahu, teniendo en cuenta la buena relación diplomática y de amistad con Paraguay. “Nuestra solidaridad con la hermana nación de Israel y con su primer ministro”, manifestó.

Medios internacionales informaron este jueves sobre la decisión de la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el funcionario de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri.

En un comunicado, la CPI declara que tenía motivos razonables para creer que el primer ministro de Israel “es responsable penalmente de crímenes de guerra como la inanición como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

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Con el objetivo de definir medidas para el fortalecimiento y mejorar los resultados del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (Mecip), el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, llevó adelante una reunión estratégica con sus colaboradores y encargados de la implementación de este control. “Hemos logrado un cumplimiento del 100% en los indicadores más importantes, lo que nos ubica como líderes en transparencia y efectividad en la gestión pública”, apuntó el titular legislativo.

Este modelo es considerado clave para la transparencia y eficiencia institucional, permitió posicionar a la cámara como líder entre las instituciones públicas. En esta reunión, la dirección de comunicación de Diputados informó que, “se revisaron las estrategias de planificación, proyección y ejecución de procesos, destacándose la importancia del Mecip como herramienta de control y transparencia administrativa”.

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Se destaca además que la Cámara Baja, como institución logró alcanzar el puntaje máximo en la evaluación de la Contraloría General de la República (CGR) este año, con un índice de 3,37 puntos, siendo el puntaje máximo de 5,0, consolidando a la institución como un referente en cumplimiento y transparencia, marcando un retorno a los puestos de privilegio tras años de esfuerzo.

De acuerdo al último informe, refiere que el modelo Mecip, que está siendo implementado desde el 2015, evolucionó significativamente en Diputados. “El sistema de control interno, evaluado en componentes como Ambiente de Control, Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora, ha permitido identificar y subsanar deficiencias, garantizando así un uso adecuado de los recursos públicos y fomentando la excelencia administrativa”, refería este informe.

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El pleno de la Cámara de Diputados también otorgó su visto bueno a la propuesta que establece la prorroga por 60 días más de la Comisión Antilavado, encabezada por el senador opositor Dionisio Amarilla. El requerimiento surgió por parte de sus miembros con la finalidad de continuar con las indagaciones.

La votación arrojó como resultado 36 votos a favor, 9 en contra y una abstención. De esta manera la comisión bicameral estará en funcionamiento hasta el próximo 20 de diciembre y luego del receso parlamentario, desde el 2 de marzo, hasta completar el plazo solicitado.

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Días atrás un total de 21 senadores acompañaron la extensión de vigencia, mientras que 18 parlamentarios principalmente de los partidos y movimientos de la oposición se opusieron al requerimiento.

Este último martes, uno de sus integrantes, el senador Gustavo Leite manifestó que el bloque recurrirá al auxilio de la Justicia para intimar a las organizaciones sin fines de lucro (ONG) a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.

Esto teniendo en cuenta que durante las indagaciones la comisión bicameral no solo reveló el festín de las organizaciones no gubernamentales con el dinero público, sino también la financiación de candidaturas a aliados políticos de peso.

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La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria de este martes, aceptó el veto parcial del Poder Ejecutivo y sanciona la parte no objetada del proyecto que plantea modificaciones a la Ley 5444/2015, en sus artículos 7 y 11, “de fomento del alcohol absoluto y alcohol carburante”.

El presidente de la República, Santiago Peña, había objetado parcialmente la propuesta que planteaba la compra del 50 % de alcohol de caña de azúcar (existe también de maíz y otros) y mezcla del 30 % con naftas para automóviles flex. La normativa fue sancionada y vuelve al Poder Ejecutivo.

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Por otra parte, el pleno de la Cámara Baja sancionó el proyecto de ley “que establece el régimen sancionador a ser implementado en los marcos normativos que regulan al alcohol absoluto, alcohol carburante y biocombustibles. También pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

El proyecto de ley tiene por objetivo “establecer el régimen administrativo sancionador a ser implementado en los casos de incumplimiento de los marcos normativos vigentes que regulan al alcohol absoluto, al alcohol carburante y los carburantes”, explicó la diputada Cristina Villalba, en representación de la Comisión de Presupuesto que aconsejó su aprobación.

Entre las sanciones se establecen apercibimiento, multas, suspensión o anulación de los beneficios, comicios o incautación de los productos, cancelación o inhabilitación temporal de la autorización o título habilitante.

También se prevé que los denunciantes y los funcionarios que tengan participación en los procesos de fiscalización e intervenciones realizados por el Ministerio de Industria y Comercio tendrán derecho a una participación de hasta 15 % de las multas que se aplique o se cobren a los infractores.

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