El senador Derlis Mai­dana calificó como una maniobra polí­tica el pedido realizado por sus colegas abdistas Lilian Samaniego y Rafael Filiz­zola para que el expresidente Mario Abdo Benítez compa­rezca ante la Comisión de Asuntos Constituciona­les con el fin de exponer las razones de su solicitud de desafuero, ignorando que el cuerpo legislativo no tiene facultades investigativas.

“Se estila en todos los pedi­dos de desafuero escuchar al afectado para que pueda dar su versión sobre los hechos, algunos lo hacen y otros no, pero en torno al caso de Abdo es una maniobra dilatoria en razón a que el propio exmandatario ya ha manifestado públicamente, incluso presentó una nota solicitando su desafuero”, indicó Maidana, en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

La solicitud para despojar al líder del movimiento Fuerza Republicana de sus fueros fue remitido al Congreso Nacional el 14 de marzo del año 2024, tras la decisión de la jueza de garantías, Cynthia Lovera, de admitir la impu­tación formulada por la Fis­calía; sin embargo, la soli­citud quedó pendiente de tratamiento ante la defensa férrea de sus aliados oposito­res, quienes cabalgan sobre el discurso de que la imputación en su contra se trata de una supuesta persecución política.

“Nosotros creemos que hay indicios suficientes de que se montó un esquema durante el gobierno de Abdo Benítez, utili­zando información confidencial para fines políticos electorales. Seguimos manteniéndonos en nuestra postura histórica de que él y cualquier otro parla­mentario sometidos en esta causa deben tener las manos libres, que el Senado le quite sus fueros”, refirió Maidana.

El senador Derlis Mai­dana, representante de la Cámara Alta ante el Jurado de Enjui­ciamiento de Magistra­dos (JEM), confirmó que la próxima semana se tra­tará el proyecto que plan­tea poner fin a las comu­nicaciones privadas entre enjuiciados e integrantes del organismo extrapoder, debido a que existe un gran interés en devolver la cre­dibilidad ciudadana a esta institución.

“Se postergó por 7 días la aprobación en general en razón de que se va a remi­tir el proyecto a cada miem­bro del Jurado para que pue­dan hacer aportes, pero en líneas generales, estamos de acuerdo en que quienes tengan litigios de emergen­cia, ya sean abogados defen­sores, jueces, fiscales y abo­gados que hagan su descargo o presentaciones en forma pública, que se les prohíba a los miembros tener audien­cias privadas con las partes litigantes”, explicó.

En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el legislador detalló que el pro­yecto fue presentado por la doctora Alicia Pucheta en la sesión de este jueves 27 de febrero, pero se decidió pos­tergar el estudio y aproba­ción de modo a que cada uno de los miembros pueda anali­zar en profundidad y realizar correcciones o introducir ele­mentos si así lo considerasen pertinente.

“Eso está para ser aprobado el próximo jueves en general en particular y será de imple­mentación inmediata para secundar también lo que dijo el presidente electo del JEM, de que va a limpiar la institu­ción. Sabemos que otorgarle credibilidad al JEM va a tener su proceso, pero la tarea se comienza de la mejor manera y es poniéndole al frente a un magistrado de larga lucha en el ámbito de la Justicia”, refi­rió Maidana sobre la nueva elección del organismo.

Este cambio que realizará el JEM en torno a las comunica­ciones entre los integrantes y los enjuiciados responde a la recomendación de la última Cumbre de Poderes, instancia donde se instó a implemen­tar la iniciativa 28 de la Estra­tegia Nacional de Combate a la Corrupción, a través de la cual exhortan a la activación de mecanismos para restrin­gir las comunicaciones priva­das entre miembros y proce­sados, apuntando a que estas sean oficiales y públicas.

El senador Derlis Maidana sostuvo que la Cumbre de Poderes convocada por el presidente de la República Santiago Peña para este lunes, es una decisión oportuna y acertada, para tratar los últimos hechos que revelarían la corrupción en los estamentos del Estado. Destacó la decisión tomada por el mandatario para abordar este tema con los demás poderes del Estado.

“Fue una decisión muy oportuna y necesaria. Es importante trascender de los discursos e ir a la acción y quienes más que los líderes de cada institución para que puedan llegar a consensos y una estrategia conjunta que muestre claramente la voluntad política de los decisores y que eso permee en cada institución de manera a fortalecer el Estado de Derecho y que los órganos del sistema judicial funcionen, que las investigaciones sean rápidas y los culpables sean castigados”, indicó en comunicación con La Nación/Nación Media.

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El senador expresó también su confianza que de esta cumbre se puedan tomar decisiones claras y contundentes en el marco de la lucha contra el crimen organizado. “Confío en que a partir de esta Cumbre el Estado paraguayo trabajando en conjunto todos los poderes del estado hará más fuerte la lucha contra el crimen organizado”, manifestó.

El presidente Santiago Peña, convocó a la Cumbre de Poderes, tras la mediatización del supuesto esquema de corrupción y manipulación de la justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“Yo, como ciudadano y cabeza de un poder del Estado, pido que la Justicia haga su trabajo; le doy mi total apoyo para que pueda llevar adelante las acciones. Quiero que se aclare absolutamente todo, que la justicia haga su trabajo y tendrá toda la colaboración del Poder Ejecutivo”, anunciaba el presidente.

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El senador Derlis Maidana destacó la importancia de la formalización de las microempresas en el marco de la nueva Ley n.º 7444/24 para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipy­mes), pero también advirtió sobre los riesgos de exigir demasiado a las pequeñas empresas que aún no están registradas en el Instituto de Previsión Social (IPS).

En relación con el artículo 47 de la ley, que aborda la seguridad social de las Mipymes, Maidana destacó que el objetivo es facilitar la inclusión de las empresas que aún no están inscriptas en el sistema de seguridad social, asegu­rando que puedan acceder a los beneficios del IPS. Sin embargo, también advir­tió que si se imponen car­gas demasiado altas, como un salario mínimo elevado, esto podría poner en peli­gro la viabilidad de estas empresas, lo que, a su vez, afectaría a los empleados y la economía en general.

“Es fundamental encon­trar el equilibrio. Si no vemos cómo estas empre­sas pueden formalizarse sin arriesgar su estabili­dad financiera, corremos el riesgo de que muchas quiebren y que todos sal­gan perdiendo. Debemos ser conscientes de las difi­cultades que enfrentan estas pequeñas empresas y trabajar para que puedan seguir operando mientras se integran al sistema for­mal”, expresó Maidana.