En el marco de la jornada de Gobierno que se desarrolla en la ciudad de Concepción, el presidente de la República Santiago Peña, acompañado de su equipo realizó entregas y acuerdos para el desarrollo del primer departamento del país. En ese sentido, en el ámbito de la salud, el gobierno destacó la creación del Centro Regulador de Ambulancias del Norte (CRANOR) y la mejora de infraestructura sanitaria.

Aprovechando su visita, el jefe de Estado confirmó que el 30 de noviembre se subirá al portal de Contrataciones de la Itaipú Binacional, la licitación para edificar el Gran Hospital de Concepción. Estimó que el contrato se firmará el 28 de febrero, mientras que en marzo se estarían iniciando las tareas de construcción.

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El jefe de Estado, recordó que la mega obra será una realidad gracias a los recursos provenientes de la renegociación de la tarifa energética de Itaipú.

El Hospital tendrá más de 160 camas y todas las especialidades para evitar que los pobladores tengan que trasladarse a Asunción en busca de atención médica. “Con ello, el Gobierno ratifica el compromiso de ampliar la cobertura médica en el primer departamento del país”, sentenció Peña.

Por otra parte, el jefe de Estado acompañó a la ministra de Salud María Teresa Barán en la inauguración de un consultorio odontológico inclusivo y se brindó apoyo a nuevas familias beneficiarias del programa Tekoporã Mbarete. Cada acción refleja el compromiso del Gobierno del Paraguay con el bienestar y progreso de Concepción, afirmaron.

La jornada de Gobierno, también fue propicia para la entrega de becas, dispositivos tecnolólgicos y equipamientos esenciales para las instituciones educativas, destinados a miles de niños y jóvenes que servirá de motivación para su educación.

Igualmente, los microemprendedores fueron beneficiados con la entrega de un gran impulso con capital semilla, créditos productivos y subsidios para pescadores, fomentando el crecimiento y el empleo local.

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El director del Sistema 911, Hernán Escobar, informó que el proceso de licitación para adquirir las tobilleras electrónicas está próximo a concluir y que en los próximas días, ya se definirá al proveedor de este servicio. Se prevé realizar una implementación gradual adquiriendo 20 tobilleras por mes y se estableció un tope de hasta 1.000 dispositivos.

“Hemos pedido una prórroga para poder esperar que la máxima autoridad esté de vuelta. El ministro Enrique Riera está por Buenos Aires y eso significa que el lunes vamos a estar informando cuál es la empresa ganadora de la licitación y una vez con eso, en 30 días empezar con la implementación de las tobilleras”, explicó a la 650 AM.

Asimismo, indicó que la oficina creada por la ley que regula el uso de las tobillera, está integrada por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa Pública y la Fiscalía y es en este órgano en el que se está definiendo el protocolo de implementación de los dispositivos.

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“La oficina ahora está trabajando en la reglamentación de la implementación y en el protocolo de reacción. Dentro de eso también se van a establecer los perímetros de seguridad, son muchas las aristas y eso se está trabajando en este protocolo, que es el secreto de la tobillera más que el propio equipo”, afirmó.

Escobar indicó que actualmente están en la fase final de evaluación de las empresas que compiten por prestar el servicio. En el marco de la licitación pública nacional se han hecho pruebas de los equipos presentados por los cinco oferentes y se evaluaron cerca de 30 puntos de modo a determinar cuál es el cumple con todas las especificaciones.

“Fuimos marcando qué cumplía y qué no en cada producto, terminada la prueba tenemos un informe y al regreso del ministro ya tendremos una oferta económica y parte del cumplimiento de cada equipo. La propia ley dice quiénes pueden ser beneficiarios de la medida y nosotros queremos apuntar a los hechos de violencia intrafamiliar”, recalcó.

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El gobierno argentino abrió un proceso de licitación para concesionar por 30 años la operatoria de la hidrovía Paraná-Paraguay, un paso estratégico para el comercio exterior del país sudamericano y del cono sur hacia el Atlántico.

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Desde 2021 el dragado, balizamiento y señalización de la hidrovía así como el cobro de peaje está en manos del Estado a través de la Administración General de Puertos, luego de que Buenos Aires resolviera no renovar la concesión a la empresa privada Hidrovía S.A. una sociedad de la marítima belga Jan de Nul y capitales locales.

Según la resolución publicada este miércoles en el boletín oficial, los oferentes, nacionales e internacionales, podrán presentar sus propuestas hasta el 29 de enero próximo.

La Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, es una vía fluvial de más de 1.500 kilómetros de extensión, que desemboca en el océano Atlántico, por donde Argentina exporta cerca del 80 % de su producción, principalmente agrícola.

También sirve de canal de exportación para productos de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, por lo que constituye una vía estratégica para el comercio exterior de la región.

Según las bases de la licitación, el nuevo contrato establece pautas para la modernización del sistema de señalización, con el objetivo de “mejorar los servicios, reducir los costos operativos y atraer mayores inversiones” que el gobierno aspira aumenten “la competitividad del sector exportador”.

Los pliegos establecen un plan de obras que el nuevo operador deberá cumplir en los primeros cinco años de gestión.

Entre otras medidas se sumarán radares y sistemas satelitales para el seguimiento de buques, a la vez que se aumentarán medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, según indicó el gobierno.

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La licitación entregará el control de la hidrovía “comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior”, indica el texto.

Fuente: AFP

La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, aseguró que la propuesta del Poder Eje­cutivo consistente en ele­var de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) no se trata de un planteamiento improvi­sado e impulsado a las apu­radas.

“El proyecto reúne un paquete de medidas que fueron recomendadas por los efectivos estudios actuariales que se vienen realizando desde hace 20 años al IPS. Desde octu­bre de 2023 venimos reu­niéndonos con el presidente Santiago Peña y todo su equipo técnico para infor­marles sobre la situación real en la que encontra­mos al IPS y cuáles eran las recomendaciones técnicas que hacemos desde nues­tras distintas dependencias y perspectivas”, manifestó.

“Este es un trabajo con­junto realizado desde el sector técnico acompañado, comprendido por el sector político”, afirmó Cubas. Agregó que la iniciativa fue abordada desde la gerencia financiera, la gerencia de prestaciones económicas, la gerencia de salud, la direc­ción jurídica y la dirección de planificación.