El concejal del movimiento Honor Colorado Luis Bello juró este sábado como presidente de la Junta Municipal de Asunción, en reemplazo de Ceres Escobar. El dirigente político logró ubicarse en el cargo el pasado 14 de octubre mediante la votación de una amplia mayoría.

Asimismo, prestó juramento ante el pleno, el oficialista Mariano Ariel Cáceres sobre quien recaerá la vicepresidencia. Ambos ediles estarán al frente de la Junta Municipal hasta el 9 de noviembre del 2025.

El juramento de las nuevas autoridades se realizó en la sala de sesiones del legislativo municipal y contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados Raúl Latorre; el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, entre otras autoridades del municipio.

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Durante la ocasión, Rodríguez expresó su compromiso en trabajar de forma conjunta y coordinada con la mesa directiva de la junta con la finalidad de concretar iniciativas que beneficien a los ciudadanos asuncenos.

Igualmente, exhortó a los concejales a fortalecer los vínculos para seguir mejorando la capital de la república. “El trabajo en democracia, el trabajo en forma conjunta y colaborando con el Ejecutivo Municipal, es muy importante”, mencionó.

La Junta Municipal de Asunción está conformada por un total de 24 concejales de distintos partidos. Quince curules están ocupados por los representantes del Partido Colorado, cinco por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tres del Partido Patria Querida (PPQ) y una banca por parte de la Alianza Encuentro Nacional.

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El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Nelson Mora, aclaró que los fondos de la subasta alta de unas 6 hectáreas en la Cos­tanera Norte no serán utili­zados para pagos de salarios, deudas o gastos rígidos, como pretenden instalar algunos sectores políticos y sus alia­dos mediáticos. Indicó que la eventual recaudación de esta venta deberá incluirse como una ampliación presupuesta­ria, mediante la aprobación de la Junta Municipal.

“Para nosotros la garantía pasa por el hecho de que nosotros no presupuestamos esto. En el presupuesto 2024 no está la idea de la venta de tierras, era una idea, una propuesta, un sueño que teníamos, por eso no se presupuestó”, indicó Mora en entrevista a Unicanal, puntualizando que era un pro­yecto que se venía trabajando hace tiempo con los mejores urbanistas de la ciudad con el propósito de cambiar la cara de la ciudad capitalina, y que no se trata de una improvisación.

El funcionario municipal explicó que para la utilización de la eventual ganancia de la subasta deberá asignarse como una ampliación presupuesta­ria, que debe pasar por la Junta Municipal para su aprobación.

Ante la segunda acusación por parte de la Fiscalía al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, surgió una jugada que adquiere ribetes de astucia política, ya que concejales leales al jefe comunal presentaron ante la Junta Municipal el pedido de intervención de la comuna esteña, sin embargo, casi en forma inmediata los mismos votaron por el rechazo.

La estrategia de este grupo de concejales es que, al rechazar el pedido, en un periodo de un año ya no se podrá volver a pedir la intervención municipal.

Los concejales Pedro Acuña, Víctor Torales, Valeria Romero, Alison Anisimoff, y Sebastián Martínez, firmaron el documento solicitando el tratamiento del pedido de intervención y su aprobación urgente al presidente de la Junta Municipal, Víctor Torales, también firmante del pedido.

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“Venimos a solicitar la aprobación de la intervención del Gobierno municipal con base a las innumerables demostraciones de graves irregularidades que se han incurrido como es de público conocimiento”, señala el documento.

Este grupo de concejales, que responden a Prieto, pidieron la intervención de su administración sobre los hechos denunciados sobre las supuestas irregularidades en la administración de Prieto, quien cuenta con más de 40 denuncias. En el mismo documento se menciona la acusación y pedido de juicio oral y público a Prieto desde el Ministerio Público.

El concejal del sector de Honor Colorado, Ernesto Guerin, expuso esta “jugada política” por parte de sus colegas de Yo Creo, sector político que responde a Prieto. El edil explicó que el pedido de intervención fue presentado ayer, pero inmediatamente en la sesión de la Junta Municipal votaron por el rechazo.

“Fue una minuta que presentaron los concejales de Yo Creo, y al presentar la minuta ellos ya rechazaron otra vez. Una burla es lo que están haciendo. Nadie sabe cuál es la intención, lo que sí se demuestra es que ellos se están burlando de la ciudadanía y de la justicia, no sé cuál es la intención”, criticó el concejal Guerin.

Contó además que, incluso uno de los concejales firmantes del pedido de intervención del sector de Prieto está involucrado en los casos de irregularidades denunciado. “Justamente el que estaba firmando la nota está implicado, el concejal Sebastián Martínez que está implicado en el caso de Tía Chela y Tajy”, cuestionó.

Mientras tanto, adelantó que solicitarán la intervención de la Contraloría General de la República (CGR), ya que los mismos concejales oficialistas están impulsando esta posibilidad. “Vamos a pedir al contralor que venga a intervenir, si ellos mismos están pidiendo la intervención, porque ellos firmaron el pedido, y cómo es que ellos piden y ellos rechazan, no entiendo dónde está la Contraloría para intervenir lo que está sucediendo en Ciudad del Este”, sentenció.

Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdéz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acusación y solicitaron elevar a juicio oral y público en contra del intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, y otras 10 personas, en el marco de la investigación por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Se trata de la segunda causa en contra del intendente esteño. Prieto está imputado en dos casos, de una cuarentena de denuncias que tiene en su contra en el Ministerio Público.

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Concejales de la ciudad de Ñemby, departamento Central, presentaron ante el Ministerio del Interior el pedido de intervención a la administración del intendente Tomás Olmedo, imputado junto a otros funcionarios de la comuna por lesión de confianza, estafa y otros delitos.

“El pedido de intervención no es una persecución política, sino para esclarecer si existe o no un daño patrimonial, en esto estamos enfocados los concejales. Esperamos que esta vez corra en la Cámara de Diputados”, dijo Óscar Valinotti, presidente de la Junta Municipal a la 1020 AM.

Los ediles sostienen que el principal alegado que motivó a la aprobación de un pedido de intervención y su posterior presentación ante la cartera de Estado, es la existencia de una imputación por parte del Ministerio Público. Aguardan a la vez que Olmedo tome la iniciativa de apartarse del cargo con el fin de no interferir en el trabajo de la Contraloría General de la República (CGR), institución que ya se encuentra instalada en la municipalidad desde el pasado lunes.

La ley n° 317 que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/o a los gobiernos municipales en su artículo 3 refiere que la solicitud de intervención será presentada al Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Los antecedentes deberán ser remitidos a la Cámara de Diputados dentro del plazo de 6 días hábiles, la que constituirá una Comisión Especial para la investigación de los hechos denunciados, debiendo expedirse dentro del plazo de quince días hábiles.

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El segundo pedido de fiscalización fue impulsado por un total de 9 votos a favor y 3 votos en contra, y surge ante las acusaciones por un presunto daño patrimonial equivalente a un total de G. 700 millones. La aprobación se dio en medio de manifestaciones ciudadanas.

Olmedo también fue imputado por la agente fiscal Milena Basualdo por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documento público de contenido falso. La acusación se centra en que el jefe comunal junto con los funcionarios Hugo Delvalle, exdirector de Obras y Marcos Meza, actual administrador de la municipalidad, realizaron un llamado a licitación en mayo del año 2023 para la construcción de empedrados que ya habían sido pagados y habilitados en el año 2022.

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