Miembros de la Junta Municipal de Ciudad del Este emitieron un comunicado a la opinión pública, en el cual ratificaron el apoyo a las autoridades que llevan adelante las investigaciones en contra del intendente de esta ciudad, Miguel Prieto. El mismo fue imputado por la Fiscalía de Delitos Económicos por lesión de confianza, y actualmente van surgiendo más denuncias por supuestas irregularidades en la administración.
Fueron cinco los concejales que firmaron el comunicado, del sector del Partido Colorado, que son: Richard Alfonso, Federico González, Hernesto Guerin, Jaime Méndez y Liz María Pereira. Los mismos expresaron la confianza en el proceso llevado adelante por las instituciones públicas con relación al control de los fondos públicos.
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“Como concejales municipales de Ciudad del Este expresamos, por este medio, total apoyo a las instituciones públicas encargadas de velar por el manejo y utilización transparente de los fondos públicos, sustentados en las disposiciones legales que rigen para el efecto”, menciona parte del manifiesto público.
El texto hace referencia a las investigaciones que se encuentran en proceso en contra de Miguel Prieto, quien fue imputado por el Ministerio Público por lesión de confianza luego de que se haya detectado un presunto perjuicio patrimonial en la comuna de G. 1.769.790.000 en la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias humildes en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19.
“En momentos en que la Justicia, tiene a su cargo el juzgamiento de la causa impulsada por el Ministerio Público, en el marco de la investigación de acciones generadas en la Intendencia Municipal de Ciudad del Este, y que concluyera en la imputación del Intendente Municipal, ratificamos la total confianza en que toda la investigación”, afirman los concejales.
Por último, los ediles sostienen que el proceso está siendo realizado con todas las garantías procesales establecidas. “Se efectúa en el marco de la ley y de los derechos procesales, de las normas jurídicas y de las garantías constitucionales, en la seguridad de que la labor de las instituciones públicas, y la que como contralores de la gestión municipal nos corresponde ejercer, son desarrolladas con el rigor de las competencias y facultades conferidas”, finaliza el manifiesto.
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