El 19 de julio, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue imputado por lesión de confianza, tras un presunto perjuicio patrimonial en la comuna de G. 1.769.790.000 en la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias humildes en abril del 2020. Este miércoles se sumó una nueva denuncia contra el jefe comunal, alegando un daño patrimonial a la comuna de G. 14.243.328.758 durante el ejercicio 2022, aparte de G. 32.298.679.888 de los periodos 2019, 2020 y 2021.
Un grupo de ciudadanos presentó una denuncia ante la mesa de entrada de la Fiscalía de Ciudad del Este. Manifestaron que el perjuicio se debe a una mala aplicación de los recursos por impuesto inmobiliario, del fondo especial para pavimentación y el fondo de conservación para pavimentos, correspondiente a varios periodos de ejercicio municipal.
El mencionado grupo había remitido al intendente una nota con las consideraciones correspondientes en torno a las irregularidades encontradas, aparte de facilitar otro documento a la Junta Municipal para que tenga en cuenta las informaciones recabadas a la hora de realizar la revisión correspondiente en torno a la ejecución presupuestaria del 2020.
Antes que tomar medidas correctivas, de acuerdo a los denunciantes, se recibieron una serie de excusas y falta de resoluciones sobre las irregularidades presentadas. El grupo de ciudadanos consideró además que este tipo de prácticas era común por parte del ahora imputado intendente, más aún teniendo en cuenta que en el 2022 se repitió la misma situación de notificar a Prieto y a la Junta sobre una irregularidad, sin recibir ningún tipo de respuestas al respecto.
Por otra parte, el juez Humberto Otazú ya fijó para el 3 de agosto a las 11:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares para el actual intendente de Ciudad del Este. En la citada diligencia judicial se definirá si Prieto va a estar recluido o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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