Un grupo de funcionarios penitenciarios se manifestó este viernes en las calles Estados Unidos casi Teniente Fariña de la capital, como una medida de reclamo ante la postura de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), consistente en suspender temporalmente la licitación convocada por el Ministerio de Justicia para la contratación de un seguro médico por un monto de G. 68.900 millones.

“Desde Contrataciones Públicas nos manifestaron que tratarán de resolver para la próxima semana la protesta a fin de proseguir con este llamado, pero nuestra problemática es otra, ya que el 31 de julio nosotros nos quedamos sin cobertura médica”, manifestó Elizabeth Millán, del sindicato de Funcionarios Penitenciarios y Centros Educativos.

Al respecto, la DNCP aguarda que el Ministerio de Justicia responda a las consultas de la institución en torno a las protestas sobre la licitación para la contratación bianual con el fin de definir la continuidad, la modificación del pliego de bases o la suspensión total de la convocatoria.

“Nuestra mayor preocupación va más allá de los procedimientos o los intereses que hayan detrás de la licitación, lo que nosotros necesitamos es que se resguarde el derecho que tenemos a la salud, por sobre todo que el proceso garantice que la empresa que salga adjudicada sea seria, con la suficiente trayectoria y la capacidad de poder absorber esta cartera para brindarnos calidad”, refirió a través de una entrevista con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN/Nación Media.

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Agregó que la petición se centra teniendo en cuenta el trabajo que desempeñan de manera diaria. “Para nadie es novedad que el sistema penitenciario es el más vulnerable y que absorbemos de diferentes formas las enfermedades por la naturaleza misma de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos con personas, no con papeles, el 70 % de nuestros compañeros son de la tercera edad, sobrepasan los 65 años. Es más, ellos promueven los amparos para no jubilarse porque perderán la cobertura del seguro médico”, detalló.

Desde el Ministerio de Justicia deseaban concretar la millonaria licitación a menos de 30 días para la instalación del futuro gobierno. La empresa Cardioteq SA es una de las protestantes del proceso de convocatoria.

“Vamos a exigir al Ministerio de Justicia una adenda del contrato para el seguro por el plazo de dos meses. Somos 17.000 funcionarios afectados, entonces no pueden decirnos que no existe esa disponibilidad. Ahora nos preguntamos qué pasará con las cirugías programadas, qué pasará con los partos programados, las atenciones a los pacientes oncológicos, compañeros con enfermedades terminales, los tratamientos especiales de los hijos con autismo de los funcionarios”, puntualizó.

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