La Comisión de Asuntos Municipales y departamentales de la Cámara Baja había dado apertura al estudio del pedido de intervención de tres municipalidades, entre ellas la de Ñemby. La diputada Johanna Ortega, miembro de la comisión, indicó que con ese tratamiento ya se puede incluir automáticamente en el orden del día de la próxima sesión del pleno el tratamiento de una posible intervención en la mencionada comuna, para su aprobación o rechazo.
“Este pedido de intervención ingresa con varias irregularidades como en las compras públicas realizadas por el municipio y en las transferencias irregulares a las comisiones vecinales. Los concejales hablan de un cese al pago de proveedores y un aumento de la deuda pública y otros factores como nepotismo, endeudamientos indebidos, entre otros factores que llaman la atención”, señaló la diputada para el programa “Dos en la ciudad”, por GEN/Nación Media.
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Ortega indicó que para la próxima sesión prevista en la Cámara de Diputados se prevé dar tratamiento al pedido de intervención, para que luego se puedan conformar comisiones especiales para llevar a cabo la intervención solicitada. Esta acción también se solicitó para otros dos municipios, que serían Puerto Casado y Valenzuela, y de este modo se busca avanzar en la investigación del manejo administrativo de las determinadas comunas.
“Entre el próximo lunes o martes estaré haciendo una visita a diversas obras de la ciudad de Ñemby, que tienen que ver con escuelas porque hay muchas cosas llamativas como la construcción de escuelas llevadas adelante por una empresa ya denunciada. Los propios vecinos han denunciado diversas irregularidades y por ello, en contacto con líderes comunitarios me interiorizaré más en el caso”, indicó Ortega.
En el caso de la comuna de Ñemby, la mayoría de la Junta Municipal, entre liberales y colorados, coincidieron en la necesaria intervención del municipio, administrado por el intendente Tomás Olmedo. El pedido se había presentado inicialmente ante el Ministerio del Interior, posteriormente se derivó al Ejecutivo, para que se termine dando el tratamiento respectivo en la Cámara Baja y se defina la intervención.
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