La Fiscalía imputó al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras 10 personas por supuestas compras amañadas en época de pandemia de 25.000 cestas de alimentos. El agente fiscal Silvio Corbeta, quien lleva adelante este caso, explicó que se pide arresto domiciliario de todos los involucrados para evitar cualquier tipo de obstrucción a la investigación.

“Nosotros pedimos el arresto domiciliario, en primer lugar, porque fue una decisión tomada en conjunto con mis demás colegas de la Unidad de Delitos Económicos, evaluamos también la posibilidad de que siga existiendo un peligro de obstrucción en la investigación”, indicó Corbeta en entrevista para la radio 780 AM. El juez José Delmás admitió la imputación y fijó la audiencia de imposición de medidas cautelares para el 28 de julio.

Asimismo, comentó que el pedido de arresto domiciliario y no la prisión preventiva se da porque la Fiscalía ya cuenta con todas las documentaciones importantes que fueron incautadas en el procedimiento encabezado por los fiscales de Ciudad del Este Manuel Rojas y Hermenegilda Cubilla, en su momento. Estos agentes ya habían realizado los allanamientos tanto en la Unidad Operativa de Contrataciones de la municipalidad como en las empresas involucradas, entre ellas, Tía Chela (ya inexistente), de acuerdo a las explicaciones del fiscal Corbeta.

“El groso de las documentaciones ya obra en poder del Ministerio Público, entonces para nosotros ya no existiría un peligro de obstruir la investigación en ese sentido y solamente por eso hemos solicitado el arresto domiciliario de todos los procesados”, apuntó.

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El agente fiscal sostuvo que las investigaciones se sustentan con el trabajo que se realizó desde varias instituciones del Estado, que finalmente llevaron a la imputación de Prieto otras 10 personas. “Nuestra investigación se sustenta no solamente en el trabajo de la Fiscalía, sino en trabajos de diversas instituciones del Estado. Principalmente se sustentan en trabajos de la Contraloría General de la República que elaboró un dictamen, un análisis y una auditoría en particular sobre esta licitación puntual que fue objeto de imputación”, dijo el fiscal.

Refirió, además, que cuentan con el apoyo de la Policía Nacional para verificar la planilla de supuestos beneficiarios, también se realizaron pericias caligráficas a esas planillas. Así mismo, el fiscal aseguró que se cuenta con el trabajo de investigación tributaria de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que fue determinante. “Nos permitió arrojar o construir la cadena de compras de los proveedores de esta empresa fue adjudicada por la Municipalidad de Ciudad del Este (Tía Chela)”, dijo Corbeta.

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El funcionario del Ministerio Público indicó que la empresa Tía Chela cuenta con 11 proveedores declarados, mientras que el principal proveedor es la empresa denominada Vanemi SA, “que es una empresa que tiene una vinculación con el intendente, incluso el mismo lo reconoció ante los medios de prensa”.

Sin embargo, la empresa Tía Chela cuenta con otras empresas ficticias o contribuyentes que no son reales, por lo tanto, la Fiscalía presume que las operaciones realizadas por la empresa son ficticias. “Esta empresa justifica supuestas operaciones de compra-venta y de provisión de insumos de alimentos con la empresa adjudicada y a la par hay otras 3 empresas que son actualmente consideradas como empresas ficticias o contribuyentes que no son reales, de los cuales supuestamente Tía Chela se proveyó los productos que fueron contratados a la Municipalidad”, sentenció el fiscal.