El experto en criminología, abogado Juan Martens, sostuvo que es urgente frenar el avance del crimen organizado sobre el poder público, teniendo en cuenta que actualmente las organizaciones criminales no pueden funcionar por fuera del Estado, ya que necesita de sus agentes. Mencionó que un colega mexicano llama a esta situación “red de poder hegemónico”, esa intrínseca relación entre el aparato estatal y el crimen organizado.
“En nuestro país, últimamente vemos a fiscales que viven en casas que cuestan más del millón de dólares y eso es difícil de pagar con un sueldo de 17 millones de guaraníes, la investigación patrimonial es nuestra gran deuda”, declaró durante un análisis profundo del panorama nacional en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, tras la detención del esposo de Katia Uemura, fiscal de Pedro Juan Caballero, en contacto con radio 800 AM.
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Indicó que en el operativo A Ultranza PY ya se había mostrado un poco esos nexos, y ahora con el operativo Pavo Real, se vuelve a observar estos nexos o esta red de poder hegemónico. “Ojalá que esto sea el inicio de depuración y no quede sin seguimiento”, acotó.
Insistió que en la medida que no se haga una investigación patrimonial, en la medida que las declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, sea solo un trámite o un protocolo al que no se le haga un seguimiento en realidad se está incentivando el ingreso del dinero proveniente de las actividades ilícitas, narcotráfico o no, al patrimonio de funcionarios y con todas las consecuencias destructivas para el sistema de justicia y democracia que eso implica.
Remarcó que existe una cooperación necesaria entre los agentes de Justicia y crimen organizado, de lo contrario no se explica como salieron de Paraguay 40 toneladas de cocaína que fueron decomisadas en Europa, y aquí no se vio nada cómo se juntó y cómo salió.
“Estamos hablando de que no paró el cultivo de marihuana en el país, seguimos siendo el primer país productor de marihuana en el Mercosur, y todo esto se da porque hay una cooperación necesaria del poder público, de los organismos de Seguridad y Justicia con el crimen organizado, y que ahora con estos operativos vemos cuán rentable es para los funcionarios públicos tener estos nexos”, enfatizó.
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Mencionó además la insuficiencia en la lucha contra el crimen organizado pese a los esfuerzos que se jacta el Gobierno, y eso viene a confirmar estos operativos y allanamientos que se realizan.
“Se necesitan más recursos, más investigaciones, se necesitan más operativos para desmontar esto realmente. Porque lo que pasa con estos operativos es que se descabeza un grupo, pero viene otras personas a ocupar el espacio que deja las que son detenidas y así sucesivamente vamos viendo operativos tras operativos, pero que la empresa criminal sigue tan campante. Es una decisión política que se tiene que adoptar, votando por más recursos, infraestructura, y por sobre todo un castigo ejemplar a los que ingresan dinero ilegal, al sistema financiero legal”, remarcó.