El líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez, presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

El requerimiento obedece a la instalación de un esquema montado en la institución para filtrar informaciones confidenciales para el inicio de investigaciones digitadas hacia los considerados enemigos políticos del gobierno saliente. “Debemos llegar a la verdad porque la Seprelad está siendo utilizada como un garrote político para el terrorismo de Estado”, dijo a través de sus redes sociales oficiales el parlamentario del Partido Colorado.

Al respecto, el documento que deberá ser aprobado o rechazado en la plenaria refiere que surge tras las reiteradas denuncias de filtraciones de informes de inteligencia y el esquema montado por el actual gobierno dentro de la Seprelad mediante la elaboración de informes secretos, que contienen datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados para perjudicar a personas físicas y jurídicas inocentes, con fines netamente políticos.

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La solicitud realizada requiere informar sobre la normativa legal que debe considerarse para el procedimiento de codificación de los nombres de los sujetos obligados y de los analistas financieros de la Unidad de Inteligencia Financiera Seprelad (UIF). Esto para la elaboración de los informes que deben ser remitidos a los órganos jurisdiccionales y a otras entidades del Estado.

También el parlamentario solicita reportar si existen informes que se hayan elaborado sin ajustarse a las normativas legales. Además, comunicar sobre los requerimientos para iniciar una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y si se permite hacerlo de oficio y en qué casos se aplica.

La institución también deberá informar y remitir la nómina completa del personal y los que fueron desvinculados durante el 2023 (renuncias al cargo, término de comisionamientos, traslados, término de contratos).

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A la vez deberá detallarse los cargos que ocupaban y las remuneraciones que los mismos percibían en forma mensualizada desde el año 2021, 2022, 2023 hasta la fecha, con las copias de todos los documentos respaldatorios.

También deberá informar sobre los actos de administración y de disposición realizados por la Seprelad. Para la entrega de los datos se establece un plazo de 15 días hábiles para remitir el informe en formato impreso y/o magnético de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Documentos a los que accedió La Nación Media indican que la Seprelad, bajo la administración de Carlos Arregui, era la que proveía información seleccionada dirigida a los enemigos políticos del gobierno.

La viceministra Carmen Pereira figura como la principal operadora, quien ordenaba a sus leales la inclusión de personas en la lista a ser investigadas en total violación a los procedimientos internos de la Seprelad, teniendo en cuenta que ni siquiera se habían generado reportes sospechosos ni pedidos de instituciones como el Ministerio Público o la Contraloría General de la República.

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