La postura de rechazo de Paraguay hacia el peaje impuesto en la hidrovía desde este año por autoridades argentinas llegó hasta la Reunión del Consejo del Mercado Común, que ayer se desarrolló en Puerto Iguazú (Argentina), y que este martes recibe la 62.ª Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur y Estados Asociados, con la participación del presidente electo, Santiago Peña, y el actual mandatario, Mario Abdo.

“Resulta crucial el levantamiento de toda medida unilateral que genere costos adicionales. Estos costos anulan la previsibilidad del intercambio comercial, reducen la competitividad del bloque y aumentan las tensiones internas, por sus implicancias económicas y sociales”, expresó el canciller Julio César Arriola en su discurso, acompañado por el ministro designado por Peña para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, así como Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio (MIC).

“La libre navegabilidad de los ríos internacionales es indispensable, donde la hidrovía Paraguay-Paraná cumple un rol trascendental para facilitar el comercio exterior de los cinco países signatarios del Acuerdo de Santa Cruz. Por lo que cualquier medida unilateral e inconsulta en contravención con las disposiciones vigentes que afecte la competitividad de la navegación fluvial comercial encontrará siempre nuestra firme oposición”, remarcó Arriola.

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El canciller paraguayo recordó que en la más reciente sesión del Consejo de la Hidrovía, conformado por Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay, se determinó que las documentaciones presentadas no justifican el cobro de una tarifa para el paso de embarcaciones en un tramo del río Paraná.

La documentación presentada por Argentina indica la necesidad de cobrar un peaje (de USD 1,47 por tonelada de embarcación) por servicios de señalización, cambio de trazas y un sistema de identificación automática para conocer en tiempo real el posicionamiento de las embarcaciones y la navegación nocturna. Los demás países que comparten la hidrovía señalaron que los documentos fueron insuficientes para justificar el cobro del peaje y se elevó al Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) la resolución de la controversia.

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