La Cámara de Senadores aprobó sin modificaciones el proyecto de ley que modifica los artículos n.° 1, 2 y 3 de la ley n.° 7.447/2025 que establece el régimen tributario para las municipalidades. El texto contempla que el precio de las patentes vehiculares se calculará con base al 0,3 % del valor imponible del vehículo.

La Comisión de Legislación recomendó su aprobación sin modificaciones, dado que el mismo tiene “el objeto de subsanar los inconvenientes que ha generado con respecto al método del cálculo establecido para fijar los precios de la habilitación vehicular”, según explicó ante el pleno el senador Derlis Maidana.

Asimismo, el legislador manifestó que ante la falta de dictamen por parte de la Comisión de Hacienda, la comisión liderada por él resolvió solicitar la aprobación sin modificaciones y de esta forma, por mayoría, quedó sancionado el proyecto que fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

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El proyecto sancionado, además de establecer la base imponible, contempla la reducción anual del 5 % del impuesto durante los primeros 10 años de antigüedad del rodado y una vez transcurrido ese tiempo, el valor permanecerá invariable de acuerdo al valor fijado en el décimo año. También con esta ley, se crea el Registro Único de Rodados (Ruhr).

Esta institución será administrada por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv), entidad que tendrá la responsabilidad de emitir de forma anual el listado oficial de los valores imponibles de lo vehículos. Con estas modificaciones, se corrige la ley que entró en vigencia el pasado 6 de enero, la cual generó disconformidad debido a que el precio de las patentes se disparó en algunos municipios y en esta oportunidad, la nueva fórmula también regirá en Asunción.

El proyecto sancionado tiene como Cámara de origen a Diputados y el mismo fue consensuado con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), institución a través de la cual los intendentes canalizaron su disconformidad con la ley y propusieron esta nueva fórmula a la cual consideraron como más justa, puesto que equiparaba los montos entre municipalidades, evitando así la fuga de contribuyentes para este impuesto.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, dijo que no se puede descartar que la operación de espionaje impulsada por el Bra­sil contra Paraguay, en el marco de la negociación de la tarifa de Itaipú, haya tenido la compla­cencia del gobierno de Mario Abdo Benítez. Núñez manifestó que la administración abdista actuó siempre en detrimento a los intereses del Paraguay. Para sustentar sus afirmacio­nes, recordó el fallido acuerdo secreto sobre Itaipú, que guar­daba relación con la adquisición de energía eléctrica.

“En el 2019 hubo un conato de traición a la patria, donde supuestos emisarios por poco no vendieron nuestra sobera­nía energética. Con este antece­dente siempre hay que pensar lo peor, pudo haber hasta cierta connivencia con el gobierno anterior y no un espionaje a ciencia cierta”, sostuvo a los medios de comunicación.

El nefasto acontecimiento generó una profunda crisis política y social, surgiendo incluso la primera amenaza de juicio político contra Abdo y su entonces vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, cuando apenas llegaban a su primer año de gobierno.

“Hay mucha tela que cortar y se debe investigar. Se debe pedir mediante el Ministerio de Rela­ciones Exteriores, informes, explicaciones al Brasil para saber que sucedió, pero yo no descarto que haya existido una connivencia del gobierno ante­rior”, remarcó Núñez.

Los alcances y logros de las sucesivas marchas convocadas por secto­res sociales, políticos y cam­pesinos, durante la semana pasada, fueron analizados en el programa “Fuego cru­zado”, conducido por el perio­dista Benjamín Livieres y emi­tido por el canal GEN/Nación Media.

Participaron como invita­dos el ministro del Interior, Enrique Riera; el periodista Alberto Peralta y el politólogo Esteban Caballero. Las mar­chas realizadas tenían previa­mente, desde algunos sectores políticos, un discurso de con­frontación, sobre todo recor­dando los luctuosos sucesos de marzo de 1999. Incluso varias cuentas en redes socia­les, que instigaban a hechos violentos, serán investigadas por personal de Cyberdeli­tos de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Además, un fuerte compo­nente electoral se dejó sen­tir, en especial en los eventos convocados por los dirigentes de la oposición. En ninguno de los casos, estos llamados tuvieron respuesta por parte de la ciudadanía, que prefirió presentar sus reclamos alGo­bierno, de manera pacífica. El ministro Riera realizó una apreciación de las jornadas de protestas desde la óptica de la actuación de la Policía Nacio­nal en cuanto a la seguridad de todos los eventos y la atención brindada por sus elementos a la ciudadanía, que llegó hasta el centro de Asunción pero también se hizo presente con sus reclamos en otros lugares del país, como en la capital del departamento de Alto Paraná.

“Quiero rescatar lo realizado por la institución, desde el punto de vista de la defensa de la democracia, del respeto a las libertades y del compor­tamiento. También quiero res­catar el trabajo de la Policía Nacional, a diferencia de otros años, donde teníamos que ves­tir un santo para desvestir a otros, por la menor cantidad de agentes con los que contá­bamos”, explicó Riera.

Riera confesó que el uso de ciertas estrategias, como colo­car en primera línea al perso­nal femenino, han resultado exitosas porque infunden más respeto, inclusive a los perso­najes más radicales. Durante la primera marcha de personas de la tercera edad y jubilados, no hubo incidentes, a pesar de los reclamos diversos que esta gente llevó a las calles. “Hubo gente que se quejó por la jubi­lación y otros porque alguna plaza estaba sucia”, explicó el ministro.

En la segunda marcha se pro­dujo un fenómeno extraño, porque la clase política se frag­mentó de alguna manera. “Los liberales marcharon separados y entiendo que es por el pro­blema interno que tienen. El Gobierno necesita tener una oposición fuerte, y ojalá pue­dan resolver sus problemas”, agregó. También Riera recordó a otro líder de la oposición, Payo Cubas, quien descalificó a los demás dirigentes opositores.

Valoró a la organización de la Federación Nacional Campe­sina (FNC) por el nivel de dis­ciplina con que cuentan. “La gente tiene que saber, aunque parece una tontería, que en administraciones anteriores y por una actitud autoritaria, se les quería privar de los palos que portan en todas sus marchas y que para ellos es un símbolo de lucha. Era motivo de inci­dentes y ahora queremos evi­tar todo tipo de confrontacio­nes”, señaló.

Destacó que los integrantes de la FNC hablaban de “contami­nación de su marcha” por la pre­sencia de dirigentes políticos opositores. “El año pasado, la entonces senadora Kattya Gon­zález ingresó a la marcha de la FNC, caminó unos metros y fue invitada a salir, con la excusa de que el reclamo que ellos porta­ban era legítimo, pero ella no se había acordado de los campe­sinos, por tanto, rápidamente tuvo que abandonar el reco­rrido”, recordó el ministro del Interior.

Por eso esta vez los líderes opo­sitores tuvieron la precaución de realizar antes su marcha. “Creo yo porque presumían que no iban a tener tanta convo­catoria, necesitaban una foto de la plaza llena, que la mejoraron luego con un filtro “ojo de pez”, o de la calle Palma, que ya de por sí es bastante angosta, para mostrar el trayecto. Aproveché la experiencia de varios agen­tes de la Policía Nacional y les pedí que contaran la cantidad de participantes. En total fue­ron 3.995 personas el miércoles de noche, mitad campesinos y mitad clase política”, explicó.

Riera destacó la colaboración del personal del Instituto Para­guayo del Indígena (Indi) y del ministro Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y de la Ado­lescencia.

Sin embargo, cuestionó la actitud del intendente de Ciu­dad del Este, Miguel Prieto, al “arrear” a los funcionarios municipales a la plaza central de la ciudad. “En ese lugar hizo un discurso como si fuera una blanca paloma, pero tiene como 30 denuncias. Fue ensordece­dor el silencio (mediático) por lo hecho por Prieto, quien encerró primeramente a sus funciona­rios y luego los arreó. Nadie dijo una sola palabra, y yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si algo así hubieran hecho desde el ofi­cialismo? También intenta­ron cerrar el Puente de la Amis­tad, pero no se los permitimos”, confesó el ministro.

Por su parte, el periodista Alberto Peralta señaló que políticamente la marcha opositora tuvo un fuerte componente electoral.

“Creo que la marcha tiene validez para conocer quié­nes y dónde están líderes y sus fallas. La oposición debe someter a un labora­torio, todo esto que suce­dió, no solo para sacar con­clusiones electorales, sino para emitir un mensaje a la ciudadanía. Hubo gente con más apoyo, otros tuvieron mejores discursos, hubo gente con el discurso de siempre, que ya no cala en la ciudadanía. La oposición tiene que buscar en estos ejercicios el rumbo para convertirse en una opción con peso”, señaló el perio­dista.

El politólogo y periodista Esteban Caballero expresó que las protestas callejeras son una manera de asentar presencia y si existe con­vocatoria, la gente siente el apoyo social.

“Desde enero de este año, las protestas han ido aumentando. Desde la mar­cha contra la injusticia en Caacupé y la reacción frente a los chats de Lalo Gomes. También la marcha del 8M tuvo éxito en cuando a concurrencia”, recordó el politólogo.

Todas estas manifestacio­nes marcan un momento en la oposición que está bus­cando la manera de reagru­parse y reunificarse. “La oposición es consciente de que la unidad debe ser cons­truida en términos de pro­grama común y un sistema de selección de candidatos”, mencionó Caballero.

“Los liberales marcharon separados y entiendo que es por el problema interno que tienen”. Enrique Riera, ministro del Interior.

“La oposición debe someter a un laboratorio todo esto que sucedió no solo para sacar conclusiones electorales, sino para emitir un mensaje a la ciudadanía”. Alberto Peralta, periodista

La Cámara de Senadores presentará una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en contra de los tres camaristas que levantaron la orden de captura del abogado de una estación de servicios, Walter Acosta, quien había abofeteado a la funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Una vez aprobada la propuesta presentada por la senadora Lilian Samaniego, este pedido se derivó a la asesoría jurídica de la Cámara Alta para que inicie los trámites. Los tres magistrados de la Cámara de Apelación de Alto Paraná que serán denunciados son: Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, quienes dispusieron la revocación de la medida judicial.

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El hecho en cuestión ocurrió la semana pasada en el distrito de Tavapy, departamento de Alto Paraná, y la víctima es Lourdes Sosa Cuevas, cuando llegó hasta la estación de servicios a cumplir un procedimiento de control rutinario.

“Es inamisible e inaceptable lo que hicieron estos miembros de la Cámara de Apelación de Ciudad del Este, Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, que han revocado la orden de detención preventiva contra el agresor Walter Acosta. Por ello, solicito al plenario, que nos convirtamos en denunciantes, contra estos tres jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en base al artículo 18, que da la potestad a la Cámara de Senadores”, expresó la senadora.

Agregó que este hecho no puede quedar como una indignación más solamente. “Tenemos que accionar, no esperemos que haya más muertes o víctimas de violencia contra las mujeres, y que no pase nada. Tiene que haber una sanción en la instancia del JEM”, acotó.

Finalmente, luego de que se puso a consideración del pleno, terminó acompañando la propuesta por unanimidad de los presentes.

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